La situación jurídica de Kenia Inés Hernández Montalván, defensora indígena amuzga y afromexicana privada de la libertad desde octubre de 2020, volvió a generar preocupación internacional luego de que Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, revelara que recibió información actualizada sobre la reapertura de una causa federal que previamente había sido cerrada a favor de la activista.
El pronunciamiento realizado este jueves adquiere particular relevancia porque ocurre después de meses en los que distintos procedimientos federales contra Hernández habían comenzado a cerrarse, reduciendo considerablemente el número de procesos que todavía enfrentaba.
La relatora explicó que, después de que cuatro mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU enviaran una comunicación al Estado mexicano en julio, recibió nuevos datos que mantienen su preocupación por el caso: una de las causas federales fue reactivada pese a que previamente un juez había determinado que procesarla en ese expediente podría implicar criminalizar su activismo.
La situación vuelve a colocar bajo observación internacional un expediente que organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos han señalado durante años como un ejemplo de criminalización de personas defensoras mediante el sistema penal.
🇲🇽#Mexico
Junto con otros tres mandatos de @un_sp_experts, hemos dirigido una comunicación al Estado Mexicano en seguimiento al caso de Kenia Hernández, defensora amuzga privada de la libertad desde octubre del 2020.Luego de emitir esta comunicación, recibí información… pic.twitter.com/qMuO6CGZiI
— Andrea Bolaños Vargas (@AndreaBV_SR_HRD) October 1, 2026
La comunicación de la ONU fue enviada desde julio
El pronunciamiento difundido ahora tiene como antecedente directo la comunicación AL MEX 11/2026, enviada al Gobierno de México el pasado 20 de julio por cuatro mecanismos especializados de Naciones Unidas.
El documento fue firmado por Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Ganna Yudkivska, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Albert K. Barume, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los expertos dijeron haber recibido información relacionada con el posible uso indebido del derecho penal, la presunta detención arbitraria y las condiciones de privación de libertad de Kenia Hernández.
La carta puede consultarse íntegramente aquí:
Comunicación AL MEX 11/2026 de Naciones Unidas
La ONU destacó que Hernández es una defensora indígena amuzga, de ascendencia afromexicana, abogada y excoordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive. También recordó que había sido beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2019.
Ocho de diez causas habían quedado cerradas
Uno de los elementos centrales de aquella comunicación era precisamente el avance que se había registrado en la situación jurídica de Hernández.
Cuando la carta fue elaborada, Naciones Unidas señaló que ocho de las diez causas que había enfrentado ya estaban cerradas, mientras permanecían vigentes dos sentencias locales en el Estado de México, actualmente combatidas mediante juicios de amparo.
Entre los expedientes que parecían haber quedado atrás se encontraban tres causas originadas en Guanajuato —1144/2020, 1145/2020 y 1146/2020— que fueron acumuladas en el expediente 203/2024.
En junio de 2025 se había determinado la no vinculación a proceso.
De acuerdo con la información consignada por los relatores de Naciones Unidas, el juez consideró que la fiscalía no había logrado demostrar la comisión de un delito y que lo acreditado era que Kenia Hernández era dirigente social. El propio juzgador habría advertido además que vincularla a proceso supondría criminalizar su actividad como defensora.
Ese antecedente es particularmente importante para entender la preocupación expresada ahora por la relatora.
El expediente federal volvió a abrirse
La aparente estabilidad jurídica de ese proceso cambió durante el verano.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos —IM-Defensoras— informó en julio que un recurso promovido por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, dejó sin efectos la resolución favorable dentro de la causa 203/2024 y ordenó reanudar el procedimiento.
La organización explicó que esto obligaría nuevamente a Hernández a enfrentar una audiencia inicial y abriría la posibilidad de una nueva vinculación a proceso por delitos federales.
Para las organizaciones que acompañan el caso, la determinación representa un retroceso importante porque, durante los primeros meses de este año, Hernández había conseguido cerrar prácticamente todos sus procedimientos federales.
IM-Defensoras sostiene que en abril habían quedado resueltas las ocho causas federales que enfrentaba: cinco mediante acuerdos reparatorios con CAPUFE y las tres correspondientes a Guanajuato después de que el juzgador determinara insuficiencia de elementos para continuar el proceso. Con ello permanecían únicamente las dos causas del fuero común en el Estado de México.
Es justamente uno de esos avances el que ahora se encuentra nuevamente en disputa.
La relatora dice que la nueva información mantiene su preocupación
En su mensaje difundido este jueves, Andrea Bolaños Vargas señaló que la comunicación de Naciones Unidas fue enviada antes de conocer esta evolución procesal.
Posteriormente, indicó, recibió información acerca de la reapertura de una de las causas federales.
El señalamiento es significativo porque la propia comunicación de julio había presentado el cierre de las causas federales como parte del panorama procesal de la defensora.
La preocupación de Naciones Unidas, además, no se limita a un expediente aislado.
Los cuatro mandatos internacionales advirtieron en su comunicación que la información disponible sugería una posible tendencia de criminalización de la defensa de derechos humanos, en la que el sistema penal podría estar siendo utilizado como represalia contra el ejercicio de la protesta y la defensa comunitaria.
También consideraron que mantener durante más de cinco años la privación de la libertad, junto con sentencias de larga duración y acuerdos reparatorios económicamente gravosos, podía producir un efecto inhibidor sobre otras personas defensoras, particularmente integrantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Kenia Hernández permanece presa por dos sentencias del Estado de México
La reapertura de la causa federal no significa que Hernández hubiera estado a punto de abandonar automáticamente prisión.
Actualmente permanecen vigentes dos sentencias relacionadas con causas locales del Estado de México, identificadas como 617/2020 y 149/2021, por el delito de robo con violencia.
En conjunto representan penas por 21 años y nueve meses de prisión, aunque ambas resoluciones se encuentran impugnadas mediante amparos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este año la posibilidad de atraer dichos asuntos, pero la propuesta no alcanzó la mayoría necesaria: cuatro ministros votaron a favor y cinco en contra. Los expedientes continuaron entonces ante los tribunales colegiados correspondientes.
El debate central para las organizaciones que respaldan a Hernández no gira únicamente alrededor de sus condiciones carcelarias, sino de la legitimidad y proporcionalidad de los procesos que la mantienen privada de su libertad.
Naciones Unidas cuestiona años de procesos e irregularidades
La comunicación internacional también recoge denuncias sobre presuntas irregularidades en los procedimientos judiciales.
Entre ellas menciona la falta de interpretación adecuada en lengua amuzga, limitaciones para comparecer personalmente en algunas diligencias y restricciones en las visitas familiares.
Los relatores señalaron además denuncias de discriminación derivada de su pertenencia indígena, aislamiento, dificultades de acceso a servicios médicos y agua potable, control de correspondencia, restricciones de contacto con su defensa y familiares, así como alegaciones sobre agresiones físicas y amenazas.
Naciones Unidas aclaró que su comunicación no prejuzga definitivamente sobre la veracidad de todas las denuncias, pero consideró suficientemente relevantes los señalamientos como para solicitar explicaciones al Estado mexicano y advertir sobre una posible detención arbitraria y persecución judicial.
México respondió en septiembre
El Gobierno mexicano sí contestó formalmente a la ONU.
La Misión Permanente de México ante Naciones Unidas en Ginebra remitió el pasado 18 de septiembre un informe en respuesta a la comunicación AL MEX 11/2026.
La respuesta completa puede consultarse aquí:
Respuesta del Estado mexicano a la comunicación AL MEX 11/2026
Buena parte del documento se concentra en las actuales condiciones penitenciarias de Hernández.
El Estado sostiene que recibe servicios médicos, educativos, laborales y de trabajo social, que cuenta con asesoría jurídica, participa en actividades dentro del penal y que actualmente no ha sido objeto de actos discriminatorios por su condición indígena. También señala que tiene acceso a visitas familiares y diversas actividades de reinserción.
Respecto de los asuntos que jurídicamente podrían modificar su permanencia en prisión, el Gobierno confirmó que los dos juicios de amparo continuaban pendientes de resolución al momento de elaborar su respuesta.
Las condiciones en prisión no resuelven el cuestionamiento de fondo
La respuesta gubernamental permite conocer la posición oficial respecto del trato que Hernández recibe actualmente dentro del centro penitenciario, pero no elimina el cuestionamiento central planteado por los expertos de Naciones Unidas: si la utilización acumulada del sistema penal contra una defensora de derechos humanos ha sido legítima, proporcional y respetuosa del debido proceso.
Que una persona privada de la libertad reciba atención médica, visitas familiares o un trato digno constituye una obligación básica del Estado mexicano, no una respuesta por sí misma a las dudas planteadas sobre las razones y procedimientos que sostienen su encarcelamiento.
Precisamente por eso los relatores solicitaron a México información sobre la base jurídica y factual de las condenas, las pruebas utilizadas contra Hernández y las razones para mantener su privación de libertad mientras sus dos procesos restantes están sujetos a revisión constitucional.
La diferencia entre ambos planteamientos resulta sustancial: una cuestión es si sus derechos son respetados dentro del penal y otra, jurídicamente distinta, es si su privación de la libertad y la multiplicación de procedimientos penales han respetado sus derechos fundamentales desde el origen.
Organizaciones consideran que la reapertura prolonga una injusticia
Para IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, el proceso debe analizarse como parte de un patrón de criminalización.
Ambas organizaciones consideran especialmente grave que se reactive precisamente un expediente en el cual ya existía una resolución que rechazaba procesarla y donde el juez había señalado el riesgo de convertir su labor de activismo en materia penal.
Su evaluación es que la reapertura prolonga la incertidumbre para Hernández y su familia y aleja nuevamente la posibilidad de resolver definitivamente las causas que la mantienen encarcelada.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero retomó este jueves el pronunciamiento internacional y pidió a las autoridades mexicanas acelerar las actuaciones necesarias para lograr la libertad de la defensora.
Un caso que vuelve al punto de partida
La novedad de este jueves, por tanto, no consiste en una nueva comunicación enviada por la ONU.
La carta internacional tiene fecha del 20 de julio y el Estado mexicano respondió formalmente en septiembre. Lo relevante ahora es que la propia Relatora Especial sobre personas defensoras hizo pública su preocupación y añadió un elemento posterior al documento original: la reapertura de una causa federal que Naciones Unidas consideraba cerrada cuando elaboró su comunicación.
Esto resulta especialmente significativo porque durante los últimos meses el caso había avanzado hacia una reducción considerable del número de procesos contra Hernández.
De diez causas originalmente documentadas, ocho habían quedado cerradas y únicamente permanecían dos sentencias locales sometidas a revisión mediante amparo.
La reactivación del expediente federal modifica nuevamente ese escenario y obliga a Hernández a enfrentar otro procedimiento que previamente había sido resuelto a su favor.
Después de casi seis años privada de la libertad, el cuestionamiento planteado por las organizaciones y ahora reiterado desde un mandato de Naciones Unidas vuelve así al centro del caso: hasta qué punto el aparato penal mexicano ha servido para perseguir delitos debidamente acreditados y hasta qué punto su utilización reiterada contra una defensora indígena ha terminado convirtiéndose en una forma de criminalización de la protesta y de la defensa de derechos humanos.
La reapertura del procedimiento federal no responde por sí misma esa pregunta. Pero sí deshace uno de los avances jurídicos más importantes que había conseguido la defensa de Kenia Hernández y prolonga un expediente que, lejos de aproximarse a una conclusión definitiva, vuelve a quedar bajo escrutinio nacional e internacional.
