La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e IM-Defensoras pusieron en marcha una nueva campaña para mantener bajo atención pública el caso de Kenia Hernández, defensora indígena amuzga y afrodescendiente que permanece privada de la libertad desde 2020 y cuya situación ha generado preocupación entre distintos mecanismos especializados de Naciones Unidas.
A través de una serie de materiales informativos difundidos en redes sociales, ambas organizaciones exponen los principales elementos de su situación jurídica, las causas penales que ha enfrentado, las denuncias sobre violaciones a sus derechos durante el encarcelamiento y las observaciones que este año fueron planteadas al Estado mexicano desde la ONU.
La campaña aparece además en un momento en que el caso volvió a cobrar relevancia internacional, después de que Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, señalara que información posterior a una comunicación enviada a México mantiene su preocupación, particularmente por la reapertura de una causa federal que previamente había sido resuelta a favor de Hernández.
Cuatro mecanismos de la ONU expresaron preocupación
La campaña retoma la comunicación MEX 11/2026, enviada en julio al Estado mexicano por cuatro mandatos de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas: la Relatoría sobre personas defensoras de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatoría sobre libertad de reunión pacífica y asociación, y la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En ese documento, los expertos expresaron preocupación por señalamientos relacionados con una posible detención arbitraria, criminalización y persecución judicial contra Hernández.
También solicitaron información sobre las bases de las condenas dictadas en su contra, su permanencia en prisión, las agresiones denunciadas durante el encarcelamiento y las medidas implementadas para proteger sus derechos.
La comunicación completa puede consultarse aquí:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=31122
Los mecanismos internacionales también advirtieron que la criminalización de personas defensoras puede tener efectos que trascienden el caso individual, al generar un efecto inhibidor sobre otras personas dedicadas a la defensa de derechos humanos, particularmente integrantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Diez causas penales y una reapertura federal
Uno de los puntos centrales de la campaña es la cantidad de procesos que Kenia Hernández ha enfrentado desde su detención.
Las organizaciones contabilizan diez causas penales: ocho federales y dos correspondientes al Estado de México.
De las ocho causas federales, siete permanecen cerradas. Una más fue reabierta después de que quedara sin efectos una resolución de no vinculación a proceso, por lo que el procedimiento deberá reponerse.
Ese cambio fue mencionado expresamente por Andrea Bolaños Vargas, quien explicó que después de emitirse la comunicación de Naciones Unidas recibió información actualizada que mantiene su preocupación por el caso.
La relatora señaló que la causa fue reabierta pese a que anteriormente un juez había considerado que procesar a Hernández dentro de ese expediente podía representar una forma de criminalización de su activismo.
La decisión significó un retroceso respecto del escenario que había conseguido su defensa, después de que durante este año se lograra el cierre de las causas federales que originalmente enfrentaba.
Dos sentencias del Estado de México siguen impugnadas
Los otros dos procedimientos corresponden al Estado de México y derivaron en sentencias que, sumadas, representan 21 años y nueve meses de prisión.
Ambas resoluciones permanecen impugnadas mediante amparos.
Con la reapertura del expediente federal, las organizaciones contabilizan actualmente tres procesos que continúan abiertos o jurídicamente en disputa.
Para quienes acompañan su defensa, la acumulación de procedimientos constituye uno de los principales elementos para sostener que el caso debe analizarse desde la perspectiva de la criminalización de la protesta y de la defensa de derechos humanos.
Campaña recupera denuncias sobre su estancia en prisión
Los materiales difundidos también reúnen distintas denuncias formuladas durante los casi seis años que Hernández lleva privada de la libertad.
Entre los señalamientos se encuentran presuntos actos de discriminación por su pertenencia al pueblo amuzgo, aislamiento respecto de otras internas, restricciones para recibir consultas médicas, dificultades de acceso al agua potable, control de correspondencia y obstáculos para mantener contacto con su defensa o recibir visitas familiares.
También han sido denunciadas agresiones físicas y amenazas.
Estas acusaciones forman parte de la información presentada ante Naciones Unidas y corresponden a señalamientos realizados por organizaciones defensoras y personas que acompañan el caso.
El Estado mexicano respondió en septiembre a la comunicación internacional y sostuvo, entre otros puntos, que actualmente Hernández recibe servicios médicos, jurídicos, educativos y familiares dentro del centro penitenciario y que sus derechos son respetados durante la reclusión.
Sin embargo, el cuestionamiento planteado por los mecanismos de Naciones Unidas y por las organizaciones que acompañan a Hernández va más allá de las condiciones dentro del penal e incluye también la legalidad, proporcionalidad y acumulación de los procesos judiciales que han prolongado su encarcelamiento desde 2020.
Organizaciones buscan mantener el caso bajo atención pública
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e IM-Defensoras utilizan ahora esta campaña para explicar el expediente de manera accesible y ampliar la difusión de la comunicación internacional.
Ambas organizaciones sostienen que Hernández ha sido criminalizada por su trabajo como defensora de derechos humanos y mantienen la exigencia de su libertad.
La campaña se presenta en una etapa particularmente relevante del proceso: cuando parecía haberse reducido de manera considerable el número de causas pendientes, una de las causas federales volvió a activarse, situación que ahora también ha sido señalada públicamente por una relatora de Naciones Unidas.
El caso vuelve así al centro del escrutinio nacional e internacional. Mientras los amparos relacionados con las sentencias del Estado de México continúan pendientes y el procedimiento federal reabierto deberá seguir su curso, las organizaciones defensoras buscan impedir que la situación de Kenia Hernández salga de la agenda pública después de casi seis años de privación de la libertad.
