Organizaciones internacionales de derechos humanos exigen al Poder Judicial mexicano resolver los amparos pendientes que podrían liberar a la activista amuzga privada de libertad desde 2020.

Una mujer indígena lleva más de cinco años en prisión preventiva y cumpliendo sentencia. Enfrenta 21 años de cárcel. En ese tiempo, no ha podido abrazar a sus hijos más de una vez cada dos o tres meses. Este es el caso de Kenia Inés Hernández Montalván, defensora de derechos humanos de origen amuzgo, cuya situación ha generado un llamado urgente de seis organizaciones internacionales al sistema judicial mexicano.

¿Quién es Kenia Hernández?

Kenia Hernández es una activista y líder social originaria de una comunidad indígena amuzga que, antes de ser detenida en octubre de 2020, dedicó su labor a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, la tierra y el territorio en el estado de Guerrero. Formó parte del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, acompañando a comunidades y personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Desde su encarcelamiento, sin embargo, no ha dejado de organizarse. Hace apenas tres meses impulsó dentro del penal la cooperativa «Tejedoras de Libertad», integrada por decenas de internas que elaboran bordados y textiles basados en saberes ancestrales, con el objetivo de generar ingresos, fortalecer la salud mental colectiva y mantener el vínculo con sus familias.

El peso legal: 10 causas, dos activas, 21 años en juego

A lo largo de más de una década, Kenia Hernández ha enfrentado 10 procesos de criminalización iniciados desde 2010. De esos, ocho —todos de carácter federal— han sido cerrados. Las dos causas restantes corresponden al fuero local del Estado de México y son las que sustentan la condena actual de 21 años de prisión.

Su equipo de defensa presentó juicios de amparo contra ambas sentencias, los cuales se encuentran actualmente en trámite ante los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito en materia penal. La resolución de estos recursos representa, según las organizaciones firmantes, una oportunidad concreta para hacer justicia.

Irregularidades documentadas: del idioma a las visitas

El caso ha estado marcado por una serie de irregularidades procesales que diversas instancias han documentado y denunciado. Entre las más señaladas destacan la negación de su participación presencial en audiencias, la falta de interpretación en lengua amuzga y la restricción reiterada de visitas familiares, del equipo jurídico y de organizaciones de apoyo.

Estas situaciones han sido señaladas por la Relatora Especial de la ONU sobre personas defensoras, el Relator sobre Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, todos los cuales han expresado preocupación formal por las condenas emitidas en su contra.

Traslados, represalias y resistencia en prisión

En 2024, Hernández fue trasladada de un penal de máxima seguridad a un centro de reclusión local en el Estado de México, donde se detectaron prácticas ilegales por parte del personal. Si bien ese cambio permitió algunas mejoras internas, también generó represalias y nuevas agresiones que derivaron en un segundo traslado, esta vez al penal de Tepozanes, en Nezahualcóyotl Sur.

Allí, en lugar de rendirse, Kenia organizó a otras mujeres privadas de libertad. A tres meses de su llegada, la cooperativa Tejedoras de Libertad ya contaba con el reconocimiento institucional del centro, que asignó un espacio específico para sus actividades por su aporte a la convivencia y a la reinserción social.

La voz de las organizaciones internacionales

Ayer 13 de mayo de 2026, seis organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo la resolución de los amparos y la aplicación de estándares internacionales en el caso. Las firmantes son ACAT Francia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

En su comunicado, hacen tres llamados concretos: que el Poder Judicial resuelva los amparos con base en estándares internacionales; que las autoridades del Estado de México reconozcan formalmente a Hernández como defensora indígena; y que se garantice un entorno libre de agresiones para quienes ejercen la defensa de derechos humanos en México.

Un caso que va más allá de una persona

Las organizaciones describen el caso como emblemático dentro de un patrón documentado de criminalización de líderes indígenas en México, que incluye detención arbitraria, prisión preventiva prolongada y sentencias desproporcionadas, patrón que también ha sido reconocido por instancias de Naciones Unidas.

Los efectos de más de 2,000 días de encarcelamiento, advierten, no recaen únicamente sobre Kenia Hernández: afectan a sus hijos, a su familia, a su comunidad y a los movimientos sociales de los que forma parte. El cierre de las causas federales abre una ventana que, según las firmantes, el Poder Judicial no debería dejar pasar.