Alberto Patishtán Gómez, profesor tzotzil y activista indígena chiapaneco que permaneció 13 años en prisión por delitos que siempre negó haber cometido, falleció hoy en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) informaron sobre su fallecimiento y expresaron sus condolencias a familiares y miembros de su comunidad.
De maestro rural a referente de la defensa indígena
Patishtán nació el 19 de abril de 1971 en El Bosque, Chiapas, y pertenecía al pueblo tzotzil. Proveniente de una familia de escasos recursos, trabajó desde niño en el campo y posteriormente se formó como maestro bilingüe de educación primaria.
También perteneció a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigió albergues escolares en Huitiupán y cursó estudios de Ciencias Sociales en la Universidad Valle del Grijalva.
En su comunidad participó en la organización de habitantes para gestionar viviendas, servicios básicos y el reconocimiento oficial de poblados. Asimismo, mantuvo diferencias públicas con el entonces gobierno municipal de El Bosque, al que señalaba por presuntos actos de corrupción.
La emboscada que cambió su vida
El 12 de junio de 2000, un grupo armado emboscó una patrulla en el paraje Las Lagunas de Las Limas, sobre la carretera entre Simojovel y El Bosque. En el ataque murieron siete policías: seis estatales y uno municipal.
Siete días después, Patishtán fue detenido en El Bosque por cuatro hombres vestidos de civil. De acuerdo con la documentación posterior de su caso, los agentes no se identificaron ni le mostraron una orden de aprehensión.
Fue acusado de homicidio calificado, lesiones, robo, daños y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Permaneció aproximadamente un mes bajo arraigo y, durante las primeras etapas del procedimiento, no contó con un intérprete de tzotzil, mientras que organismos defensores de derechos humanos cuestionaron la calidad de su defensa de oficio.
Condenado a 60 años de prisión
El 18 de marzo de 2002, un juez federal condenó a Patishtán a 60 años de cárcel.
Durante el juicio, su defensa presentó testimonios según los cuales el profesor se encontraba en una reunión de padres de familia en Huitiupán el día de la emboscada. El mismo juzgador absolvió a otro de los acusados al advertir contradicciones en las declaraciones de los sobrevivientes.
Durante más de una década, distintos recursos jurídicos, apelaciones, amparos e intentos de reconocimiento de inocencia no lograron revertir la sentencia. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer su caso.
Desde prisión organizó a otros internos indígenas
Patishtán estuvo recluido inicialmente en Cerro Hueco y posteriormente en El Amate. Durante su estancia en prisión alfabetizó a otros internos indígenas y participó en acciones para denunciar abusos, tortura, corrupción y malas condiciones penitenciarias.
También impulsó el colectivo La Voz del Amate y participó en huelgas de hambre.
Su estado de salud se deterioró durante el encarcelamiento. Un tumor cerebral, cuyo diagnóstico inicial fue incorrecto, afectó su visión y obligó a que recibiera atención médica especializada a partir de 2012.
Peña Nieto lo indultó tras 13 años encarcelado
El 31 de octubre de 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le concedió un indulto, después de que entrara en vigor una reforma al Código Penal Federal que permitió aplicar esta figura ante indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de una persona sentenciada.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, explicó que se habían identificado violaciones a sus derechos, particularmente relacionadas con el debido proceso. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también recibió favorablemente su liberación.
Patishtán abandonó la prisión después de permanecer encarcelado durante más de 13 años.
México reconoció irregularidades en el caso
El caso llegó también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2010 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, años después, las partes alcanzaron un acuerdo de solución amistosa.
El Estado mexicano reconoció los hechos relacionados con su detención y las irregularidades procesales y se establecieron medidas que incluyeron atención médica, la reactivación de su plaza laboral y un acto de reconocimiento de responsabilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó declarando el cumplimiento total del acuerdo.
Patishtán mantuvo la defensa de los presos indígenas
Tras recuperar su libertad, Alberto Patishtán continuó denunciando las condiciones que enfrentaban personas indígenas encarceladas y las dificultades de este sector de la población para acceder a una defensa adecuada y a procedimientos judiciales en igualdad de condiciones.
Su historia se convirtió en uno de los casos emblemáticos utilizados por organizaciones de derechos humanos para exhibir fallas en el acceso a la justicia de personas indígenas en México.
Las denuncias por criminalización indígena siguen vigentes
La muerte de Patishtán ocurre mientras las denuncias relacionadas con indígenas y defensores de derechos humanos sometidos a procesos penales cuestionados continúan abiertas en México.
Como se dio a conocer ayer, procedimientos especiales de Naciones Unidas, entre ellos la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, han expresado preocupación por casos en los que se denuncia uso indebido del derecho penal, detenciones presuntamente arbitrarias, irregularidades en el debido proceso y criminalización de la actividad de defensores indígenas.
Uno de los casos señalados recientemente es el de Kenia Inés Hernández Montalván, defensora indígena amuzga que permanece privada de la libertad y cuyos procesos han motivado comunicaciones de expertos de la ONU.
Así, aunque han transcurrido más de dos décadas desde la detención de Alberto Patishtán, el problema denunciado en torno a indígenas encarcelados y a la utilización del sistema penal contra defensores de sus comunidades continúa presente en la agenda de derechos humanos en México.
