Después de que el pasado 15 de febrero del 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informara de la detención de 4 policías municipales de Amanalco, al menos uno de ellos por presuntos vínculos con la Familia Michoacana, no han vuelto a informar más sobre el tema, a pesar de los múltiples rumores e incógnitas que prevalecen sobre el caso.
Aunque se esperaba que en días posteriores se confirmara la vinculación a proceso de los detenidos, la fiscalía no ha informado aún sobre el estado jurídico de los servidores públicos capturados. Si fueron vinculados a proceso, o liberados, es aún una incógnita de la que no se ha informado públicamente.
El caso llama aún más la atención, pues el Secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, el pasado lunes, informó en conferencia de prensa, que había sido detenido el Director de Seguridad Pública de Amanalco, lo cual también estaba en los primeros reportes policiales no públicos que se emitieron aquel 14 de febrero, no obstante que esto no había sido informado ni reconocido públicamente por la fiscalía.
Cabe señalar también que el registro del detenido, a quien se acusaba del cargo más grave, Luis Antonio «N», estaba manipulado, y después desapareció súbitamente, del Sistema Nacional de Detenciones de la SSPC, al que este autor tuvo acceso.
A este sujeto, según el comunicado oficial de la fiscalía, se le acusaba de haber cometido el secuestro de un civil, a quien presuntamente se llevó a bordo de su patrulla, para posteriormente entregarlo a una célula de la «Familia Michoacana».
En su registro del Sistema Nacional de Detenciones, al que tuvimos acceso después de que fuentes de Amanalco nos confirmaran el nombre del detenido, verificamos que hasta el 20 de febrero pasado, su registro lo marcaba como «en traslado».
Cabe señalar que en su registro, había varias inconsistencias, pues por algún motivo le borraron el lugar de la detención, la agrupación que efectuó la captura, y el lugar donde estaba detenido; únicamente se mantenía la fecha y hora de captura, y que se trataba de un sujeto «DEL SEXO MASCULINO, DE TEZ MORENO, CABELLO CORTO TIPO MILITAR, FRENTE AMPLIA, CEJAS SEMIPOBLADAS, OJOS CHICOS, NARIZ ANCHA, LABIOS MEDIANOS, COMPLEXION GRANDE, QUIEN VISTE PLAYERA TIPO POLO DE COLOR BLANCO CON MANGAS CORTAS EN COLOR AZUL, PANTALON AZUL TIPO CARGO Y BOTAS NEGRAS «, y que se encontraba «en traslado».
Resulta también inusual que en el caso de los 4 policías presuntamente detenidos, la fiscalía no publicó su fotografía en sus canales oficiales en redes sociales, y solo a través de un boletín vía correo, se divulgó una imagen bastante borrosa y poco nítida de los detenidos.
En días pasados, hubo varias versiones extraoficiales, acerca de la presunta intervención de altos funcionarios, tratando de mediar en este caso, que revelaba un posible vínculo grave de autoridades con grupos del crimen organizado.
Si este fue el motivo por el cual el caso terminó siendo abandonado y los detenidos liberados, o si se ha decidido mantener toda la información reservada sobre este caso, es algo que la fiscalía aún no confirma oficialmente.
La alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien es conocida principalmente por haber traicionado a los ciudadanos que votaron por ella, al cambiarse de partido de forma inmediata después de ganar la elección, también se reporta en calidad de «ausente».
Su administración también ha estado marcada por el impune asesinato del síndico, Miguel Lara, quien era el primer opositor de la alcaldesa, y quien pertenecía al partido Movimiento Ciudadano, el mismo con el que ganó la elección municipal María Elena Martínez, para posteriormente cambiarse de bando.
Esta ausencia de la presidenta llama la atención, pues desde el operativo, no se ha presentado a laborar al palacio municipal, y tampoco ha emitido mensaje al respecto sobre los graves hechos registrados bajo su administración, para dar su versión o explicaciones de lo sucedido.
Pareciera que hay autoridades, que pretenden que este caso quede en el olvido, borrando todo rastro de lo que sucedido, y sin decir una palabra ni explicación a la opinión pública; no obstante que podría representar también un grave precedente de impunidad e intervencionismo en las autoridades judiciales.
