La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó su Cuarto Informe de Gestión correspondiente al periodo abril 2025 – marzo 2026, bajo la titularidad de José Luis Cervantes Martínez. El documento da cuenta de una serie de operativos de gran escala, datos sobre incidencia delictiva y el estado que guardan las investigaciones por desaparición en la entidad más poblada del país.

Sobreprecios de hasta 144% y una regidora detenida: la Operación «Liberación»

Uno de los capítulos más llamativos del informe es el relativo a la extorsión vinculada al acaparamiento de productos básicos y materiales de construcción. El 21 de julio de 2025, la FGJEM coordinó un operativo simultáneo en 14 municipios de las zonas Sur y Norte del estado —entre ellos Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tenancingo y Malinalco— con la participación de la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Las investigaciones previas habían documentado que un grupo criminal con origen en Michoacán controlaba el comercio en esas regiones, imponiendo sobreprecios que alcanzaban hasta 144% en productos como alambrón, clavo y bloque de concreto, respecto a los precios de referencia en Toluca. El sobreprecio en el millar de block, por ejemplo, era de 122% en Valle de Bravo y de 100% en Ixtapan de la Sal.

Entre los detenidos figuró la entonces Tercer Regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, identificada como parte del entramado. También fueron arrestados el líder de un «sindicato» que controlaba la distribución de materiales de construcción en Valle de Bravo y el líder de una red de madererías. En total se aseguraron 63 establecimientos comerciales, incluyendo minas, distribuidoras, ferreterías, criaderos de animales y negocios de transporte. Los productos perecederos y semovientes asegurados fueron posteriormente entregados a la población, en un acto calificado por la institución como inédito.

«Call centers» de extorsión con 77 extranjeros detenidos: Operación «Desconexión»

Entre febrero y marzo de 2026, la FGJEM ejecutó la Operación «Desconexión» en 14 municipios del Valle de México y zona Oriente. El objetivo: desarticular estructuras dedicadas a la extorsión telefónica y los préstamos «gota a gota». Las investigaciones identificaron que el 62% de las extorsiones denunciadas desde julio de 2025 ocurrieron de forma indirecta, es decir, por medios digitales o telefónicos.

Los operativos resultaron en la inspección de 86 cateos, el aseguramiento de 192 inmuebles —entre ellos 67 «call centers», 5 «centrales de préstamo», 14 puntos de venta de estupefacientes y 106 «giros negros»— y la detención de 102 personas, de las cuales 77 eran extranjeras: colombianos, venezolanos, cubanos y mexicanos. Cincuenta de los detenidos fueron vinculados a proceso con prisión preventiva. El material decomisado incluyó más de 3 mil tarjetas SIM, 2 mil 844 equipos de cómputo y manuales con guiones para intimidar a las víctimas.

Denuncias de extorsión caen 48%, pero el 96.7% de los casos no se denuncian

El informe reporta que las denuncias por extorsión disminuyeron 48% respecto al periodo anterior: de 3 mil 351 casos a mil 729. Fueron detenidas 509 personas en flagrancia y 341 en cumplimiento de orden de aprehensión; 467 obtuvieron sentencias de condena, 243 de ellas de alta penalidad. El Estado de México ocupa el octavo lugar nacional en comisión de este delito, con una tasa de 9.70 ilícitos por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, el informe advierte que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 96.7% de los casos de extorsión no son denunciados, lo que pone en perspectiva las cifras registradas.

Despojo: una adulta mayor que mató invasores y 1,015 inmuebles restituidos

El capítulo sobre despojo inicia con un hecho que se volvió detonante de política institucional: en abril de 2025, una adulta mayor privó de la vida a supuestos invasores de un inmueble familiar como último recurso para recuperar su propiedad. Este caso llevó a la FGJEM a crear la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad.

Desde entonces, la Operación «Restitución» operó en 69 municipios. Se iniciaron 5 mil 597 expedientes de investigación, se aseguraron mil 761 inmuebles y se lograron restituir mil 015 a sus legítimos propietarios. Entre los detenidos —428 en total— destacan 39 identificados como objetivos prioritarios vinculados a organizaciones con fachada de «sindicatos» como «USON», «AMOS» y «Los 300». La acción penal también alcanzó a notarios públicos y funcionarios municipales de las áreas de Catastro, así como servidores del Instituto de la Función Registral. En marzo de 2026, una integrante del «USON» recibió una condena de 40 años de prisión por extorsión e invasión de inmueble.

Agua a precios inflados: una red criminal que controlaba pozos y pipas

La Operación «Caudal» apuntó a la comercialización ilegal de agua potable. Las investigaciones detectaron que en Ecatepec el agua se vendía con un sobrecosto del 59% respecto al precio regulado, mientras que en Cuautitlán era de 41.4%, en Tlalnepantla 32.42% y en Toluca casi 10%. El agua era extraída de pozos clandestinos, distribuida sin proceso de potabilización —lo que implicaba un riesgo sanitario— y comercializada mediante pipas que carecían de permisos.

Las organizaciones involucradas operaban bajo nombres como «USON», «ACME», «Los 300» y «La Chokiza». El 24 de octubre y el 26 de noviembre de 2025 se desplegaron 196 acciones simultáneas en 48 municipios, con el aseguramiento de 150 inmuebles, 307 pipas y la detención de cinco objetivos prioritarios, entre ellos el entonces Sexto Regidor del municipio de Chalco, identificado como líder del «Sindicato 22 de Octubre».

Robo de carga y deshuesaderos: el Estado de México en primer lugar nacional

El informe confirma que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en robo a transporte de carga, aunque señala una tendencia a la baja desde 2020. La Operación «Senda», desplegada del 9 al 12 de diciembre de 2025 en 47 municipios, resultó en la detención de 102 personas, el aseguramiento de 132 inmuebles —incluyendo bodegas, «cachimbas», deshuesaderos y una empresa de monitoreo satelital— y el decomiso de 174 vehículos y más de 61 mil cajas de mercancía.

Un hallazgo relevante: empleados de una empresa de rastreo satelital compartían en tiempo real la ubicación de los camiones con células criminales. También se identificó que algunas trabajadoras sexuales en establecimientos cercanos a carreteras recopilaban información de los choferes para facilitar los robos.

Homicidios a la baja, pero el Estado sigue en el lugar cinco nacional

El informe registra una baja de 36% en homicidios respecto al periodo anterior: de mil 810 investigaciones iniciadas a mil 163. Febrero de 2026 fue el mes con menor número de víctimas, con 73. La entidad lleva 17 meses consecutivos con tendencia a la baja en este delito, aunque continúa en el quinto lugar nacional en comisión del mismo.

El feminicidio también registró una disminución del 31%, al pasar de 68 a 47 casos. Otros delitos con tendencia negativa incluyen robo de vehículo (-51%), robo a casa habitación (-45%), secuestro (-27%) y trata de personas (-18%). En total, los delitos de alto impacto disminuyeron 33% en el periodo.

En cuanto al balance procesal, se aprehendieron 6 mil 724 personas, se obtuvieron 14 mil 934 vinculaciones a proceso y 7 mil 241 sentencias de condena, cifra 5% superior a la del periodo previo.

70 mil reportes de desaparición desde 2005, el 77% localizado

El capítulo de desapariciones aporta uno de los datos más significativos del informe: desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de marzo de 2026, la FGJEM tiene registro de 70 mil 139 reportes de personas desaparecidas. El periodo de mayor registro fue 2019, con 6 mil 862 reportes. Entre 2024 y 2025 se registró el segundo mayor decremento: de 5 mil 988 a 5 mil 285.

Del total histórico, el 77% de las personas han sido localizadas. El 94.2% de quienes fueron encontrados señalaron no haber sido víctimas de algún delito, y el 93% indicó que su ausencia fue voluntaria. Solo el 2.49% del total de reportes corresponden a personas localizadas sin vida y víctimas de algún delito. En el periodo del informe se iniciaron 5 mil 257 reportes de desaparición, de los cuales fueron localizadas 3 mil 747 personas.

El informe también desmiente la creencia de que es necesario esperar 72 horas para denunciar una desaparición, señalando que esta afirmación es incorrecta y que el reporte puede hacerse desde el primer momento en que se desconoce el paradero de una persona.

Corrupción interna: 10 elementos separados de sus cargos y 33 servidores condenados

En enero de 2026, publicaciones en redes sociales exhibieron presuntas conductas delictivas de elementos de la Policía de Investigación de la FGJEM en el Valle de México. La institución abrió 110 investigaciones internas —67 de oficio y 43 por denuncia de víctimas— e identificó a 39 servidores públicos como presuntamente involucrados. Diez fueron separados de sus cargos, incluido un Coordinador Regional, dos Jefes de Grupo y siete Policías de Investigación; otros 40 fueron reubicados.

En el periodo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó 179 expedientes contra 538 servidores públicos —379 de ellos policías municipales y 36 Agentes del Ministerio Público— por delitos como abuso de autoridad, cohecho y robo. Se obtuvieron 33 sentencias de condena contra servidores públicos, con penas de hasta 9 años de prisión.

Además, en el periodo que comprende el informe fueron rotados mil 060 servidores públicos como parte del programa permanente de deconstrucción institucional, y dados de baja 579, de los cuales 23 renunciaron por actos de corrupción.