El Pleno del Senado de la República aprobó durante la madrugada de este viernes una minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de Poder Judicial. La votación registró 87 votos a favor y 40 en contra en lo general, y 86 votos a favor y 40 en contra en lo particular.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados sin cambios sustanciales, fue turnada de inmediato a los 32 congresos estatales para su proceso de ratificación.
En la misma sesión extraordinaria, el Senado también avaló una reforma constitucional que incorpora la injerencia o intervención extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones federales y estatales. Esta modificación obtuvo 85 votos a favor y 42 en contra.
Ajustes a la reforma judicial
Entre los principales cambios aprobados destacan los siguientes:
Elección judicial se aplaza a 2028
La segunda etapa de elección de jueces y magistrados federales y locales, prevista originalmente para 2027, se realizará el primer domingo de junio de 2028.
Creación de una Comisión Coordinadora
Se establece una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres poderes de la Unión. Su función será homologar criterios de selección, evaluación y capacitación de aspirantes, además de contribuir a reducir el número de candidaturas que aparecerán en las boletas.
Reorganización de la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá operar mediante dos secciones, previa aprobación del Pleno, con el objetivo de agilizar la resolución de asuntos.
Cambios para el TEPJF
La reforma permite que los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) participen en la elección de 2028 y compitan por un nuevo periodo de seis años. Este punto fue uno de los más debatidos durante la discusión legislativa.
Otros ajustes operativos
La reforma también contempla:
- Simplificación de boletas y casillas.
- Homologación de reglas entre los ámbitos federal y local.
- Posibilidad de que la elección judicial coincida con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial en 2028.
Nueva causal de nulidad por injerencia extranjera
La segunda reforma aprobada modifica el artículo 41 de la Constitución para establecer que un proceso electoral podrá declararse nulo cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados.
La disposición contempla la participación de individuos, organizaciones, gobiernos u organismos extranjeros que busquen incidir en las preferencias o resultados electorales, siempre que la conducta sea considerada grave, dolosa y determinante.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Ricardo Monreal y respaldada por legisladores del bloque oficialista, quienes la presentaron como una medida para fortalecer la soberanía nacional y la autonomía democrática.
Por su parte, integrantes de la oposición expresaron preocupación por posibles interpretaciones discrecionales de la norma y advirtieron sobre eventuales impactos en la libertad de expresión y la certeza jurídica de los procesos electorales.
Posturas de oficialismo y oposición
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado los ajustes a la reforma judicial y las medidas orientadas a evitar intervenciones externas en los procesos electorales.
Senadores de Morena, PT y PVEM sostuvieron que las modificaciones responden a aspectos operativos detectados tras la primera elección judicial realizada en 2025, así como a desafíos derivados del contexto internacional.
En contraste, legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la rapidez con la que se discutieron las reformas y señalaron posibles riesgos para la independencia judicial y la certeza electoral. En la Cámara de Diputados, la disposición relacionada con los magistrados del TEPJF incluso generó abstenciones dentro de la mayoría legislativa.
Próximo paso: congresos estatales
Las dos reformas constitucionales deberán ser aprobadas por al menos 17 congresos locales para entrar en vigor.
Debido a que Morena y sus aliados cuentan con mayoría en gran parte de las legislaturas estatales, se prevé que el proceso de ratificación avance durante las próximas semanas.
Con estas modificaciones se mantiene el modelo de elección popular del Poder Judicial establecido en 2024, aunque se incorporan ajustes de carácter operativo y una nueva herramienta legal para sancionar posibles intervenciones extranjeras en procesos electorales.
