Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó en un procedimiento de urgencia una reforma constitucional en materia electoral y judicial. El paquete legislativo, impulsado por la mayoría oficialista, fue dictaminado y votado en un periodo extraordinario con el objetivo de realizar ajustes antes de los próximos procesos electorales.
Principales cambios aprobados
La reforma contempla tres ejes centrales relacionados con la elección judicial, las causales de nulidad electoral y la revisión de candidaturas.
Posponen la elección judicial de 2027 a 2028
Uno de los cambios más relevantes es el aplazamiento de la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, tanto federales como locales.
La jornada prevista originalmente para 2027 ahora se realizaría el 4 de junio de 2028, con el argumento de evitar complicaciones logísticas y financieras al coincidir con las elecciones intermedias.
La reforma también incorpora ajustes operativos para el proceso judicial electoral, entre ellos:
- Creación de una Comisión Coordinadora única entre poderes.
- Filtros de evaluación más estrictos, incluyendo exámenes de la Escuela Judicial y requisitos de experiencia profesional.
- Reducción del número de candidaturas.
- Rediseño de los distritos judiciales.
Nueva causal de nulidad por injerencia extranjera
El proyecto modifica el artículo 41 constitucional para incluir como causal de nulidad electoral la “intervención o injerencia extranjera” que influya de manera determinante en las preferencias o resultados de una elección.
La disposición contempla posibles intervenciones de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras. Durante la discusión legislativa se hicieron ajustes a la redacción para intentar precisar su alcance.
Crean comisión para revisar candidaturas
Otro de los puntos aprobados es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE.
El órgano estaría integrado por cinco consejeros y tendría la función de revisar, de manera voluntaria para los partidos políticos, los perfiles de aspirantes con el fin de detectar posibles vínculos con delincuencia organizada.
Para ello, podría coordinarse con autoridades de inteligencia y financieras.
El procedimiento fast track
La discusión legislativa se desarrolló con rapidez. Las iniciativas fueron dictaminadas en comisiones y votadas en lo general y en lo particular durante una sola sesión extendida.
La reforma judicial obtuvo 341 votos a favor y 124 en contra en lo general, mientras que la modificación sobre injerencia extranjera alcanzó entre 307 y 328 votos favorables, según los distintos momentos de la votación.
La velocidad del proceso fue uno de los aspectos más criticados por la oposición.
Las principales polémicas
La aprobación de la reforma generó cuestionamientos tanto de legisladores opositores como de algunos integrantes del oficialismo.
Posible reelección de magistrados del TEPJF
Una de las controversias más señaladas surgió por una reserva presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, la cual permitiría que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan buscar la reelección en 2028.
Los magistrados fueron designados originalmente en 2016 por un periodo de nueve años. De concretarse la reelección, algunos podrían acumular hasta 17 o 18 años en el cargo.
La medida provocó críticas incluso dentro de Morena, al considerarse contradictoria con el principio de renovación impulsado en la reforma judicial de 2024.
Debate sobre la injerencia extranjera
Partidos como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la nueva causal de nulidad podría prestarse a interpretaciones discrecionales por parte del Tribunal Electoral.
Según legisladores opositores, la redacción podría generar riesgos para la libertad de expresión y el debate público, especialmente frente a opiniones o posicionamientos emitidos desde el extranjero.
Críticas por falta de discusión
La oposición también acusó que el procedimiento fast track limitó un análisis profundo de las implicaciones constitucionales de la reforma.
Diversos legisladores calificaron el proceso como un “albazo” y cuestionaron si los cambios realmente atienden problemas estructurales o únicamente buscan resolver complicaciones operativas derivadas de la primera elección judicial.
Dudas sobre la comisión de integridad
Aunque la nueva comisión busca fortalecer los filtros contra posibles vínculos con el crimen organizado, también surgieron cuestionamientos sobre su neutralidad y el riesgo de que pueda convertirse en un mecanismo de control político.
Qué sigue para la reforma
El paquete legislativo fue turnado al Senado de la República.
Para concretar las modificaciones constitucionales será necesaria una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, además de la aprobación de al menos 17 congresos estatales.
La discusión continuará en los próximos días tanto en el Senado como en el ámbito político y jurídico, en medio de un escenario marcado por la polarización y el debate sobre el alcance de la reforma electoral y judicial.
