Dámaso Castro Zaavedra, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, solicitó licencia sin goce de sueldo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara en una acusación formal por presunta colaboración con la facción conocida como “Los Chapitos”.

La acusación fue dada a conocer el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y forma parte de una investigación más amplia que involucra a una decena de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Contra Castro Saavedra se imputan cargos por conspiración para importar narcóticos —incluidos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina—, así como por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseerlos. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas que alcanzarían la cadena perpetua.

Trayectoria del funcionario

Dámaso Castro Zaavedra es abogado con más de 25 años de servicio en la Fiscalía de Sinaloa. Ha ocupado diversos cargos dentro de la institución desde finales de los años noventa.

En octubre de 2021 fue designado vicefiscal general, posición que mantuvo incluso tras los cambios en la titularidad de la fiscalía estatal ocurridos en 2024 y 2025. Su permanencia lo colocó como uno de los funcionarios de mayor rango y continuidad dentro de la dependencia.

Señalamientos específicos

De acuerdo con la acusación estadounidense, Castro Zaavedra es identificado con el alias “Culiacán Regio” en documentos presuntamente relacionados con pagos de una estructura criminal.

Las autoridades señalan que habría recibido aproximadamente 200 mil pesos mensuales entre 2021 y septiembre de 2024 a cambio de brindar protección y filtrar información sensible sobre operativos en curso. Esto, presuntamente, permitió a integrantes del grupo criminal mover o destruir evidencia.

También se le atribuye haber instruido detenciones selectivas contra presuntos rivales del grupo, así como proporcionar alertas sobre acciones coordinadas con autoridades estadounidenses.

Cronología de los hechos recientes

• 29 de abril de 2026: El Departamento de Justicia de EE. UU. hace pública la acusación contra un grupo de funcionarios sinaloenses.
• Inicios de mayo: La Fiscalía General de la República (FGR) informa que revisará la documentación enviada por vía diplomática y solicita información adicional. La Fiscalía de Sinaloa subraya el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
• 4 de mayo: La institución estatal confirma que Castro Zaavedra continuaba en funciones y que atendería cualquier requerimiento legal.
• 5 de mayo: El vicefiscal presenta su solicitud de licencia sin goce de sueldo. Más tarde, la fiscalía estatal confirma su separación temporal, convirtiéndolo en el tercer alto funcionario en tomar esta medida en el contexto de la misma acusación; tras la licencia del gobernador y el alcalde de Culiacán.

Hasta el momento, no se ha reportado una orden de detención en México ni se ha concretado un proceso formal de extradición.

Contexto y situación actual

La acusación forma parte de una investigación más amplia que también menciona a otras figuras políticas y de seguridad en Sinaloa. Entre ellas se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes han negado los señalamientos y, en algunos casos, han optado por licencias temporales.

Castro Zaavedra ha manifestado su disposición a comparecer ante las autoridades para aclarar su situación jurídica. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa indicó que evaluará su separación definitiva del cargo conforme avancen las investigaciones en México y Estados Unidos.

El caso se mantiene en una etapa inicial. Mientras las autoridades mexicanas esperan mayor documentación probatoria por la vía formal, en Estados Unidos la acusación representa el inicio de un proceso penal que podría prolongarse durante meses o incluso años.