El gobierno de México enfrenta uno de los momentos más delicados en su relación bilateral con Estados Unidos tras la desclasificación, el 29 de abril de 2026, de un indictment federal del Distrito Sur de Nueva York que acusa formalmente a diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa de conspirar con la facción de los «Chapitos» del Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina al mercado estadounidense.
La respuesta del gobierno mexicano llegó en dos tiempos: ayer a través de un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y después, este miércoles 30 de abril, con una declaración directa de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.
Los acusados: de la gubernatura al municipio
Entre los diez señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) figuran tres de los cargos políticos más visibles del estado noroccidental: el gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Los otros siete acusados son mandos policiales y ex funcionarios de procuración de justicia y administración estatal, entre ellos ex secretarios, ex jefes de policía y ex comandantes. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla y se enmarca dentro de procesos iniciados desde 2023 contra más de 30 presuntos integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa.
Las imputaciones describen un esquema en el que los funcionarios habrían recibido sobornos y respaldo político del cártel a cambio de proteger sus operaciones, filtrar información sobre operativos y facilitar el trasiego de narcóticos. En el caso del gobernador Rocha Moya, el documento afirma que los «Chapitos» intervinieron en su proceso electoral mediante intimidación y secuestros de rivales políticos. Uno de los acusados, Juan Valenzuela Millán, enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en octubre de 2023. Las penas contempladas van desde mínimos obligatorios de 40 años hasta cadena perpetua.
La primera reacción: la FGR fija el marco legal
Horas antes de que la presidenta hiciera su pronunciamiento público, la FGR emitió un comunicado la noche del martes en el que dejó claras tres posiciones centrales.
La primera: que el proceso seguirá los cauces legales establecidos. La Fiscalía informó haber sido notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, y que su área especializada —la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales— analizará la documentación para determinar si existen elementos probatorios suficientes conforme a la legislación mexicana. En paralelo, la institución anunció el inicio de una investigación propia para allegarse de información que permita evaluar si la acusación estadounidense cuenta con fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión ante un juez mexicano.
La segunda: que las pruebas presentadas por Estados Unidos son insuficientes. El comunicado de la FGR fue explícito al señalar que la solicitud no se acompaña de evidencias contundentes respecto de los hechos narrados, y recordó que el tratado bilateral en materia de extradición establece que solo se concederá si las pruebas son suficientes conforme a las leyes del país requerido, es decir, México.
La tercera: una queja diplomática por la filtración. La FGR señaló que la propia solicitud estadounidense exigía que la información contenida en los documentos de extradición se mantuviera confidencial, y que Estados Unidos violó esa condición al hacer pública la acusación. En consonancia, la SRE anunció un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por la manera en que se divulgó la información, invocando la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.
La Fiscalía también precisó un obstáculo procesal relevante: conforme a la legislación mexicana, los casos del gobernador y del senador requieren la tramitación previa de un juicio de procedencia —conocido popularmente como «desafuero»— para retirarles la inmunidad procesal antes de que puedan ser sujetos a cualquier acción penal.
Sheinbaum desde la mañanera: soberanía como eje
Este miércoles 30 de abril, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció la versión más completa y políticamente cargada de la postura gubernamental. Dirigiéndose directamente «al pueblo de México», Sheinbaum reconstruyó la cronología de los hechos: la SRE recibió los diez documentos de solicitud de detención provisional la noche del lunes 28 de abril; el martes 29 los turnó a la FGR para su evaluación; ese mismo mediodía, el DoJ hizo pública la acusación, lo que generó el extrañamiento del área jurídica de la cancillería por tratarse de procedimientos que los propios tratados establecen como confidenciales.
La mandataria resumió su posición en tres palabras que repitió en dos ocasiones a lo largo de su mensaje: «verdad, justicia y defensa de la soberanía». Bajo ese marco, Sheinbaum planteó dos escenarios. En el primero, si la FGR recibe o recaba pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, la autoridad deberá proceder conforme a derecho. «Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito», afirmó. En el segundo escenario, si no existen pruebas claras, la presidenta calificó abiertamente las imputaciones como de carácter político: «Es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», señaló.
En su mensaje final, Sheinbaum fue categórica en lo que respecta a la injerencia extranjera: «Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.»
Un caso que tensará la relación bilateral
Los diez acusados permanecen en México y el caso se encuentra en etapa inicial ante la corte federal de Manhattan. No se han anunciado detenciones, suspensiones de cargo ni extradiciones. Tanto el gobernador Rocha Moya como el senador Inzunza Cázares rechazaron las acusaciones el mismo martes: el primero las calificó de carecer de «veracidad y fundamento alguno», mientras que el senador las negó de forma «enfática y firme» y apuntó también hacia una intencionalidad política.
El caso representa, una de las acusaciones más graves presentadas en años por autoridades estadounidenses contra funcionarios en ejercicio de un estado mexicano, y abre un capítulo de alto voltaje en la relación entre los dos gobiernos: por un lado, Washington presiona con instrumentos judiciales de amplio alcance; por el otro, México responde con el escudo de la soberanía, el argumento de pruebas insuficientes y la denuncia de una ruptura a la confidencialidad que los propios tratados bilaterales obligan a guardar.
La pelota quedó, por ahora, en la cancha de la FGR y su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales.
