El caso penal iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios ha comenzado a registrar sus primeros avances concretos. En días recientes, dos de los acusados —Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública— habrían sido detenidos, o se habrían entregado a autoridades estadounidenses.
La acusación federal presentada en Nueva York
Entre el 29 y 30 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra diez personas, incluido Rocha Moya. Los cargos incluyen presunta conspiración para importar narcóticos —como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina— hacia Estados Unidos, además de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración relacionada con esos delitos.
Las penas contempladas podrían alcanzar cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión.
De acuerdo con la acusación federal —cuyas imputaciones no han sido probadas ante un tribunal y bajo las cuales los señalados mantienen la presunción de inocencia— los funcionarios habrían colaborado con la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa mediante supuestos sobornos, protección institucional e intercambio de información.
En el expediente, Díaz Vega es señalado como un presunto intermediario entre Rocha Moya y líderes de la organización criminal.
Tras conocerse la acusación, México recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó en ese momento que los documentos enviados no contenían elementos suficientes para proceder de inmediato conforme al marco legal mexicano.
El patrimonio de Enrique Díaz Vega
Investigaciones periodísticas, particularmente las realizadas por el periodista Marcos Vizcarra para Revista Espejo, documentaron un crecimiento patrimonial significativo de Enrique Díaz Vega durante y alrededor de su paso por el gobierno estatal entre 2021 y 2024.
Según declaraciones patrimoniales y registros públicos consultados en dichas investigaciones:
- Al asumir el cargo en noviembre de 2021, reportó alrededor de 24 propiedades valuadas en aproximadamente 70 millones de pesos.
- Entre 2020 y 2024 adquirió decenas de inmuebles adicionales, incluidos departamentos, lotes y locales comerciales, varios de ellos ubicados en el fraccionamiento La Primavera.
- El total de bienes reportados supera las 40 propiedades, con un valor aproximado de 131 millones de pesos.
- La mayoría de las adquisiciones habrían sido realizadas mediante pagos de contado.
Díaz Vega también es identificado como empresario en los sectores inmobiliario y de la construcción, con participación en firmas privadas vinculadas a ese ramo.
Los datos patrimoniales provienen de fuentes públicas y reportajes periodísticos, y no constituyen por sí mismos prueba de responsabilidad penal.
Los reportes sobre las detenciones
Gerardo Mérida Sánchez
La situación del exsecretario de Seguridad Pública ha sido reportada por diversos medios nacionales e internacionales. Según esas versiones, Mérida Sánchez se presentó el pasado 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona, pese a contar con un amparo en México.
Posteriormente habría sido trasladado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos sobornos mensuales cercanos a los 100 mil dólares. Además, ya figura en registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos y tiene audiencias programadas dentro del proceso judicial.
Mérida Sánchez, es además un militar de alto rango; es general de división en retiro del Ejército Mexicano. Con amplia trayectoria, comandó varias zonas militares (Puebla, Michoacán y Oaxaca) y dirigió la Escuela Militar de Inteligencia. En septiembre de 2023 fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que ocupó hasta 2024.
En el caso de Díaz Vega, los reportes sobre una supuesta detención en Europa y su posterior traslado a Nueva York provienen principalmente de versiones periodísticas difundidas hoy por diversos medios, entre ellos La Silla Rota, con base en fuentes extraoficiales ligadas a agencias de seguridad estadounidenses.
🚨 #ÚltimaHora Agencias de seguridad de Estados Unidos informaron extraoficialmente que Enrique Díaz, quien fuera secretario de Finanzas del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue detenido en Europa y acordó con autoridades estadounidenses entregarse de… pic.twitter.com/tGrGZJFALX
— La Silla Rota (@lasillarota) May 15, 2026
Algunas publicaciones sostienen que el exfuncionario buscaría declararse culpable para intentar obtener una reducción de condena mediante un posible acuerdo de colaboración.
Hasta ahora, no existe confirmación pública oficial por parte del DOJ ni de la corte federal de Nueva York que valide de manera independiente esos detalles específicos.
Versiones previas de Eduardo Zerón de La Silla Rota ya señalaban que Díaz Vega había intentado establecer contacto con autoridades estadounidenses a través de abogados para explorar un posible acuerdo.
Según información a la que pudo acceder esta columna, podemos advertir que existe la fundada presunción de que tanto Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, se habrían… https://t.co/G0UID4jZ16
— Eduardo Zerón García (@EZeronG) May 13, 2026
Situación actual del caso
Actualmente, ambos exfuncionarios forman parte del mismo expediente radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con los reportes disponibles, los primeros implicados en comparecer estarían buscando acuerdos de culpabilidad, una práctica frecuente en procesos federales de este tipo en Estados Unidos.
Mientras tanto:
- Rocha Moya solicitó licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa.
- No existen condenas definitivas contra ninguno de los señalados.
- Todas las acusaciones continúan en fase de proceso judicial.
El caso permanece en desarrollo y ha provocado tensiones políticas y diplomáticas entre México y Estados Unidos, mientras autoridades mexicanas insisten en revisar y validar las pruebas presentadas por Washington.
