Este 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, desclasificó un indictment que acusa formalmente a diez funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa.
El documento sostiene que conspiraron con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Quiénes son los acusados
Entre los señalados destacan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázares, junto con otros mandos de seguridad y procuración de justicia.
De acuerdo con el comunicado oficial, los imputados son descritos como funcionarios actuales o anteriores de alto rango en Sinaloa:
- Rubén Rocha Moya – Gobernador Constitucional de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares – Senador de la República
- Enrique Díaz Vega – Ex Secretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal o Fiscal Adjunto estatal
- Marco Antonio Almanza Avilés – Ex jefe de la Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”) – Ex funcionario de seguridad
- Gerardo Mérida Sánchez – Ex Secretario de Seguridad Pública
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) – Ex subdirector policial
- Juan de Dios Gámez Mendívil – Presidente Municipal de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”) – Ex comandante policial
Principales acusaciones
El indictment señala que los acusados habrían colaborado con los “Chapitos” para proteger y facilitar operaciones del cártel a cambio de sobornos y respaldo político.
Entre las conductas imputadas se encuentran la protección a líderes del cártel frente a investigaciones y detenciones, la filtración de información sensible sobre operativos policiales o militares, el uso de corporaciones de seguridad para resguardar cargamentos de droga y la permisividad ante hechos de violencia vinculados al narcotráfico.
En el caso de Rubén Rocha Moya, el documento afirma que los “Chapitos” habrían intervenido en su elección mediante intimidación y secuestros de rivales. A cambio, presuntamente ofreció protección al cártel y permitió su operación en el estado.
Por su parte, Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, en octubre de 2023.
Los delitos incluyen conspiración para importar narcóticos, así como posesión de armamento de alto poder. Las penas contemplan cadena perpetua o mínimos obligatorios de 40 años.
Reacciones de los implicados
El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones el mismo día a través de su cuenta oficial en X. Aseguró que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento” y que se demostrará su falsedad. También afirmó que el señalamiento forma parte de una estrategia contra el movimiento político que representa y lo vinculó con la defensa de la soberanía nacional.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
El senador Enrique Inzunza Cázares negó los señalamientos de forma “enfática y firme”, calificándolos como falsos, y señaló una posible intencionalidad política en la acusación presentada en la corte de Nueva York.
El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal…
— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026
Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido una postura específica sobre el caso. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ayer, a las 18:00 horas, recibió solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, la información fue turnada a la Fiscalía General de la República, conforme a la Ley de Extradición Internacional, para que evalúe las solicitudes bajo el marco jurídico mexicano.
La cancillería señaló que, tras una revisión inicial en el contexto del tratado bilateral, los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos no contienen elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas.
No obstante, precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República analizar si existen elementos probatorios y determinar la viabilidad de las detenciones provisionales con fines de extradición.
La SRE también indicó que los tratados vigentes contemplan disposiciones de confidencialidad, por lo que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por la forma en que se dio a conocer la información.
Situación actual del proceso
El documento corresponde a un Superseding Indictment dentro de procesos iniciados desde 2023 en Nueva York contra más de 30 presuntos integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa.
Todos los acusados se encuentran en México. El caso permanece en etapa inicial en la corte federal de Manhattan. No se han anunciado extradiciones ni medidas oficiales como suspensiones de cargo.
Este desarrollo representa una de las acusaciones más graves en años contra funcionarios en ejercicio de un estado mexicano por parte de autoridades estadounidenses.
