*Alberto Martínez, fue privado desde hace diez años de su libertad, por delitos que no se le han podido comprobar, y aun así se le dictó sentencia de 20 años, por supuesto secuestro.

Toluca, México, 5 de diciembre de 2017.- Con la esperanza de encontrar justicia y recuperar la libertad de su esposo, conculcada bajo un proceso penal omiso y unilateral, María Guadalupe Ugalde Vences, esposa de Alberto Martínez Sosa, quien lleva 10 años de reclusión por un presunto secuestro de dos militares, en Luvianos, fincó sus esperanzas en la resolución que este jueves pueda tomar el Segundo Tribunal Colegiado, respecto a un recurso de inconformidad promovido por el abogado defensor.

En conferencia de prensa, al lado de familiares de Alberto Martínez Sosa, en compañía de su abogado, Leonardo Gama García, la señora Guadalupe también cifró la esperanza de que la solicitud de indulto promovida ante las cámaras de diputados federal y de senadores, así como dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, logre excarcelar a su marido, a quien aún le restan 10 años más.

En el inicio de esta rueda de prensa, el abogado Leonardo Gama, explicó los pormenorizados ocurridos desde hace 10 años, cuyos sucesos privaron de su libertad a Alberto Martínez, quien entonces contaba con 33 años y tenía una empresa constructora.

Al respecto, el leguleyo responsabilizó de las arbitrariedades jurídicas, omisiones de procedimientos y sembrado de elementos culposos, como cocaína, al entonces delegado de la Procuraduría General de Justicia, José Manzur Ocaña, a quien también implicó en la desaparición de la camioneta Sonora, propiedad de Alberto Martínez, la cual le fue retenida al momento de su captura, y que su esposa, ya no pudo recuperar, cuando acudió a las instalaciones de la PGR, sólo le dieron las llaves.

Relató que los fatídicos sucesos iniciaron el 6 de octubre del 2007, en Luvianos, cuando dos elementos del ejército mexicano, fueron privados de su libertad por un grupo de 15 personas que viajaban a bordo de dos camionetas.

Los días 7 y 8 del citado mes y año, los elementos castrenses Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, rindieron su declaración ante el Ministerio Público, quienes relataron que los militares acudieron al paraje La Culebra, donde se encuentra el rancho de Alberto Martínez, ahí los militares realizaban una investigación, sin mediar autorización y conocimiento de ninguna autoridad civil.

“Es en este momento, donde los militares inculparon a Alberto Martínez, del secuestro de los citados elementos castrenses, siendo informados por Antonio Duque Molina, trabajador del rancho, del nombre del propietario del inmueble”, abundó el abogado.