El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, recibió una condena de 60 años de prisión, junto con otras 25 personas, por su responsabilidad en seis homicidios y diversos intentos de asesinato cometidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, la misma jornada en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero.
La resolución, conocida públicamente ayer jueves, fue dictada el pasado 10 de noviembre por el juez federal Irving Joan González Balleza, con sede en Matamoros, Tamaulipas. El fallo comprende también las tentativas de homicidio contra 61 personas que fueron agredidas durante aquellos acontecimientos.
Las víctimas de los ataques de Iguala
Entre los homicidios incluidos en la sentencia se encuentran los de los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, quienes murieron durante los hechos registrados hace más de 12 años.
La resolución también contempla los asesinatos de David Josué García Evangelista, futbolista de 15 años conocido como El Zurdito, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del autobús que transportaba al equipo juvenil Los Avispones de Chilpancingo.
Ambos perdieron la vida cuando la unidad en la que viajaban fue atacada en las inmediaciones de Santa Teresa, Guerrero. La sexta víctima fue Blanca Montiel Sánchez, una mujer que viajaba en un taxi y quedó involucrada en las agresiones.
La responsabilidad atribuida al exalcalde y a la Policía Municipal
El juzgador determinó que Abarca actuó como inductor de los delitos, mientras que Felipe Flores Velázquez, entonces responsable de la Policía Municipal de Iguala, fue considerado autor mediato.
En cuanto a los agentes involucrados, la sentencia estableció su responsabilidad como autores indeterminados, al no poderse precisar quién ejecutó materialmente cada una de las agresiones.
Además de las penas de prisión, el fallo establece la reparación del daño a las víctimas, cuyos montos deberán definirse durante la etapa de ejecución.
La defensa del exalcalde ya interpuso un recurso de apelación, por lo que la condena todavía puede ser revisada por una instancia superior.
Familia de normalista exige investigar la tortura
Tras conocerse la resolución, la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña a la familia de Julio César Mondragón, reconoció el avance judicial, aunque cuestionó que la sentencia no incluyera una condena específica por tortura.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en 2016 que el cuerpo del estudiante presentaba 64 fracturas en 40 huesos, además de otras lesiones compatibles con agresiones de extrema gravedad.
La organización solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar las investigaciones para establecer responsabilidades por esos actos y garantizar una reparación integral a sus familiares.
La desaparición de los 43 estudiantes sigue sin resolverse
Esta nueva sentencia se incorpora a los antecedentes judiciales de Abarca, quien ya había recibido otras condenas por delitos cometidos durante su administración municipal, entre ellas una de 92 años y seis meses por el secuestro de integrantes de la organización Unidad Popular y otra de 20 años por el homicidio del exsíndico Justino Carbajal Salgado.
Sin embargo, la resolución reciente no constituye una condena por la desaparición de los 43 normalistas. En ese procedimiento específico, el exalcalde obtuvo una absolución que fue confirmada judicialmente.
Abarca permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Coahuila, mientras continúan los procedimientos relacionados con sus distintas causas penales.
Aunque el nuevo fallo establece responsabilidades por varios de los crímenes cometidos durante la Noche de Iguala, las investigaciones sobre el destino de los estudiantes desaparecidos permanecen abiertas.














