Este sábado se cumplen 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como del asesinato de otras seis personas en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Hasta el día de hoy, el caso permanece sin respuestas claras: se desconoce el paradero de la gran mayoría de los estudiantes y tampoco se ha entregado la totalidad de los más de 800 documentos que el Ejército mexicano tiene en su poder sobre el caso, a pesar de los mandamientos judiciales vigentes, y que podría aportar una posible luz sobre el destino final de los normalistas.
En el marco de este nuevo aniversario —una herida que sigue abierta para gran parte de México— durante toda la semana se han realizado actos de protesta, y este sábado 26 de septiembre está prevista una marcha nacional en la Ciudad de México.
Una semana de movilizaciones rumbo al aniversario
Las actividades conmemorativas comenzaron el pasado 21 de septiembre con el Foro Ayotzinapa: 12 años de lucha por los 43, realizado en las instalaciones de la Normal Rural, en Tixtla, Guerrero. Desde entonces, se han sucedido protestas tanto en ese estado como en distintas regiones del país.
El 22 de septiembre se llevó a cabo un mitin en el monumento a los +43, en Chilpancingo, además de una manifestación en las inmediaciones de la 35 Zona Militar, una de las instalaciones que estuvo bajo constante monitoreo de los estudiantes desaparecidos aquella noche y la cual misteriosamente desapareció la documentación correspondiente a las horas cruciales en que se concretaron el levantamiento forzado y la desaparición de los normalistas.
Un día después, el 23 de septiembre, se registraron múltiples protestas en Iguala, entre ellas un mitin frente al 27 Batallón de Infantería, cuartel del que también salieron esa noche militares a patrullar y coordinar las acciones vinculadas con la desaparición forzada. Padres y normalistas reiteraron ahí las evidencias de que al menos 25 de los 43 habrían sido trasladados a esas instalaciones, un señalamiento que hasta la fecha el Estado mexicano no ha reconocido ni investigado abiertamente.
Reclamos frente a la CNDH
Ayer 24 de septiembre se realizó una manifestación frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en repudio a la Recomendación 208VG/2026, emitida semanas atrás por el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra. El documento fue interpretado por las familias como un intento de deslindar al Ejército de su participación en los hechos violentos.
Antes de acudir a un foro informativo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, madres y padres de los desaparecidos denunciaron públicamente el actuar de la CNDH. Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 desaparecidos, señaló que si Piedra Ibarra «no tiene la facultad de dar resultados y de proteger los derechos de la ciudadanía, realmente debería dejar el puesto».
Los familiares también rechazaron las versiones difundidas este mes sobre la presunta existencia de más de 20 bolsas con restos en una funeraria de Iguala que pudieran estar vinculadas al caso, a las que calificaron como «una pinche burla», recordando que tanto la EAAF como el propio GIEI ya habían descartado esa línea de investigación. Pese a ello, insistieron en que sí existe información contundente sobre la participación militar y renovaron la exigencia de que se hagan públicos los más de 800 folios de inteligencia de la Sedena, cuya entrega fue ordenada por un juzgado federal en febrero de 2026 y que, hasta hoy, continúa sin cumplirse.
Protesta frente a la Suprema Corte y solidaridad de otras normales
Este viernes se realizó un nuevo acto de protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la participación de compañeros normalistas de distintas escuelas rurales del país. Varias de esas normales realizaron, además, sus propias manifestaciones en sus estados de origen, sumándose de forma solidaria a la exigencia de justicia por el caso Ayotzinapa.
La marcha nacional de este sábado
Para este sábado se ha convocado, a las 16:00 horas, una marcha nacional que partirá del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, hacia el Zócalo capitalino. Diversos colectivos y organizaciones se sumarán al llamado que encabezan los padres y madres de los 43, junto con estudiantes de distintas normales rurales del país, para reiterar, una vez más, la exigencia de justicia.
Al respecto, Mario César González Contreras, padre del desaparecido César Manuel González Hernández, declaró: «Estamos hasta la madre de seguir viniendo buscando a nuestros hijos. Sexenios van y sexenios vienen con promesas, pero desafortunadamente son puras burlas». El padre acusó que el Estado sigue esperando a que, en sus palabras, «se vayan muriendo uno por uno» los padres, para que el caso caiga en el olvido, en clara alusión al reciente fallecimiento de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, ocurrido el pasado 21 de agosto.
Cabe recordar que la madre de Everardo, Minerva Bello, también había muerto en febrero de 2018 a causa de cáncer, tras dedicar sus últimos años a la búsqueda de su hijo.
Medios también continúan investigando
Las investigaciones periodísticas sobre el caso también continúan a casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este viernes, WIRED en Español publicó por primera vez una serie de documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionados con la llamada Operación Apetlanca, un despliegue realizado a finales de octubre de 2014 en comunidades de Guerrero, semanas después de los hechos ocurridos en Iguala.
De acuerdo con el reportaje, los documentos permiten conocer con mayor detalle la participación de elementos de la Marina y el Ejército en aquel operativo, cuyo objetivo incluía la localización y detención de presuntos integrantes de Guerreros Unidos. Entre las personas detenidas estuvieron algunos de los hombres cuyos testimonios fueron utilizados posteriormente para sustentar la llamada “verdad histórica” sobre el destino de los estudiantes. La relevancia de estos archivos radica también en que documentan la participación y conocimiento de mandos militares sobre el despliegue, mientras que varias de las declaraciones obtenidas de los detenidos fueron posteriormente cuestionadas por denuncias de tortura y otras irregularidades.
Se cumplen así, este sábado, 12 años, dos sexenios y tres gobiernos federales que mantienen el caso en total impunidad, sin que —pese a las exigencias constantes de las familias— se haya permitido reanudar las investigaciones del GIEI ni se haya obligado al Ejército mexicano a entregar la documentación faltante.
Detenciones van, detenciones vienen, pero los verdaderos responsables y las razones definitivas del crimen continúan sin esclarecerse de forma fehaciente. Se espera que múltiples organizaciones y miles de personas vuelvan a salir este sábado a las calles de la Ciudad de México, para reiterar uno de los casos de injusticia e impunidad más graves no solo de México, sino de toda América Latina, y que exhibe la colusión entre el crimen organizado, el Ejército y los intereses más oscuros del Estado mexicano.
