Durante la madrugada de este miércoles, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso contra Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.
La resolución se emitió al concluir una audiencia que se prolongó durante casi 14 horas y terminó alrededor de las 2:31 de la mañana. El juez Mario Elizondo Martínez consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos suficientes para establecer, en esta etapa, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del exmandatario.
Aguirre Rivero permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “Altiplano”. El juzgador otorgó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación complementaria, periodo que concluiría aproximadamente el 4 de diciembre de 2026.
La acusación se centra en grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala
La FGR sostiene que el exgobernador, en su calidad de servidor público, habría ordenado el ocultamiento o destrucción de grabaciones correspondientes a las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la imputación, las imágenes fueron captadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales interceptaron el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban varios de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Fiscalía plantea que el material fue ocultado de manera deliberada y con la intervención de servidores públicos estatales de primer nivel. Entre los elementos considerados por el Ministerio Público se encuentran los testimonios de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general del mismo órgano, quienes también se encuentran sujetas a proceso.
Según esas declaraciones, las grabaciones habrían sido sustraídas y posteriormente entregadas a Aguirre Rivero, quien presuntamente habría instruido su eliminación.
Defensa argumentó que Aguirre estaba en Ciudad de México
Durante la audiencia, la defensa presentó 31 datos de prueba con los que buscó cuestionar la imputación formulada por la FGR.
Entre los testimonios ofrecidos se encuentran los de Jesús Martínez Garnelo, quien fue secretario de Gobierno de Guerrero, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Seguridad y Transporte Aéreo de la entidad.
La representación legal sostuvo que el 29 de septiembre de 2014 Aguirre Rivero se encontraba en la Ciudad de México, donde habría participado en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y no en Chilpancingo, como plantea la acusación respecto del momento en que supuestamente recibió las grabaciones.
Sin embargo, el juez determinó que esos elementos no eran suficientes, en esta fase del procedimiento, para desvirtuar la hipótesis presentada por la Fiscalía.
Familiares de los normalistas pidieron mantener la prisión preventiva
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa participaron en la diligencia mediante videoconferencia. Durante la audiencia solicitaron al juzgador que dictara la vinculación a proceso y mantuviera la medida cautelar de prisión preventiva.
Ante los señalamientos, Aguirre Rivero afirmó que no cuenta con información sobre el paradero de los estudiantes y sostuvo que, de conocerla, ya la habría dado a conocer.
Detención ocurrió el 6 de agosto
El exgobernador fue detenido el pasado 6 de agosto de 2026 en Tepotzotlán, Estado de México, y trasladado ese mismo día al penal del Altiplano.
Detienen al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre por ocultamiento de evidencias en Caso Ayotzinapa
La orden de aprehensión fue obtenida después de un nuevo análisis de las actuaciones relacionadas con el caso por parte de la FGR, proceso que incluyó diligencias adicionales y testimonios de colaboradores.
Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014. Su detención representó un cambio en su situación jurídica respecto de la investigación por la desaparición de los estudiantes, luego de que durante años hubiera participado en el expediente principalmente en calidad de testigo.
La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. La determinación judicial establece que, de acuerdo con los elementos analizados hasta este momento, existen indicios suficientes para que la investigación continúe formalmente contra el imputado.
Durante los cuatro meses concedidos para la investigación complementaria, la Fiscalía y la defensa podrán incorporar nuevos elementos al expediente. La defensa de Aguirre Rivero anunció que impugnará la resolución.
El proceso se desarrolla dentro de una investigación que permanece abierta desde la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en septiembre de 2014. En el caso específico del exgobernador, la acusación se concentra en el presunto ocultamiento de evidencia relacionada con aquellos hechos y no lo señala como autor material de la desaparición de los normalistas.
Las investigaciones continúan mediante el análisis de actuaciones realizadas con anterioridad y la incorporación de nuevas diligencias y elementos probatorios.
