La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó expulsar del partido a Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, quien enfrenta un proceso judicial por la presunta simulación de su secuestro. La sanción se conoce mientras ciudadanos solicitan su destitución y el gobierno municipal permanece bajo revisión por irregularidades financieras.
La resolución partidista, identificada con el expediente CNHJ-MEX-374/2026, establece la cancelación permanente de su afiliación y su separación de la presidencia del Consejo Estatal de Morena, cargo que ocupaba desde 2022.
La determinación aparece en el Registro Nacional de Sancionados del instituto político, que señala como fundamento diversas disposiciones de sus estatutos.

¿Qué faltas motivaron la expulsión de Nancy Nápoles?
De acuerdo con el Registro Nacional de Sancionados de Morena, la expulsión de Nancy Nápoles Pacheco se fundamenta en los incisos A, B, C y F del artículo 53 de los estatutos del partido, que establecen distintas conductas sujetas a sanciones disciplinarias.
El inciso A contempla los actos de corrupción y la falta de probidad en el ejercicio de responsabilidades partidistas o cargos públicos. Por su parte, el inciso B sanciona las transgresiones a las normas contenidas en los documentos básicos de Morena y sus reglamentos.
El inciso C se refiere al incumplimiento de obligaciones establecidas en esos instrumentos, así como de los acuerdos adoptados por los órganos del partido. Finalmente, el inciso F considera sancionables las conductas que atenten contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos internos de Morena.
Ciudadanos exigen su destitución ante el Congreso
Ayer miércoles, integrantes del Colectivo Tenancingo acudieron al Congreso del Estado de México, en Toluca, para exigir la destitución de la alcaldesa y solicitar una revisión de las presuntas irregularidades administrativas y financieras de su gobierno.
El representante de la organización, Javier Calzada, pidió a los legisladores intervenir ante los señalamientos que involucran a la administración municipal, así como esclarecer la situación de otras personas relacionadas con la investigación penal.
La movilización ocurre después de una serie de protestas y cuestionamientos públicos contra Nápoles. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado una resolución legislativa que determine su separación del cargo.
OSFEM documenta irregularidades en las finanzas municipales
La controversia también alcanza el manejo de los recursos públicos de Tenancingo.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) presentó recientemente los resultados de sus revisiones correspondientes al ejercicio fiscal 2025, en las que se reportaron 163 observaciones de cumplimiento financiero.
Entre los hallazgos figuran inconsistencias en remuneraciones, documentación de nóminas, procedimientos de contratación, adquisiciones y comprobación de determinados gastos.
Una auditoría de legalidad, que examinó 27 contratos municipales, también identificó incumplimientos relacionados con estudios de mercado, adjudicaciones y acreditación de bienes o servicios contratados.
La auditora superior, Liliana Dávalos Ham, explicó que las observaciones deben continuar los procedimientos correspondientes para determinar posibles responsabilidades, después de que las autoridades municipales tengan oportunidad de presentar aclaraciones.
El origen del caso: un secuestro que la Fiscalía considera simulado
El expediente judicial se remonta al pasado 31 de mayo, cuando Nápoles denunció haber sido privada de la libertad por personas que supuestamente exigían 40 millones de pesos para liberarla.
Sin embargo, después de analizar comunicaciones telefónicas, videograbaciones, testimonios y desplazamientos de los involucrados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluyó, como hipótesis de investigación, que el secuestro habría sido organizado para justificar un presunto faltante de recursos municipales.
La dependencia señaló como participantes en la planificación a José Roberto “N”, esposo de la presidenta municipal, y Óscar “N”, su cuñado, además de otras personas que presuntamente colaboraron en los hechos.
Nápoles ha rechazado reiteradamente la versión ministerial. Sostiene que efectivamente fue víctima de un secuestro y niega la existencia del faltante económico señalado por la Fiscalía.
¿Cuál es la situación judicial de Nancy Nápoles?
El pasado 9 de julio, un juez determinó vincular a proceso a la alcaldesa por su probable participación en la simulación del secuestro.
No obstante, autorizó una suspensión condicional del procedimiento durante seis meses, sujeta al cumplimiento de diversas obligaciones, entre ellas medidas de vigilancia judicial y servicios comunitarios.
La resolución permitió que Nápoles continuara en libertad y al frente del ayuntamiento. La suspensión condicional no representa una sentencia condenatoria ni una absolución.
Por separado, la Fiscalía anunció órdenes de aprehensión contra su esposo y su cuñado, mientras que otros presuntos participantes fueron detenidos y vinculados a proceso.
Así, la presidenta municipal, mientras guarda silencio sobre esta expulsión del partido, enfrenta también cuestionamientos derivados de las auditorías. Su responsabilidad penal permanece sin una resolución judicial definitiva.














