La suspensión condicional del proceso penal otorgada a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, acusada de simular su propio secuestro para encubrir un presunto desfalco de 40 millones de pesos, no solo ha generado indignación entre la ciudadanía del municipio, también ha puesto al descubierto un posible conflicto de interés en el juzgador que tomó la decisión: el juez de control Edgar Garay Vilchis, quien, según documentos a los que tuvo acceso el abogado Lic. Ramón Castañeda, es padre de un funcionario de confianza del propio ayuntamiento encabezado por la imputada.

El vínculo que el juez no reveló

De acuerdo con el Lic. Castañeda, quien ha dado a conocer públicamente la información respaldada en documentos, incluida un acta de nacimiento que acredita el parentesco, el juez Edgar Garay Vilchis es padre de Edgar Garay Jiménez, quien se desempeña como Coordinador de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Tenancingo, es decir, un subordinado directo de la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco, la misma persona en cuyo favor el juez aprobó la suspensión condicional del proceso.

Este vínculo, por sí solo, plantea una interrogante de fondo: ¿debió el juez Garay Vilchis excusarse del caso antes de conocerlo?

Una cadena de proximidades que se ramifica

El parentesco padre-hijo no es el único elemento que el abogado señala como alarmante. El coordinador municipal Edgar Garay Jiménez es, además, pareja de la hija de Guillermina Cruz Cortés, directora de la misma Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Tenancingo y funcionaria de estrecha colaboración con la alcaldesa. Lo que agrava aún más la situación es que la propia Guillermina Cruz Cortés tuvo acceso a la formulación de imputación de la presidenta municipal, es decir, al acto judicial central de este proceso.

La cadena de vínculos que describe el Lic. Castañeda, de forma resumida, es la siguiente: el juez que otorgó la suspensión tiene un hijo que trabaja como subordinado directo de la alcaldesa beneficiada; ese mismo hijo es pareja de la hija de una funcionaria muy cercana a la alcaldesa que además estuvo presente en la audiencia de imputación.

«El hijo del juez es subordinado directo y yerno de la directora de Gobernación, colaboradora muy cercana de Nancy Nápoles Pacheco, persona a la que el juez Edgar Garay Vilchis concedió la suspensión condicional del proceso», señaló el abogado en su mensaje en RRSS.

Lo que establece la ley

Según el Lic. Castañeda, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios constitucionales de imparcialidad y objetividad que rigen la función judicial establecen que los jueces deben excusarse de conocer un asunto cuando exista cualquier vínculo familiar, laboral, de amistad o dependencia que pueda poner en duda su independencia. La relación de subordinación directa entre el hijo del juzgador y la administración pública encabezada por la imputada encaja, a su juicio, en ese supuesto.

«No se trata de suponer una conducta deshonesta de antemano, sino de garantizar que la justicia se administre en condiciones que generen confianza en la ciudadanía. Un proceso judicial no solo debe ser justo, sino también parecerlo», sostuvo el abogado.

Las condiciones que no parecen una consecuencia

Más allá de la identidad del juzgador, el Lic. Castañeda cuestiona también el contenido de las condiciones que el juez aprobó para la suspensión. Entre ellas destaca la obligación de que la alcaldesa acuda mensualmente a comunidades como San Simonito, Quetzalapa, Santa Ana Ixtlahuatzingo, Acatzingo, El Carmen y Los Morales para impartir el denominado «Taller de Empoderamiento de Mujeres». Para el abogado, lejos de ser una medida gravosa, esta condición le abre a Nápoles Pacheco la puerta para continuar apareciendo en público, tomar la palabra y proyectar imagen política en zonas clave para su respaldo electoral. Lo que debería ser una consecuencia de sus actos se convierte, en los hechos, en una plataforma gratuita.

La otra condición que Castañeda califica de inaceptable es la reparación simbólica del daño: la donación de diez cubetas a una escuela primaria de la colonia Morelos, precisamente la zona donde la alcaldesa obtuvo sus mejores resultados en las elecciones pasadas y donde concentra a sus líderes más leales. «¿Cómo no ver esto como una forma más de congraciarse con su base en lugar de resarcir lo que se le debe a todo el municipio?», cuestionó el abogado, quien también apuntó que la alcaldesa tiene acceso a presupuesto y proveedores municipales que harían de esa donación un acto prácticamente sin costo personal.

El síndico que no objetó nada

Un elemento adicional que el Lic. Castañeda documenta es la actitud del síndico municipal Víctor Avendaño Bustos, quien acudió a la audiencia en representación del Ayuntamiento como parte agraviada y no presentó ninguna objeción a la suspensión condicional. Para el abogado, ese silencio «resulta inexplicable e inaceptable» dado que el síndico tiene el deber legal de defender los intereses del municipio y vigilar el cumplimiento de la justicia. Su falta de oposición ante una medida tan benévola para una alcaldesa acusada de un delito de esta magnitud alimenta, señala, sospechas fundadas sobre posibles acuerdos.

El mismo día de la audiencia, que se prolongó cerca de 12 horas a puerta cerrada, se registraron también señalamientos sobre el uso de servidores públicos municipales en el entorno del juzgado, entre ellos el Subdirector de Ingresos, Porfirio Sánchez Soto, así como elementos del área de seguridad.

Una pregunta sin respuesta

El Lic. Castañeda cierra su análisis con una pregunta que, por ahora, nadie en el municipio ha respondido públicamente: ¿quién está costeando los honorarios de los abogados de la alcaldesa? ¿Su patrimonio personal o el erario municipal?

Lo que está en juego, concluye el abogado, no es solo el resultado del caso contra Nancy Nápoles, sino la credibilidad del sistema de justicia en el Estado de México y la certeza de que nadie puede ser juzgado por alguien con vínculos que comprometan su neutralidad. Mientras esa certeza no exista, el proceso seguirá siendo cuestionado.

Hasta este lunes, la alcaldesa de Tenancingo no ha emitido comentarios al respecto.