Representantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) se reunieron con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para abordar una agenda de derechos humanos que incluye la situación de presos políticos, desapariciones forzadas, asesinatos de defensores sociales y desplazamiento de comunidades indígenas en distintas regiones de México.

Durante el encuentro se plantearon diversas exigencias de acceso a la justicia, atención a víctimas y seguimiento de investigaciones relacionadas con integrantes de esta organización nacional, conformada por pueblos, colectivos y agrupaciones de más de una decena de estados.

Presos políticos y crímenes contra defensores

Uno de los principales asuntos abordados fue la situación de 50 integrantes de la UNIR que, de acuerdo con la organización, se encuentran privados de la libertad por motivos políticos o mediante procesos considerados injustos.

También se expusieron casos de defensores de derechos humanos asesinados, respecto de los cuales se solicitó avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de responsabilidades.

El abogado Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que, aunque algunos de estos crímenes ya cuentan con personas encarceladas, persisten estructuras de impunidad que, según su valoración, facilitaron su comisión.

Otro tema central fue la situación de las comunidades indígenas desplazadas forzosamente en Oaxaca, para las cuales se demandaron condiciones que permitan su retorno seguro.

Asimismo, se estableció como prioridad el seguimiento de los actos de investigación relacionados con víctimas de desaparición forzada que forman parte de la UNIR.

Exigen resultados concretos

Durante el acercamiento con la FGR, los representantes de la organización reconocieron la apertura al diálogo de Ernestina Godoy, pero enfatizaron la necesidad de traducir estos espacios de interlocución en medidas efectivas.

La UNIR sostuvo que sus demandas comprenden el esclarecimiento de asesinatos, la presentación con vida de personas desaparecidas, la protección de comunidades indígenas y el respeto a los derechos de las víctimas.

Por su parte, Lara Duque reiteró que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero participa como asesor jurídico, facilitador técnico y acompañante de los colectivos que integran esta articulación nacional.

La reunión permitió colocar ante la Fiscalía una agenda de asuntos pendientes en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, cuyo seguimiento constituye una de las principales exigencias de las organizaciones participantes.