- Cientos de familias han sido desplazadas por fuego de armas de grueso calibre, drones y artefactos explosivos. Las autoridades no se han presentado en las zonas afectadas, pese a los llamados de las organizaciones de derechos humanos y a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una escalada violenta que no se detiene
Desde el pasado 6 de mayo, el grupo criminal Los Ardillos ha ejecutado una serie de ataques armados contra diversas poblaciones indígenas de la zona de la Montaña Baja en el estado de Guerrero. En los días siguientes fueron desplazados los habitantes de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán. Este lunes se reportó también el desplazamiento de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez.
A pesar de que el tema llegó incluso a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum —quien afirmó que se estaban tomando medidas para resguardar a la población—, las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los habitantes siguen denunciando, hasta este lunes, que los ataques no han cesado y que no ha habido presencia alguna de personal militar ni funcionarios en las zonas afectadas.
Los Ardillos y su historia de impunidad en Guerrero
Los Ardillos llevan años asediando gran parte del estado de Guerrero, protegidos por la cúpula política que ha permitido mantener sus operaciones en gran medida en total impunidad, causando múltiples víctimas, extorsiones y daños a numerosas comunidades.
La situación no es nueva. Desde 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido medidas cautelares en favor de las comunidades de Tula y Xicotlán, precisamente por las agresiones de Los Ardillos y por las denuncias de desplazamiento forzado que ya se documentaban desde entonces.
Desde hace años, las organizaciones de derechos humanos también han denunciado el continuo asedio contra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero «Emiliano Zapata» (CIPOG-EZ), organización comunitaria que forma parte del Congreso Nacional Indígena —vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)— y donde convergen múltiples pueblos originarios del país que buscan defender los Acuerdos de San Andrés y gobernarse de forma autónoma mediante usos y costumbres.
Más de 800 familias desplazadas; 76 asesinados y 25 desaparecidos
El CIPOG-EZ denuncia que son ya 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas por Los Ardillos en los últimos años, incluyendo las agresiones registradas esta semana.
Hasta este lunes se tenía registro del desplazamiento forzado de más de 800 familias pertenecientes a las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán. Todo esto en medio de ataques que no se han detenido.
Pronunciamiento internacional: organizaciones exigen respuesta del Estado
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer el domingo un pronunciamiento firmado por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, en el que se hace extensiva la denuncia por las agresiones cometidas contra las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ y se exige atención del Estado mexicano.
En el documento se denuncia que los criminales están utilizando armas de grueso calibre, drones y artefactos explosivos, generando terror y un desplazamiento forzado que pone en grave riesgo la vida de cientos de personas, incluidos mujeres y niños.
Las organizaciones firmantes señalaron que «estos hechos no son aislados, se inscriben en un patrón alarmante de agresiones generalizadas y sistemáticas contra quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos, así como contra comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad». Añadieron que «resulta particularmente grave que, pese a las múltiples solicitudes realizadas, las autoridades competentes hayan negado, retrasado o simplemente omitido la implementación de medidas de protección adecuadas, eficaces y oportunas».
Entre las exigencias de las organizaciones destacan:
- El reconocimiento de la grave crisis de violaciones a derechos humanos que atraviesan las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ en Guerrero.
- La identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión o complicidad.
- La revisión de la actuación del Ejército Mexicano, al que acusan de presenciar los ataques, el desplazamiento y la entrada del grupo delincuencial a las comunidades sin intervenir para detener a los agresores.
- La implementación urgente de medidas de protección efectiva para personas defensoras de derechos humanos y comunidades en riesgo.
Sheinbaum promete seguridad; las comunidades denuncian abandono
Este lunes, durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la situación en Guerrero. Afirmó que se estaba brindando seguridad a las comunidades afectadas, que se realizaban gestiones a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ayudar a las familias desplazadas a regresar a sus comunidades de origen, y que se reforzaría la presencia de la Guardia Nacional en la zona.
Sin embargo, a los pocos minutos de estas declaraciones, el Congreso Nacional Indígena dio eco a nuevas denuncias provenientes de las comunidades en Guerrero, acompañadas de videos en los que se muestra cómo continúan los ataques, los disparos y el lanzamiento de bombas en las comunidades indígenas de la región.
URGENTE: MIENTRAS LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DICE EN SU MAÑANERA QUE ESTÁ TRABAJANDO PARA “PROTEGER A LA POBLACIÓN”, EN LOS ÚLTIMOS 5 MINUTOS “LOS ARDILLOS” HAN LANZADO MÁS BOMBAS CON DRONES SOBRE LA COMUNIDAD DE ALCOZACÁNhttps://t.co/XQOf2U7yUt pic.twitter.com/pZ2Tv3lr5r
— CNI México (@CNI_Mexico) May 11, 2026
En un comunicado urgente emitido ese mismo lunes, el CIPOG-EZ respondió directamente a la presidenta: «Claudia dice que nos están protegiendo, ¿dónde está esa protección? Estamos solos bajo las balas y las bombas. Ahorita Los Ardillos tienen retenido a Francisco Rodríguez Cisneros en el crucero del Juagüey para poder seguir atacando nuestras comunidades, desplazarnos a todos y tomar control de nuestro territorio. No ha llegado ni un solo funcionario estatal o federal a nuestras comunidades, y el Ejército y la Guardia Nacional siguen sin llegar. Tienen helicópteros, tienen armas, tienen todo para entrar, pero siguen dejando a nuestros pueblos solos mientras nos están matando.»
COMUNICADO URGENTE DEL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO- EMILIANO ZAPATA, 11 DE MAYO 2026https://t.co/H4Y2vTMinmhttps://t.co/FnuMg4tN0v pic.twitter.com/m95w4Oyg8F
— CNI México (@CNI_Mexico) May 11, 2026
La organización indígena también señaló de manera explícita a los responsables, tal como lo ha venido denunciando desde hace años: Celso Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega Jiménez y Antonio Ortega Jiménez. «Ellos son los responsables de 76 asesinados y 25 desaparecidos», señalaron en el comunicado.
Entre los señalados figura el conocido diputado perredista de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, hermano del líder criminal de Los Ardillos, quien también gozaría de protección e impunidad en el estado.
Llamado urgente para este martes en la Secretaría de Gobernación
Ante estos hechos, el Congreso Nacional Indígena convocó a una reunión urgente este martes 12 de mayo, a las 16:00 horas, en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Múltiples organizaciones sociales, activistas y defensores de derechos humanos se han sumado al llamado.
En redes sociales continúan circulando testimonios de familias desplazadas que, de manera desesperada, piden apoyo para poder recuperar la paz y sus comunidades.
Un clamor, desesperado, desde la Montaña de Guerrero. No es la derecha golpista, oportunista e hipócrita. Son familias nahuas que están siendo desplazadas en estos momentos por un cártel. Son la conciencia de un país. Imágenes del #Cipog-EZ. pic.twitter.com/jukShJSbET
— Zósimo Camacho Ibarra (@ZosimoCamacho) May 10, 2026
