Pueblos indígenas autónomos de Michoacán se declaran en alerta máxima tras serie de ataques del crimen organizado

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Ante la impunidad registrada en Guerrero —donde el crimen organizado atacó a comunidades indígenas en resistencia sin que el Estado mexicano reaccionara—, la ola de agresiones contra los pueblos en resistencia se ha extendido al estado de Michoacán. En días recientes se reportan varias agresiones, algunas de las cuales ya han costado la vida de guardias comunitarios, lo que ha llevado a las comunidades originarias a organizarse, levantar la voz y declararse en alerta máxima.

El ataque a Santa María Sevina

Uno de los incidentes más graves ocurrió durante la noche del domingo 17 de mayo. En la comunidad indígena de Santa María Sevina, un grupo del crimen organizado atacó alrededor de las 20:30 horas a la ronda comunal, disparando contra tres guardias comunitarios. Dos de ellos perdieron la vida: Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero, mientras que un tercero quedó gravemente herido.

Así lo denunció un comunicado conjunto de la Unidad Indígena de Santa María Sevina y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, organismo en el que se agrupan más de 80 pueblos michoacanos, incluidos 50 consejos de gobierno comunal. En su pronunciamiento, las comunidades se declararon en alerta máxima y se reservaron el derecho de actuar y organizarse, «toda vez que no vemos en el Estado mexicano la capacidad de hacer tal acción».

El pronunciamiento fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En él, las comunidades señalaron sin ambages: «Los discursos y la falsa imagen de un estado de derecho en Michoacán han sido eso, meramente discursos. Sigue gobernando un poder que ve en la organización comunal —difícil de corromper— a un enemigo, y busca la forma de atacarnos y debilitar nuestro progreso.»

El dolor de la comunidad: los cortejos fúnebres

Este martes se llevaron a cabo los cortejos fúnebres para despedir a los guardias comunitarios —también llamados kuarichas— que perdieron la vida en el ataque. En el acto, quienes tomaron la palabra expresaron el peso de una pérdida que va más allá del luto personal:

«Compañeros, hoy no nos reúne la alegría, nos reúne el dolor más profundo, nos reúne la indignación y la tristeza de despedir a un hombre que no dudó en poner su cuerpo como escudo para que nuestras familias pudieran dormir en paz. Nuestro compañero no era solo un uniforme o un bastón de mando; era un padre, un hijo, un esposo, un amigo, un vecino. Era alguien que cuando el peligro acechaba no daba un paso atrás. Su sacrificio es el testimonio más grande de lo que significa la verdadera entrega. Mientras la comunidad duerme, él salió a vigilar nuestros caminos, a cuidar nuestros hijos, a defender nuestra autonomía y nuestra paz.»

«A su familia, que hoy llora esta pérdida irreparable, les decimos con el corazón en la mano: no están solos. Su dolor es nuestro dolor. La sangre de su esposo, su padre, su hijo, no cayó en vano. Esta comunidad se levanta hoy para abrazarlos, para sostenerlos y para asegurarles que el nombre de nuestro hermano queda grabado con letras de oro en la historia de nuestro pueblo.»

También tomaron la palabra familiares de uno de los caídos. Una joven señaló entre lágrimas: «Él tocaba la tuba. Varios lo van a recordar como compañero del equipo de fútbol (…) Bien decía mi tío: hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarnos a cualquier reto para poder ser grandes; si nos mostramos sumisos, va a venir el crimen organizado. Organicémonos. Sabemos que existe la justicia divina, hay un Dios, y que pronto les alcance a las personas que hicieron esto. Pero también nosotros, todos los que estamos aquí presentes, exijamos justicia al gobierno municipal, al estatal y al federal. Que la muerte de los dos compañeros caídos no sea en vano.»

El Congreso Nacional Indígena condena los ataques

En apoyo a la comunidad purépecha, el Congreso Nacional Indígena también emitió un pronunciamiento denunciando que no cesa la violencia criminal ni los asesinatos contra las comunidades de Michoacán. En dicho documento señalaron que «el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se comprometió a cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad en la región y establecer, con el concurso de la Federación, una base de operaciones interinstitucionales. Sin embargo, nunca cumplió los compromisos asumidos con las comunidades de la región y con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, exhibiendo lo que muchos hemos observado desde hace años: la completa complicidad de su gobierno con los cárteles criminales de todo signo y, de manera preponderante, con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Entre las exigencias enlistadas en el pronunciamiento destacan: la actuación inmediata del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del Estado para inhibir los ataques de los cárteles en la región purépecha, y el establecimiento permanente de bases de operaciones. También exigieron el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra las comunidades de Acachuén y Santa María Sevina, así como contra el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Asimismo, hicieron un llamado urgente a pueblos, organizaciones, colectivos, medios libres y personas solidarias de México a realizar acciones de denuncia, movilización y solidaridad.

Más ataques: Acachuén, Charapán y Santa María Ostula

El ataque a Santa María Sevina no es un hecho aislado. El pasado 6 de mayo, la comunidad de Acachuén, en el municipio de Chilchota, también fue agredida por sujetos armados, y dos comuneros perdieron la vida en esa ocasión.

La Red Pampiricha de Michoacán emitió un pronunciamiento condenando ambos hechos —tanto los de Acachuén como los más recientes registrados en Sevina— y denunció: «Todos estos hechos de violencia son clara manifestación de ingobernabilidad, de omisión e indolencia por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal. Son innumerables los llamados a que cumplan con su obligación constitucional de otorgar seguridad, garantizar la paz y atender los reclamos de justicia.»

De manera paralela, en el municipio de Charapán se registraron también diversos actos de violencia. A través de redes sociales circularon videos y denuncias de balaceras y bloqueos de vialidades. En algunas imágenes se observó a comuneros y trabajadores del campo del sector aguacatero huir y resguardarse de los enfrentamientos armados.

Este martes, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que tres presuntos sicarios —quienes portaban parches con banderas de Colombia— fueron abatidos en Charapán, y reconoció los hechos violentos registrados también en Chilchota.

Ostula bajo ataque del CJNG, otra vez

La violencia no cesó ahí. En la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, también este martes se denunció un ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente contra la encargaduría de La Cofradía.

Las escuelas tuvieron que ser evacuadas y la población civil se refugió en sus casas, mientras la guardia comunal salió a hacerse cargo de la situación. Ante la ausencia de respuesta oficial, la guardia comunitaria exigió: «Que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar y cumplan con la obligación de brindar paz y seguridad a toda la población. En particular, hacemos un llamado al Gobierno Federal para que deje de reunirse con artistas y mejor atienda la grave situación de violencia que se vive en nuestras comunidades indígenas. Exigimos el total desmantelamiento de las organizaciones criminales que intentan a toda costa despojarnos de nuestro territorio.»

Solidaridad nacional

La Coordinación de Comunidades de la Cañada de los Once Pueblos de Michoacán también emitió un comunicado de apoyo a las comunidades hermanas de Sevina y La Cantera: «Desde nuestro territorio hacemos un enérgico llamado a los gobiernos estatal y federal a que atiendan la exigencia del pueblo purépecha. No podemos seguir viviendo en estas condiciones de inseguridad. El Estado debe garantizar la paz y la seguridad como un derecho de toda la población, porque mientras el Gobierno Federal presume sus planes de justicia, los pueblos originarios seguimos poniendo a los muertos.»

La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio también emitió un pronunciamiento denunciando estos ataques y vinculándolos con la situación que se vive en Guerrero. En el documento, dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena y a las redes de resistencia, señalaron: «Estos hechos se suman a los ataques recibidos el pasado 6 de mayo, donde de manera paralela a las agresiones realizadas en Guerrero por el grupo criminal de los Ardillos en las comunidades del CIPOG-EZ, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación atacó a comuneros del pueblo purépecha de Acachuén, en Chilchota, Michoacán. La defensa organizada de los comuneros de Acachuén logró repeler a los criminales. Sin embargo, la policía municipal se presentó en el lugar donde la comunidad resistía a los delincuentes y atacó a los comuneros para proteger a los criminales. Estos hechos dan cuenta de una guerra sistemática contra las comunidades organizadas en defensa de la vida y el territorio.»

En la misma misiva, la Asamblea responsabilizó directamente a los tres niveles de gobierno: «Responsabilizamos al Estado mexicano —a Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado— por facilitar y observar pasivamente los ataques a los que son sometidos nuestros compañeros, y por el grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos de las comunidades de Santa María Sevina, Acachuén e integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. A la vez, les decimos: no están solos.»

Resistencia articulada: más allá de la violencia

A través de redes sociales circularon ya corridos dedicados a los héroes caídos de Sevina, rindiendo honor a su pérdida y reiterando el respeto y la admiración hacia los pueblos originarios que se mantienen en resistencia.

Cabe señalar que los pueblos originarios de Michoacán no solo están coordinados a través del Consejo Supremo Indígena local, sino también articulados con el Congreso Nacional Indígena, que reúne a pueblos de todo el país en defensa de la autonomía y la resistencia, y coordinados también con el EZLN. Esta misma semana, una comitiva del Consejo Supremo Indígena de Michoacán viajó a Vicam, Sonora, para encontrarse con otros pueblos originarios que también ejercen su autonomía. En ese encuentro, la delegación michoacana denunció no solo los ataques del crimen organizado, sino también las afectaciones ambientales que sufren sus comunidades, como la ola de enfermos crónicos renales en la comunidad otomí de San Matías el Grande, derivada de una planta geotermoeléctrica instalada sin consulta ni consentimiento previo, y en la que también se reportan múltiples afectaciones a la salud y al territorio.

Los pueblos originarios de Michoacán denuncian las múltiples agresiones del crimen organizado, que a pesar de tener asediada a la población, también se ha convertido en el motivo para mantenerse en pie de lucha y en máxima alerta ante la embestida del narco y la indiferencia del estado mexicano.


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