La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó finalmente este lunes la incorporación de varias personas políticamente expuestas de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La acción, de carácter administrativo y preventivo, deriva del Acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo, mediante el cual se notificó a las instituciones financieras sobre la aplicación de medidas orientadas a proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Desde la semana pasada, diversos reportes periodísticos habían dado cuenta de alertas bancarias y bloqueos de cuentas vinculadas con estas personas, con base en información procedente del sector financiero. El comunicado oficial de la UIF representa la confirmación institucional sobre el alcance y la naturaleza de dichas acciones.
Personas incluidas
Aunque la UIF no confirmó los nombres de los involucrados, documentos publicados por Emequis, señalan que entre los sancionados se encuentran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
- El senador Enrique Inzunza Cázarez.
- Otros funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos de seguridad estatal.
De acuerdo con la información oficial y reportes previos, la medida alcanzaría a una decena de personas.
Alcance y características de la medida
La inclusión en la LPB implica la suspensión de operaciones bancarias —como retiros, transferencias, pagos y otras transacciones— además del congelamiento de activos dentro del sistema financiero mexicano. Las instituciones bancarias contaron con un plazo aproximado de 10 días hábiles para aplicar las restricciones tras recibir la notificación correspondiente.
La UIF enfatizó que se trata de una medida preventiva y administrativa, activada a partir de alertas generadas por instituciones financieras mexicanas, derivadas de señalamientos públicos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos con la facción conocida como “Los Chapitos”.
La dependencia subrayó que la inclusión en la lista no constituye una determinación de culpabilidad ni una sentencia penal. Las personas involucradas conservan su derecho de garantía de audiencia y pueden promover los recursos administrativos y judiciales que consideren pertinentes.
