El asesinato de Juan Francisco Chino Díaz, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), ha provocado nuevas denuncias de las comunidades indígenas de Guerrero contra el grupo criminal Los Ardillos, al que responsabilizan del crimen ocurrido en el municipio de Chilapa de Álvarez.
El cuerpo del policía comunitario, de 60 años, fue localizado decapitado la mañana del viernes 30 de octubre, junto a la carretera que comunica las localidades de Xicotlán y Alcozacán. Según la organización, los restos aparecieron a aproximadamente 200 metros de una base del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
El homicidio se suma a una serie de agresiones denunciadas por comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, cuyos representantes cuestionan la eficacia de los operativos de seguridad desplegados en la región.
Un testigo habría identificado a los agresores
De acuerdo con la CRAC-PC-PF, Chino Díaz regresaba de la cabecera municipal de Chilapa hacia su comunidad cuando fue interceptado por hombres armados.
La organización sostiene que existe un testigo presencial que habría reconocido a integrantes de Los Ardillos entre los agresores. Su identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad.
Tras el hallazgo, las autoridades realizaron las diligencias periciales correspondientes y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.
En un pronunciamiento respaldado por representantes de 11 comunidades indígenas, la policía comunitaria exigió esclarecer el asesinato y detener a los responsables. También reclamó acciones contra Celso Ortega Jiménez, señalado por las organizaciones locales como uno de los dirigentes de Los Ardillos.
Hasta este lunes, no se han confirmado públicamente detenciones relacionadas con el homicidio ni una determinación ministerial que establezca quiénes participaron en el crimen.
Cuestionan presencia militar cerca del lugar del hallazgo
Uno de los principales señalamientos de las comunidades se refiere a la cercanía entre el sitio donde apareció el cuerpo y una posición de seguridad federal.
La CRAC-PC-PF denunció que, pese a la presencia del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, los habitantes continúan enfrentando riesgos cuando se trasladan a Chilapa para adquirir alimentos, recibir atención médica o realizar otras actividades.
La proximidad de la base militar al lugar del hallazgo no permite establecer que el asesinato ocurriera en ese punto ni que los elementos federales presenciaran los hechos. Sin embargo, las comunidades solicitaron explicaciones sobre la respuesta institucional ante las agresiones.
El reclamo se produce meses después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudieran a Alcozacán, en mayo, tras una serie de ataques armados y desplazamientos de habitantes.
En aquella intervención se anunciaron medidas para reforzar la seguridad y facilitar los traslados de la población. Hasta ahora, no se ha localizado un pronunciamiento específico de la gobernadora sobre el asesinato de Chino Díaz.
Compañero del dirigente indígena Jesús Plácido Galindo, encarcelado en El Altiplano
La víctima pertenecía al mismo movimiento comunitario que Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y consejero de la CRAC-PC-Pueblos Fundadores.
Plácido Galindo permanece sin una liberación públicamente confirmada tras su detención, ocurrida el 17 de julio. Fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de Xicotlán, registrado en octubre de 2021.
El dirigente fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Su defensa, acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha denunciado irregularidades en las pruebas presentadas y sostiene que el proceso forma parte de una criminalización contra dirigentes indígenas. Por este motivo, sus compañeros y organizaciones solidarias lo consideran un preso político.
En julio, sus abogados presentaron una apelación contra la resolución judicial. Hasta el momento no se ha localizado una decisión pública definitiva sobre ese recurso ni información que confirme su excarcelación.
Una región marcada por ataques contra comunidades indígenas
El asesinato ocurre después de los enfrentamientos registrados en mayo en las localidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, donde organizaciones indígenas denunciaron incursiones de grupos armados, utilización de drones y desplazamiento de familias.
Durante aquellos acontecimientos murieron al menos tres policías comunitarios identificados como Martín Flores Migueleño, Eusebio Migueleño Suyalteco y Abraham Jiménez Chautla, cuyos funerales se realizaron en Alcozacán.
El CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF han atribuido reiteradamente estas agresiones a Los Ardillos y sostienen que sus comunidades enfrentan una situación prolongada de inseguridad.
Las organizaciones también han exigido revisar las investigaciones penales abiertas contra integrantes de la policía comunitaria y solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el conflicto.
Foto de archivo de la Policía Comunitaria de Guerrero CRAC-PC: Tlachinollan
