En días recientes, decenas de organizaciones nacionales e internacionales se han sumado a la denuncia por el desplazamiento forzado de múltiples comunidades indígenas en Guerrero, particularmente en la región de la Montaña Baja y en particular del municipio de Chilapa de Álvarez, tras las agresiones cometidas por el grupo criminal Los Ardillos.
Se trata de una de las organizaciones delictivas más sanguinarias y peligrosas del sur del país que, a pesar de seguir cometiendo graves crímenes de lesa humanidad, es tratada con cordialidad y deferencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la cual se refiere a sus integrantes como «personas» y «civiles», y con quienes intenta mediar un diálogo para que, si tienen a bien, atiendan las denuncias de la población afectada.
Un grupo criminal activo desde el año 2000
Los Ardillos es una organización criminal en activo desde el año 2000 en el estado de Guerrero, donde dominan las zonas de la Montaña Baja. Desde ahí controlan el trasiego de droga y cometen extorsiones, asesinatos y demás vejaciones en contra de la población civil.
El poder de Los Ardillos ha alcanzado niveles de extrema impunidad: en 2024 asesinaron y decapitaron al alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, apenas a seis días de haber tomado posesión del cargo; su cabeza fue colocada en la vía pública. Esto no son rumores ni versiones no verificadas: las investigaciones dieron con el responsable directo, Germán Reyes Reyes, colaborador de Los Ardillos, quien reconoció que las acciones respondían a órdenes del grupo criminal, motivadas por la negativa del alcalde a incorporar a un operador de la organización en su gabinete.
Entre los crímenes documentados de este grupo destaca también la emboscada y quema de 10 músicos indígenas nahuas del grupo Sensación Musical, ocurrida en 2020. En enero de 2019 perpetraron una masacre en Rincón de Chautla que dejó más de 12 muertos. Y en años recientes han ejecutado múltiples emboscadas y ataques sistemáticos en más de 20 comunidades de Guerrero, por mencionar solo algunos ejemplos documentados.
La Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) denuncia que a la fecha han sido asesinados 67 integrantes de su organización y 26 más continúan desaparecidos. Los comunitarios forman parte del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que a su vez integra el Congreso Nacional Indígena, espacio donde convergen junto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y decenas de pueblos originarios que defienden la autonomía y la autodefensa.
Un cártel de estructura familiar
Los Ardillos fueron fundados por Celso Ortega Rojas, La Ardilla, un criminal dedicado al cultivo de amapola en Quechultenango que fue asesinado en 2011 tras salir de prisión. El nombre del grupo es precisamente un homenaje al fundador. La organización familiar que él encabezó continúa hasta hoy en el control de la estructura criminal.
Sus hijos, Celso «La Vela», Jorge Iván «El Barco» y Antonio Ortega Jiménez «La Parota», son quienes han tomado el mando, siendo Celso a quien se considera la cabeza actual del grupo, y quien presuntamente es buscado por la Fiscalía General de la República por múltiples crímenes. Un cuarto hermano, Bernardo Ortega, mantiene un perfil público: es diputado por el PRD y ha ocupado múltiples cargos públicos, desde los cuales ha operado para la protección y el empoderamiento de la organización criminal.
La penetración política del grupo en Chilapa es total. La presidenta municipal es Mercedes Carballo Chino, cuñada de Celso Ortega Jiménez, pues su hermana es la esposa del líder de Los Ardillos. El hijo de Celso Ortega Jiménez funge además como secretario particular del ayuntamiento y, según múltiples fuentes, es quien gobierna realmente el municipio. Cabe recordar que el propio Celso fue grabado junto a la alcaldesa de Chilpancingo hace algunos años, lo que ilustra el nivel de influencia que esta organización criminal ha alcanzado en el aparato gubernamental, por lo cual, también causa cierta extrañeza la inacción del gobierno de Evelyn Salgado Pineda.
La respuesta del Congreso Nacional Indígena
El Congreso Nacional Indígena, que ayer martes realizó una manifestación frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, ha sido muy concreto en sus exigencias: como condición esencial para resolver la violencia en la región, demanda la inmediata detención y desarticulación del grupo criminal Los Ardillos. Una exigencia que ha sido ignorada por completo por la SEGOB, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.
MITIN EN APOYO A LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ
"Nosotros como CIPOG-EZ solo queremos construir otra forma de vida comunitaria" #AltoALosAtaquesContraLosPueblosDeGuerrero pic.twitter.com/vSjmksbzcy
— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026
Lo mismo reclaman decenas de organizaciones nacionales e internacionales que esta semana firmaron un pronunciamiento conjunto en el mismo sentido.
🚨Acción Urgente| Tu firma ayuda ✍️
Comunidades indígenas de la región Montaña Baja del estado de Guerrero pertenecientes a la organización CIPOG-EZ se encuentran bajo ataque armado.Firma para exigir medidas urgentes al @GobiernoMX y @EvelynSalgadoPhttps://t.co/8ovIGk2qEl pic.twitter.com/B8f9sJCe5R
— Red TDT (@RedTDT) May 12, 2026
La postura de la Secretaría de Gobernación
Ayer martes y este miércoles 13 de mayo, la Secretaría de Gobernación emitió comunicados (056 y 057) informando sobre los avances en la atención al conflicto. Sin embargo, en ningún momento han señalado que busquen desarticular a la organización criminal, ni siquiera tratan a los narcotraficantes con órdenes de aprehensión por homicidios y extorsiones como lo que son: criminales. Al contrario, los comunicados los abordan como si se tratara de ciudadanos respetables.
La dependencia afirmó: «Desde el gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos.»
No queda claro cómo el gobierno mexicano pretende buscar acuerdos con un grupo criminal en lugar de hacer valer el Estado de derecho y proteger a la población civil. La SEGOB ha manejado el conflicto como si se tratara de una disputa ejidal entre particulares, cuando se trata claramente de una organización narcoparamilitar que atenta contra comunidades indígenas, tal como lo documentan no solo las denuncias de los afectados, sino múltiples reportes periodísticos acumulados durante años.
El periodista Luis Hernández, de La Jornada, lo describe con precisión: «El objetivo de Los Ardillos con estos ataques es conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad de Tula en la parte alta de la montaña, y eliminar a los indígenas que se les oponen. Como la resistencia y autonomía de las comunidades les estorba para transportar drogas hacia Acapulco, Chilpancingo y la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. Hay que frenar la saga criminal de Los Ardillos. La justicia debe llegar a Chilapa, como debe llegar a todo el estado de Guerrero.»
El riesgo de aparecer como defensor del narco
Esta situación plantea problemas de mayor alcance para el gobierno mexicano. Tal como ocurrió en Sinaloa, la actitud condescendiente del gobierno frente a grupos del narcotráfico podría alimentar discursos intervencionistas internacionales. Si el gobierno mexicano no quiere que se le califique como protector de narcotraficantes, lo primero que tendría que hacer es combatirlos.
No obstante, la SEGOB está anunciando únicamente el despliegue de militares en la zona en funciones de vigilancia, sin informar ninguna acción contundente para la desarticulación de Los Ardillos, grupo que no solo opera desde la clandestinidad sino que está perfectamente insertado en el gobierno municipal de Chilapa.
La complicidad del Ejército bajo sospecha
Otro elemento que requiere esclarecimiento urgente es la posible complicidad de elementos del Ejército mexicano, denunciada por las propias comunidades indígenas. Según reportes periodísticos locales, en el crucero de Juagüey, donde está instalada una base de control militar, el Ejército dejó sospechosamente libre el paso la semana pasada, permitiendo así el avance de narcoparamilitares que provocaron el desplazamiento de cientos de indígenas de sus comunidades.
El gobierno mexicano tampoco ha reconocido los muertos reportados en días recientes por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero. Continúa minimizando los hechos y respondiendo con la promesa de beneficios de programas del bienestar, como si unas despensas pudieran resolver el asedio del narcotráfico sobre decenas de localidades.
Al día de hoy, los habitantes de Tula, Tepila, Acahuehuetlán y Xicotlán ya han sido desplazados de sus territorios. Y Los Ardillos siguen operando con impunidad.
Imagen de portada: @Hearst_BB
