Este jueves un ataque armado contra una camioneta oficial de la comunidad nahua de Pómaro, en el municipio de Aquila, Michoacán, dejó al menos cuatro personas muertas. El hecho ocurrió sobre la carretera federal 200, en el tramo Colola-Maruata, y colocó nuevamente en el centro de la discusión el proceso de autogobierno que la comunidad impulsa desde hace meses.
De acuerdo con información difundida por autoridades comunales, el vehículo fue emboscado por un grupo armado. Entre las víctimas se encontraban Jerónimo García Flores, representante jurídico de la comunidad, y Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal. También fallecieron un profesor de origen p’urhépecha que viajaba como pasajero y una maestra que había resultado gravemente herida. Según la comunidad, el ataque estuvo dirigido contra integrantes del Comisariado de Bienes Comunales.
El proceso de autogobierno de Pómaro
La comunidad se encuentra en un procedimiento formal para obtener el reconocimiento de su autogobierno indígena y la administración directa de recursos públicos.
El 27 de abril de 2026 presentó una solicitud de consulta ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Conforme a la legislación estatal, el organismo contaba con un plazo de 15 días hábiles para resolver y convocar el mecanismo de consulta correspondiente.
Al momento del ataque, las autoridades comunales sostenían que dicho plazo había concluido sin una resolución. Por ello, exigieron la continuación inmediata del procedimiento, que permitiría el reconocimiento de sus sistemas normativos internos y la gestión directa del presupuesto que les corresponde, sin intervención del ayuntamiento.
La comunidad ha señalado que el atentado ocurrió en un contexto de avance hacia la autonomía y considera que este proceso genera tensiones con distintos actores de la región.
Protestas y respaldo de otras comunidades
Tras los hechos, comuneros realizaron bloqueos en la carretera federal 200 y quemaron vehículos para exigir justicia y el esclarecimiento del ataque.
La comunidad nahua de Santa María Ostula emitió un pronunciamiento en el que condenó los homicidios y solicitó a los tres niveles de gobierno mayores garantías de seguridad para las comunidades indígenas de la Costa de Michoacán. Ostula también advirtió sobre el incremento de la violencia que enfrentan diversas localidades nahuas de la región.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a través de su Sector IX de Educación Indígena, convocó movilizaciones en rechazo al asesinato de los docentes y en respaldo a las demandas de la comunidad.
El presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, condenó públicamente el ataque y pidió una investigación inmediata por parte de las autoridades estatales y federales. El gobierno de Michoacán ofreció establecer canales de diálogo con los habitantes de la comunidad.
Violencia e incertidumbre en la Costa-Sierra
Pómaro forma parte del Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán, una estrategia que busca atender demandas históricas de las comunidades indígenas de la región.
Su búsqueda de autonomía se inserta en un proceso más amplio que ha permitido a diversas comunidades nahuas y purépechas del estado transitar hacia esquemas de gobierno indígena y administración directa de recursos en los últimos años.
Durante mayo de 2026, la región Costa-Sierra de Michoacán registró diversos episodios de violencia, incluidos reportes de amenazas, hostigamientos y ataques armados contra autoridades comunales y guardias indígenas. Habitantes de Pómaro han atribuido parte de esta presión a la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque también han señalado conflictos vinculados al control territorial y de recursos.
Hasta este viernes no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque.
Mientras continúan las protestas y bloqueos, la comunidad mantiene dos demandas centrales: el esclarecimiento de los homicidios y el respeto a su derecho de libre determinación, incluyendo el avance de la consulta solicitada ante el IEM.
