La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que dos hombres identificados como Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con el comunicado oficial, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra, por lo que ambos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Hechos investigados

Según las indagatorias, los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2026, cuando la víctima, identificada con las iniciales Diana Belén G.A., se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Sierra de Guadalupe, en Tultitlán, en compañía de uno de los imputados.

La Fiscalía señala que, en ese lugar, ambos sujetos habrían comenzado a agredir físicamente a la mujer. Posteriormente, la trasladaron a otro inmueble dentro de la misma demarcación, donde presuntamente le dispararon con un arma de fuego, causándole la muerte.

Después del crimen, el cuerpo fue abandonado en la vía pública, donde fue localizado sin identificar en un primer momento.

Identificación de la víctima

La víctima fue reportada como desaparecida el 20 de marzo de 2026. Tras realizarse diversas pruebas periciales, las autoridades lograron confirmar que correspondía a la mujer encontrada días antes.

La víctima, Diana Belén, era una mujer de 37 años reconocida en la zona por su labor como activista y rescatista de animales, lo que ha generado atención pública sobre el caso.

También se ha reportado que la víctima habría denunciado amenazas previas, aunque este punto no forma parte del comunicado oficial de la Fiscalía.

Detención y situación jurídica de los imputados

Como parte de la investigación, el Ministerio Público logró identificar a los probables responsables, quienes fueron detenidos en la región de Huehuetoca por un delito distinto y posteriormente se les cumplimentó una orden de aprehensión por feminicidio.

Ambos fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Readaptación Social, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

El juez determinó imponer prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará integrando evidencia.

De acuerdo con la legislación vigente, el delito de feminicidio podría implicar una pena de hasta 70 años de prisión para cada uno de los imputados.