Raúl «N» y Carlos Eduardo «N», exservidores públicos del área ambiental del Estado de México, fueron vinculados a proceso por su probable participación en hechos relacionados con una presunta red extorsiva en perjuicio de propietarios y usuarios de centros de verificación vehicular.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves que, tras una audiencia que se prolongó durante más de 16 horas, una jueza de Control determinó imponerles prisión preventiva justificada y posteriormente resolvió sobre la situación jurídica de ambos imputados.
La Fiscalía expone los señalamientos
De acuerdo con la institución, los dos exfuncionarios son investigados por su probable intervención en un esquema que habría afectado a propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México, así como a ciudadanos que acuden a estos establecimientos para cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.
La Fiscalía precisó que los imputados enfrentan acusaciones distintas: uno por extorsión agravada y el otro por abuso de autoridad.
La institución no identificó por nombre completo a los imputados en su comunicado, pero se trata de Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, quienes anteriormente ocuparon cargos relacionados con el control de emisiones atmosféricas en la administración estatal.
Una audiencia de más de 16 horas
La audiencia para la formulación de imputación comenzó el 12 de agosto y se prolongó durante más de 16 horas.
Durante el procedimiento participaron tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense, mientras que los imputados fueron asistidos por siete defensores particulares.
Según el comunicado oficial, la defensa argumentó, entre otros puntos, una presunta ilegalidad en las detenciones y la inexistencia del tipo penal atribuido. También solicitó la libertad inmediata de sus representados.
Después de las intervenciones de las partes, la jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco determinó mantener a ambos imputados bajo prisión preventiva justificada.
¿Por qué permanecerán en prisión?
La Fiscalía señaló que la medida cautelar fue impuesta con el propósito de garantizar la seguridad de víctimas y testigos, evitar una posible obstaculización de la investigación y reducir el riesgo de que los imputados se sustraigan de la acción de la justicia.
La prisión preventiva justificada es una medida cautelar y no constituye una sentencia condenatoria.
De hecho, la propia Fiscalía recordó que ambos detenidos deben ser considerados inocentes mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
La investigación continúa
El caso no se limita a los dos funcionarios detenidos.
La FGJEM indicó que las investigaciones continúan con apoyo de autoridades que integran el Gabinete Nacional de Seguridad, a partir de las denuncias presentadas por distintas víctimas.
La institución señaló que las indagatorias también involucran señalamientos contra servidores y exservidores públicos, así como particulares, por lo que podrían surgir nuevas acciones conforme avance la investigación.
La Fiscalía no proporcionó en este comunicado mayores detalles sobre la identidad de esas personas ni sobre las diligencias que actualmente se encuentran en curso.
¿Qué sigue en el proceso?
La audiencia continuará el sábado 15 de agosto a las 10:30 horas, fecha establecida para abordar la solicitud de vinculación a proceso y determinar la situación jurídica de los imputados respecto de los hechos que se les atribuyen.
La resolución que se adopte en esa audiencia será relevante para establecer si existen elementos suficientes para que ambos enfrenten formalmente un proceso penal por los delitos señalados por la Fiscalía.
Mientras tanto, la investigación continuará abierta y las autoridades deberán sustentar ante el órgano jurisdiccional los datos de prueba que vinculan a cada uno de los imputados con los hechos denunciados.
¿Quién es Raúl «N»?
Raúl Piña Horta tiene una trayectoria de más de dos décadas dentro de la política y la administración pública.
Su carrera comenzó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En 2003 llegó a la Cámara de Diputados como suplente durante la LIX Legislatura y en 2006 asumió la diputación federal como propietario.
Posteriormente continuó vinculado con la estructura nacional del Partido Verde y formó parte de su Consejo Político Nacional en distintos periodos. También apareció en procesos electorales del Estado de México, entre ellos como candidato suplente a una regiduría en Huixquilucan en 2009.
En 2023 se incorporó al gobierno del Estado de México como director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Posteriormente ocupó la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas.
Ese último cargo lo colocó al frente de un área relacionada con la regulación de emisiones y distintos procedimientos ambientales, ámbito en el que ahora se centra parte de la investigación que derivó en su detención y posterior vinculación a proceso.
El proceso judicial determinará si los señalamientos de la Fiscalía se traducen en responsabilidad penal.
