Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicitó a José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, investigue y sancione a las personas responsables del asesinato de los activistas ambientales Álvaro Arvizu Aguiñaga y Cuauhtémoc Márquez Fernández.
El punto de acuerdo impulsado por la diputada Beatriz García Villegas (Morena) y expuesto por el legislador Abraham Saroné Campos (Morena), también solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México la inscripción de las familias de las víctimas en el Registro Estatal y que la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Tlalmanalco presente un informe de los programas y las políticas públicas realizadas de enero de 2022 a la fecha en defensa de los derechos humanos.
Conforme al exhorto, Álvaro Arvizu y Cuauhtémoc Márquez, asesinados por presuntos hechos relacionados con su actividad de defensa del medio ambiente, fueron actores relevantes en la defensa de la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación, así como de la preservación del área natural de Amecameca.
Detalla que el 12 de junio, Cuauhtémoc Márquez se dirigía a ratificar una denuncia por una agresión previa, pero un grupo de civiles armados abrió fuego contra la casa del defensor, quien quedó herido y posteriormente perdió la vida en las instalaciones del Hospital de Zentlalpan Amecameca. Un día después Álvaro Arvizu también fue atacado por un grupo armado en las instalaciones del Centro Centli, falleciendo el 19 de junio.
La diputada Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) expresó que quienes integran el Poder Legislativo deben de sumarse a la protección de las personas defensoras de derechos humanos porque sin remuneración económica defienden las causas ciudadanas, por lo que exigió la justicia, no repetición y reparación del daño para las víctimas indirectas y para la sociedad.
