Proponen apoyar a jóvenes universitarios de escasos recursos

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*Analizan legisladores, iniciativa sobre obligatoriedad de la educación superior en el Estado de México, para lo cual será necesaria una modificación al artículo quinto de la Constitución local, empatándola con la federal.

Francisco Javier López/Apocaliptic.com

Toluca, Edomex, 11 de junio 2020.- Motivado por el anhelo de ayudar a los jóvenes de escasos recursos, que estudian en la universidad pública, el diputado Benigno Martínez García, planteó que la educación superior en la entidad sea obligatoria y corresponda al Estado su observancia, para ello será necesario reformar el artículo quinto de la Carta Magna mexiquense.

Durante la novedosa sesión a distancia, dentro de las restricciones pro el Covid-19, diputados integrantes de las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura local, presentaron diversas propuestas para enriquecer la iniciativa, entre estas, incluir en el análisis, a representantes del magisterio y a las secretarías de Educación y de Finanzas.

Benigno Martínez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, propone reformar el artículo 5° de la Constitución Política estatal para armonizar la normatividad local con la Constitución federal y la Ley de Educación General para garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

La iniciativa también busca establecer que el Estado, en conjunto con las autoridades federales, instituya políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de quienes estudien educación superior.

En la reunión virtual, celebrada en esta modalidad en el contexto de la contingencia sanitaria derivada del covid-19, encabezada por la diputada Mercedes Colín Guadarrama (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los integrantes de los órganos legislativos dialogaron sobre los pros y contras de la homologación o armonización de la iniciativa con la Constitución federal, ya que la segunda opción permite a los legisladores agregar condiciones de acuerdo con las necesidades de la educación en la entidad.


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