La decisión divide al Congreso

El Congreso del Estado de México aprobó un nuevo esquema institucional en materia de transparencia que contempla la creación de Transparencia Mexiquense, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo estatal.

La medida fue avalada durante el Octavo Periodo Ordinario de la LXII Legislatura, pero generó críticas de las bancadas del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, cuyos representantes cuestionaron que la nueva autoridad garante quede integrada a la estructura del gobierno estatal.

El dictamen reúne las iniciativas presentadas por el diputado Gerardo Pliego Santana, de Morena, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y establece el marco jurídico que sustituirá las funciones que hasta ahora correspondían al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Oposición cuestiona independencia de Transparencia Mexiquense

Durante la discusión, los legisladores opositores centraron sus cuestionamientos en la independencia de la nueva institución, debido a su incorporación a la Secretaría de la Contraloría del Ejecutivo.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, sostuvo que existe un problema relacionado con la disponibilidad y actualización de información pública a partir de la desaparición del organismo nacional de transparencia. Señaló que, según sus datos, 71 por ciento de las bases que integran datos.gob.mx se encuentran abandonadas o desactualizadas.

Por su parte, la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez, del PAN, expuso que las estadísticas del extinto Infoem registraron, entre el 1 de enero y el 16 de junio de este año, 25 mil 962 solicitudes de información pública y seis mil 492 recursos de revisión.

La legisladora Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que el dictamen no establezca los requisitos para quien encabece Transparencia Mexiquense.

Desde el PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez consideró que la modificación representa un retroceso de más de 35 años en materia de transparencia.

Los cuatro legisladores se pronunciaron en contra del dictamen y coincidieron en advertir que la adscripción de Transparencia Mexiquense al Ejecutivo puede comprometer su autonomía.

Morena defiende el nuevo modelo

La bancada de Morena sostuvo una posición distinta. El diputado Octavio Martínez Vargas afirmó que la armonización de la legislación estatal con la reforma federal mantiene derechos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales.

También argumentó que la modificación permitirá reducir gastos asociados con altos salarios y viajes, con la posibilidad de destinar esos recursos a programas sociales, educación, infraestructura vial, red hidráulica y servicios públicos.

El dictamen plantea, además, que el nuevo esquema busca simplificar procesos administrativos, racionalizar la estructura gubernamental y aplicar criterios de austeridad, al tiempo que mantiene mecanismos para garantizar el acceso a la información pública.

¿Cómo funcionará Transparencia Mexiquense?

La nueva legislación establece a Transparencia Mexiquense como autoridad garante local. También reconoce como autoridades garantes a las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial y a los órganos internos de control, o equivalentes, de los organismos constitucionales autónomos.

Asimismo, se crea el Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, cuya conducción estará a cargo de un comité presidido por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría.

En ese órgano participarán representantes de las contralorías del Poder Legislativo y Judicial, así como de los órganos internos de control de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Estado de México, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Universidad Autónoma del Estado de México.

También se incorporarán siete titulares de órganos internos de control municipales, uno por cada una de las siete zonas establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México.

Mantienen comités y unidades de transparencia

La nueva normativa establece que los sujetos obligados deberán contar con un Comité de Transparencia y una Unidad de Transparencia, además de garantizar su funcionamiento.

Los comités deberán integrarse de manera colegiada por un número impar de integrantes y tomar sus decisiones por mayoría de votos. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.

La integración contempla a la persona titular de la Unidad de Transparencia, quien presidirá el comité; a quien sea responsable del área coordinadora de archivos o equivalente, y a la persona titular del Órgano Interno de Control o su equivalente.

La legislación también conserva disposiciones relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública frente a autoridades, organismos, instituciones, fideicomisos, fondos públicos y personas físicas o jurídicas que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

Nueva ley también regula protección de datos personales

El paquete aprobado incluye una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

El ordenamiento establece las bases para el tratamiento de información personal bajo resguardo de autoridades y organismos públicos, además de regular el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos que la propia legislación contempla.

El objetivo es establecer reglas para el manejo adecuado de datos personales en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, fideicomisos, fondos públicos y municipios.

También modifican cinco ordenamientos

La armonización legislativa incluye reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Archivos y Administración de Documentos y la Ley del Sistema Anticorrupción, además de modificaciones a los códigos Administrativo y Financiero del Estado de México.

Con las disposiciones transitorias se abrogan las leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicadas en 2016 y 2017, respectivamente.

El decreto también contempla el proceso para la liquidación del Infoem, la transferencia de sus recursos y la incorporación de sus funciones al nuevo esquema. Para llevar a cabo esa transición se prevé una Comisión Transitoria de Transferencia.

La aprobación deja así definido un nuevo modelo para la transparencia estatal, aunque su principal punto de controversia dentro del Congreso fue la decisión de colocar al organismo encargado de estas funciones dentro de la estructura administrativa del Ejecutivo estatal.