#Ostula; el narco y el gobierno se coordinan para atacar a comunidad nahua en resistencia

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Como si se tratara de una estrategia de terror coordinada, mientras la comunidad indígena de Santa María Ostula estaba enterrando al joven guardia comunitario Lorenzo Froylán de la Cruz, quien fue secuestrado y asesinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibían al mismo tiempo la notificación de un magistrado agrario, que decretaba el despojo de 700 hectáreas de su comunidad. Solo la organización y solidaridad de los pueblos, está logrando hacer frente a esta embestida.

Ostula, la dignidad rebelde de la costa michoacana

Santa María Ostula, no solo es una hermosa localidad de la costa de Michoacán, sino que también desde hace más de una década es muy respetada por ser una de las poblaciones indígenas, que determinaron concretar una forma de autogobierno comunitaria, sin la presencia de partidos políticos, como una vía para hacer frente de manera organizada al asedio del narcotráfico y el saqueo empresarial.

Siguiendo el ejemplo de otras localidades indígenas, como los purépechas de Cherán, al menos desde 2009 ejercen una forma autónoma y comunitaria de gobierno, y de la misma manera también se han integrado a otras poblaciones originarias, que reivindicando los Acuerdos de San Andrés, pugnan por una forma de organización social autónoma y solidaria.

Esta zona, ha sido también desde hace años, disputada por corporaciones mineras y organizaciones del narcotráfico, no obstante que gracias a la organización comunal, es que hoy en día se puede acceder a playas de gran belleza natural, que son resguardadas por guardias comunitarios, que permiten un turismo en paz, y libre del control que anteriormente imponían organizaciones de la delincuencia organizada.

Nuevo intento de despojo

Desde hace años, se han intentado realizar intentos de despojar a esta población indígena, de una parte importante de su territorio, particularmente la zona conocida como Xayakalan, un área de 700 hectáreas, compuesta por bosques, así como también por zonas de cultivo, que los pobladores utilizan para la siembra de productos agrícolas como la jamaica y la papaya, que es el sustento principal que ha permitido mantener a cientos de familias originarias.

Sin embargo, justo de forma paralela a una nueva agresión armada contra la comunidad, también se lanzó una embestida judicial, intentando concretar este despojo.

El juez del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en Colima, Jesús Antonio Frías Cardona, decretó una sentencia judicial, ordenando desvincular (con apoyo de la fuerza policial) 700 hectáreas de la Encargatura de Xayakalan, en favor de un grupo de empresarios de La Placita.

A pesar que los pobladores de Ostula se encontraban de duelo por el brutal asesinato del joven guardia comunitario, se movilizaron rápidamente, y se declararon en alerta máxima, evocando también la solidaridad de organizaciones sociales y demás poblaciones indígenas, coordinadas a través de agrupaciones originarias como el Congreso Nacional Indígena (CNI), liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Fue así que rápidamente, tanto el CNI, así como tambien decenas de académicos, organizaciones, medios libres y activistas, emitieron un pronunciamiento urgente, exigiendo al estado mexicano, desistir de este nuevo intento de despojo, pues tal cual como denuncia también la población de Ostula, está vigente un amparo agrario, que impide cualquier intento de desalojo, en estos territorios que se encuentran en litigio desde hace varios años.

Llamado urgente a la solidaridad con el pueblo de Santa María Ostula

«Pero los señores de la guerra y del dinero no estaban dispuestos a tolerar tal acto de dignidad rebelde del pueblo de Ostula. Para eliminar y desplazar a este pueblo nahua de las costas de Michoacán, los poderosos instauraron un verdadero estado de terror, apoyándose en paramilitares, grupos del crimen organizado, gobiernos y policías locales, y también en el Ejército y la Marina. Para muestra de la brutalidad solo un dato: 36 comuneros de Santa María Ostula, entre ellos varias personas autoridades comunitarias e integrantes de la Guardia Comunal, han sido asesinadas y otras 5 han sido desaparecidas», señalaron también en esta denuncia decenas de firmantes como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Red Universitaria Anticapitalista, y los escritores Marcela Turati, Leon Chávez Teixeiro, Gilberto López y Rivas, entre muchos más.

«Hoy la guerra que desatan funcionarios del Estado mexicano y de corporaciones criminales, en contra de la comunidad, de sus territorios, y de su autonomía no sólo no ha disminuido, ha crecido brutalmente en los últimos días. La violenta ejecución de Lorenzo Froylan de la Cruz Ríos, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 10 de agosto y quien unos días antes había sido “levantado” por un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vino acompañada, el 11 de agosto, por una notificación en la que los órganos de “justicia” del estado amenazan con despojar una parte de sus territorios al pueblo nahua de Santa María Ostula. Por si esto fuera poco, en medios de comunicación, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, del partido Morena, abiertamente amenaza con desalojar a los pueblos en resistencia. Por medios legales e ilegales, los poderes fácticos de Michoacán intensifican la guerra contra el pueblo nahua de Santa María Ostula y su legítimo derecho a la autonomía», se señala también en la misiva publicada de igual forma desde la plataforma oficial del CNI.

«Si tocan a un@, nos tocan a tod@s, acompañados de otras organizaciones y personas solidarias, llamamos a estar alertas frente a una posible escalada de la violencia contra los pueblos de Ostula o contra otros pueblos que defienden el territorio«, se señala a la letra en la misiva.

Otras alianzas de organizaciones sociales, como la Red Nacional de Organismos Civiles TDT, también hizo un llamado, dirigido a autoridades estatales y federales, así como también a las instancias agrarias, para poner fin a estos intentos de hostigamiento.

Esta instancia donde se agrupan decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, hizo un llamado para que «se ponga fin a cualquier acto de desalojo, hostigamiento, amenaza o ataque que ponga en riesgo la vida, la seguridad física, de las personas que conforman la comunidad y ejercen su derecho por la defensa del territorio«, además de «garantizar el respeto para la construcción de acuerdos y búsqueda de soluciones, y evitar el uso de la fuerza pública o la violencia«.

Ante esta ola de solidaridad, la población de Ostula, emitió un nuevo pronunciamiento, informando que se ha logrado desactivar provisionalmente la orden desalojo, gracias a las muestras de apoyo colectivo, y a la movilización pacífica; sin embargo, reiteraron la exigencia de detener el hostigamiento, así como también para aplicar de forma expedita la justicia, en los múltiples crímenes que continúan impunes por agresiones en su contra:

«Exigimos:
1. EL RESPETO A LAS TIERRAS Y TERRITORIOS QUE CORRESPONDEN EN FORMA ANCESTRAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA Y EN PARTICULAR EL RESPETO A LAS TIERRAS DE LA ENCARGATURA DE XAYAKALAN, MISMAS QUE HABÍAN SIDO DESPOJADAS A NUESTRA COMUNIDAD POR SUPUESTOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA PLACITA Y QUE FUERON RECUPERADAS EL 29 DE JUNIO DE 2009.
2. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA TORTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LORENZO FROYLÁN DE LA CRUZ RÍOS Y DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, ASI COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES.
3. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS CORRUPTOS DE LA GUARDIA NACIONAL ADSCRITA A CHINICUILA Y COALCOMÁN, A LA FISCALÍA GENERAL DE MICHOACÁN ADSCRITA EN COALCOMÁN Y A LA GUARDIA CIVIL ESTATAL.
4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA».

Así se señala en la misiva firmada por la comunidad indígena de Ostula, y donde se cierra con la consigna zapatista «Nunca más un México sin nosotros».

Este logro, también fue confirmado el abogado Carlos González, quien habría sido notificado por la actuaria del Tribunal Agrario, Pamela Mejía, que confirmó la suspensión de la diligencia de desalojo, que ya se había ordenado para el día 15 de agosto, reportaron medios locales.

Cabe señalar que los reclamos emitidos por esta población originaria en resistencia, también son por el hecho que el gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, ha venido insultando de forma reiterada e intentando criminalizar la organización comunitaria de Ostula.

El gobernador, quien no mueve un dedo para tocar al CJNG y otras agrupaciones del narcotráfico que siguen devastando su estado, sí se pone muy digno, cuando se trata de los pueblos en resistencia, hace unos días, también declaró en conferencia de prensa, que se trata de una agrupación que está «más pegada a la delincuencia y alejada a la legalidad», recriminando que en Ostula se mantienen el margen de la legalidad que intenta imponer el estado mexicano.

El gobernador, sigue sin reconocer al día de hoy el autogobierno de Ostula, y también sin responder por los múltiples crímenes cometidos abiertamente por el crimen organizado, incluida la desaparición de dos activistas, entre otros crímentes cometidos contra las poblaciones comunitarias en resistencia en esta zona de su estado.

 


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