El día de mañana martes 25 de julio a las 9:40 horas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentarán su Sexto y último Informe del Caso Ayotzinapa, y harán oficial también su salida del país, después de que el gobierno mexicano continuara con la obstrucción del caso, provocando así el encubrimiento de la verdad.
Al igual que como sucedió en el Quinto Informe, serán solamente Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos únicos miembros del GIEI que aguantaron hasta el final las ofensas del gobierno mexicano, quienes realicen esta presentación final, donde se expondrán los últimos hallazgos y avances sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa a realizarse en el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México, se expondrán también cuales han sido los obstáculos que ha mantenido el gobierno mexicano, y también cuales son los pendientes que quedarán por resolver.
Ayotzinapa, una promesa no cumplida
A pesar de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con las familias de Ayotzinapa a que se llegaría a la verdad, y aunque parecía que se estaban haciendo esfuerzos importantes, finalmente terminó por hacer caso omiso de las denuncias del GIEI, y permitió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), continuaran encubriendo el acceso a la documentación clave que podría exponer detalles cruciales de las investigaciones.
El GIEI, desde hace meses, incluyendo su anterior reporte, venía denunciando que la Sedena y el CNI, se continuaban negando a colaborar en las indagatorias, rechazando el acceso a documentación, de la que se tiene certeza que existe, pero que ha venido siendo negada de forma insistente por los altos mandos militares.
López Obrador, en vez de presionar para que se pueda llegar a la verdad, ha continuado su estrategia de encumbramiento de la élite militar, a quienes ha conferido un poder inuscitado, como no se había visto ni siquiera en las épocas de la más deplorable militarización del país.
La Sedena, y también la Secretaría de Marina, consentidos del presidente, han mantenido su cadena de encubrimiento y corrupción, negando el acceso a videos y documentos clave, que podrían revelar el destino de los estudiantes que a la fecha continúan oficialmente desaparecidos.
Es por esto que los investigadores del GIEI, han tomado la decisión definitiva, de abandonar el país, y terminar así el próximo 31 de julio de forma oficial su periodo de investigaciones, ante la negativa de las instituciones del gobierno mexicano, de permitir el acceso a la documentación crucial del caso.
Gracias al GIEI, es que se habían concretado importantes avances, incluyendo no solo la localización de tres de los estudiantes desaparecidos, sino también de la presentación ante la justicia de múltiples responsables, incluidos más de una decena de integrantes del ejército mexicano, algunos de los cuales finalmente están tras las rejas en semanas recientes.
El GIEI, además es el principal órgano que se ganó la confianza de las familias de Ayotzinapa, quienes de igual forma han venido evidenciando el deterioro de la relación con el gobierno federal, quien pasó de sentarse frente a frente en mesas de diálogo, a una actitud prepotente, donde se les mira hacia abajo y con desprecio, y se insinúan motivaciones políticas en su contra.
Desde su último reporte, el GIEI también exhibió importantes avances, que delatan no solo el involucramiento del ejército en los hechos ocurridos aquella noche del 26-27 de septiembre del 2014, sino también acerca de la íntima relación que mantenían altos mandos con el crimen organizado, y no solo desde el Batallón de Infantería 27 de Iguala, sino también desde la Batallón 41 con sede en Tololapan, y donde el coronel que estaba al mando y de quien se descubrieron múltiples comunicaciones con el crimen organizado, fue finalmente detenido hace escasos días.
La responsabilidad del gobierno de López Obrador, era asegurar el ejercicio del principal órgano de investigación, quien tenía todos los elementos de una indagatoria extensa que comenzó desde el sexenio anterior; se trata de los artífices de la investigación criminal más amplia, extensa e importante de años recientes en América Latina, y quienes en vez de recibir el apoyo necesario para cumplir una promesa de estado, han sido tratados con desdén, propiciando así su expulsión de facto del país.
«No queda nada más por hacer, si continúa la negativa de las instituciones militares, de presentar la información correspondiente sobre el caso», será informado el día de mañana de forma oficial por los investigadores del GIEI, quienes se mantuvieron firmes hasta donde fue posible, y quienes estarán presentando un informe final, que también será crucial para comprender el curso de las investigaciones, así como la naturaleza de los obstáculos que continúan vigentes, y que impiden el acceso a la verdad.
