Javier Garcin/Apocaliptic.com
29 de marzo 2022.- Las revelaciones recién realizadas por el Grupo de Investigación de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Caso Ayotzinapa, no solo deberían causar conmoción en la sociedad mexicana, sino también detonar una serie de capturas y ordenes de aprehensión, ante las importantes implicaciones que representan.
Si bien, ya se tenían bastantes indicios de la posible responsabilidad de las fuerzas armadas en el caso, ahora surgen importantes elementos que vienen a fortalecer la hipótesis del encubrimiento y maquinación de estado.
Entre las múltiples revelaciones que se realizaron, y que se incluyen en un Reporte Especial (el tercero de este grupo de investigadores) sobre el caso, destaca una serie de videos que comprueban la presencia y operación de una agrupación de élite de la Secretaría de Marina.
Se trata de agentes de la Unidad de Inteligencia, quienes solo actúan ante órdenes del Secretario de Marina -en ese entonces Vidal Soberón-, o del presidente de la república, y quienes estuvieron realizando una operación encubierta el pasado 27 de octubre del 2014 en el Basurero de Cocula; es decir, un mes después de la desaparición de los estudiantes, pero dos días antes de que este lugar se volviera el epicentro del caso, después de supuestas declaraciones que referían aquí la ejecución y presencia de restos.
Cabe señalar que ese mismo 27 de octubre por la tarde, Murillo Karam, informó de la captura de 4 presuntos sospechosos, quienes habrían confesado su participación en el crimen, según sus palabras; no obstante que el GIEI documentó que para ese momento, los detenidos aún no habían sido siquiera presentados ante la PGR; es decir, se estaban dando afirmaciones sobre hechos que «al menos en el expediente oficial, aún no habían ocurrido».
Lo más grave, es que el GIEI, no solo volvió a ratificar los actos de tortura que se realizaron a quienes presuntamente refirieron a este punto como el destino final de los normalistas, sino que además, comprobó que el Acta Circunstanciada respecto de la búsqueda y recolección de indicios en el Río SanJuan, que abarcó los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014, en realidad era falsa, la agente que supuestamente la firmó, la desconoce y demostró que estaba en otra ciudad en el momento de su presunta realización.
Cabe recordar que en este punto, es también donde Tomás Zerón, llevó personalmente a Agustín García Reyes «El Chereje», uno de los detenidos, para que presuntamente declarara el punto exacto donde llevaron a los estudiantes; durante estas diligencias, fue durante las cuales se encontraron los restos del quien fuera el primer normalista identificado, un enorme pedazo de hueso, que fue identificado por especialistas de la Universidad de Innsbruck, como parte de Alexander Mora Venancio.
Resulta de extrañar, por qué no informó la Marina, de estas diligencias previas en el lugar, donde además se les observa recorriendo varios puntos, y hasta encendiendo una hoguera; lo que representaría una flagrante alteración de la escena del crimen; pero más intrigante aún resulta, por el hecho que durante las diligencias realizadas por Zerón en el lugar, uno de los buzos de la marina falleciera de forma sospechosa, a pesar de la escasa profundidad y corriente del río.
Se trata de múltiples acciones que levantan suspicacias, y que ameritarían al menos una declaración amplia y oportuna, de los altos mandos de la Secretaría de Marina.
Durante su más reciente informe, el GIEI también documentó que la Secretaría de la Defensa Nacional, concretamente a través de los batallones y zonas militares del Ejército Mexicano en Guerrero, ordenó desde días antes de los hechos, seguir de cerca todas las acciones de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa; e incluso, ese mismo trágico 26 de septiembre, estaban a cargo de las instalaciones del C4, desde donde manipularon las cámaras para evadir los registros, particularmente de lo sucedido en un tramo de alrededor de 4 horas. Tiempo en el cual se perpetró la desaparición de los 43 normalistas.
A la fecha, la Sedena, que administraba en ese entonces las instalaciones del Palacio de Justicia, también se ha negado a publicar las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, a pesar de que su existencia ha sido referida por testigos, y que también representan uno de los puntos clave de los hechos sucedidos aquella noche.
El GIEI, también documentó que el ejército mexicano ha llevado a cabo sus propias investigaciones sobre el caso, pero resaltó que a la fecha esta información permanece reservada e inaccesible para su escrutinio independiente.
Destaca de igual forma la denuncia realizada por el grupo de reconocidos investigadores, acerca del fallecimiento de 22 personas (solo 2 por causas naturales) que pudieron haber tenido información sensible sobre el caso.
Con este Informe, el GIEI emitió también una lista de 26 recomendaciones para poder generar avances en el caso, incluyendo la investigación detallada de los casos de tortura, la entrega de todo el material técnico en posesión del 27 Batallón de Iguala, la evaluación de manera compartida de toda la evidencia, así como también la recabación de toda la información posible de las denuncias ciudadanas que se tuvieron sobre el caso.
