La propuesta busca armonizar la legislación vigente con los cambios constitucionales aprobados en diciembre de 2024, que modificaron la organización de la justicia estatal y dieron paso a un nuevo esquema de administración, vigilancia y disciplina.
Advierten atribuciones duplicadas y vacíos legales
Durante su intervención ante el Congreso mexiquense, Martínez Vargas señaló que la legislación expedida en septiembre de 2025 contiene disposiciones que asignan una misma responsabilidad a distintas instancias, además de referencias a figuras inexistentes y procedimientos insuficientemente definidos.
De acuerdo con la exposición de motivos, estas deficiencias surgieron durante la transición del antiguo Consejo de la Judicatura, que concentraba las funciones administrativas y disciplinarias, hacia una estructura integrada por el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
El legislador argumentó que la falta de delimitación puede ocasionar conflictos de competencia. Por ejemplo, cuando diferentes autoridades cuentan con facultades aparentemente simultáneas para autorizar licencias, designar sustitutos o resolver procedimientos disciplinarios.
En esas circunstancias, las decisiones institucionales podrían ser impugnadas por haber sido emitidas por una autoridad sin competencia legal, situación que la iniciativa pretende prevenir.
¿Qué modificaciones contempla la iniciativa?
El proyecto plantea establecer reglas más claras para gestionar licencias, vacantes, sustituciones y procedimientos administrativos dentro del Poder Judicial.
También propone concentrar determinadas responsabilidades administrativas en el órgano constitucionalmente facultado para ejercerlas, incluida la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional y la operación de un sistema único de información estadística.
En materia de vigilancia, se busca diferenciar las atribuciones de la Contraloría Interna y del Tribunal de Disciplina Judicial, particularmente respecto de la investigación, tramitación y resolución de posibles faltas administrativas.
Otro componente consiste en definir criterios e indicadores mínimos para evaluar el desempeño de las personas juzgadoras electas durante su primer año de funciones, así como uniformar los procedimientos relativos a excusas, recusaciones e impedimentos.
Según el documento presentado, las modificaciones no implicarían crear nuevas dependencias o plazas ni generar un impacto adicional en el presupuesto.
Buscan ajustar la legislación antes de las elecciones judiciales de 2028
La iniciativa también está relacionada con el calendario de renovación de cargos judiciales en el Estado de México.
Martínez Vargas recordó que las convocatorias correspondientes deberán publicarse a más tardar el 30 de abril de 2027, mientras que los próximos comicios judiciales están previstos para el primer domingo de junio de 2028.
El diputado consideró necesario corregir las inconsistencias normativas antes de ese proceso, tomando en cuenta que la primera elección judicial mexiquense se realizó en junio de 2025 y que la nueva ley orgánica fue aprobada apenas tres meses después.
La propuesta fue presentada durante una sesión deliberante del Congreso estatal y constituye un planteamiento de reforma, por lo que los cambios descritos todavía no forman parte de la legislación vigente.














