El Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México resguarda un expediente de 1817 que evidencia cómo, incluso hace más de dos siglos, algunas mujeres acudían ante las autoridades para defender sus derechos y los de sus familias. El documento narra el caso de una abuela que intervino legalmente para proteger la herencia de su nieta en la antigua Villa de Tacuba, hoy parte de la Ciudad de México.

Un conflicto por un terreno en tiempos difíciles

Los hechos ocurrieron a principios del siglo XIX, en un contexto marcado por crisis sanitarias, escasez y los efectos de la Guerra de Independencia. En ese periodo, la población enfrentaba epidemias como viruela, fiebre, cólera y tifo, además del aumento de precios y dificultades económicas.

En medio de esa situación, el 11 de marzo de 1817, un hombre identificado como Alejandro Jorge solicitó a las autoridades un pequeño terreno en el barrio de San Juan Amantla para sembrar. Argumentó que el predio estaba libre porque su propietaria, Juliana Bonifacia, se había mudado a otro lugar tras contraer matrimonio, llevándose consigo a su hija.

En su petición, el solicitante sostuvo además que las mujeres no tenían derecho sobre ese tipo de tierras y que la menor era demasiado pequeña para hacerse cargo de la parcela.

Con base en esos argumentos, las autoridades decidieron otorgar el terreno al solicitante.

La intervención de una abuela ante las autoridades

Dos días después de la resolución, María Marcela, abuela de la menor, presentó un escrito ante el subdelegado de Tacuba para impugnar la decisión. En su documento explicó que el terreno sí tenía un dueño legítimo.

De acuerdo con su versión, la parcela había pertenecido a su hija Juliana Bonifacia, quien la había recibido tras la muerte de su esposo José Manuel, un soldado que falleció durante una de las epidemias que afectaban a la población en aquella época.

María Marcela argumentó que, conforme al derecho de viudedad vigente entonces, la propiedad debía permanecer dentro de la familia. Por ello, la parcela correspondía a su nieta María Diega Gertrudis, quien además era huérfana y tenía en ese terreno su única herencia.

En un escrito posterior, la abuela también señaló que el gobernador de Tacuba había proporcionado información incorrecta al favorecer la solicitud de Alejandro Jorge. Por esta razón pidió que las autoridades revisaran la decisión tomada y que la parcela fuera restituida a la menor.

Documentos que permiten entender la vida en el siglo XIX

El expediente forma parte del acervo documental que conserva el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México, integrado por registros judiciales que permiten conocer aspectos de la vida cotidiana, los conflictos legales y las decisiones administrativas de la época.

De acuerdo con el Poder Judicial mexiquense, este tipo de documentos también reflejan que, incluso en el siglo XIX, algunas mujeres recurrían a los mecanismos legales disponibles para defender su patrimonio y los derechos de sus familiares en contextos sociales complejos.