Una regulación que vuelve a poner a los medios bajo discusión

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió en julio de 2026 una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuesta que ha colocado nuevamente en el centro del debate la relación entre la protección de quienes consumen contenidos de radio y televisión y el ejercicio de la libertad de expresión.

El proyecto deriva de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025, y plantea mecanismos para que las audiencias puedan ejercer derechos como recibir información veraz, plural y oportuna. Su contenido ha provocado posiciones encontradas entre autoridades, concesionarios, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.

La discusión no se limita a la forma en que deben atenderse las inconformidades de las audiencias. Uno de los principales puntos de controversia es hasta dónde puede llegar la intervención de una autoridad reguladora sin afectar la independencia editorial de los medios.

¿Qué contemplan los nuevos lineamientos?

La propuesta tiene como fundamento el artículo 6° constitucional y las disposiciones de la legislación aprobada en 2025, que sustituyó a la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y estableció a la CRT como un órgano desconcentrado con independencia técnica.

El marco legal reconoce diversos derechos de las audiencias y establece obligaciones para los concesionarios de radio, televisión abierta y de paga, así como para programadoras de carácter comercial, público y social. Entre ellas se encuentra la elaboración de Códigos de Ética y la creación de Defensorías de Audiencias.

El Pleno de la CRT determinó que el proyecto fuera sometido a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026 mediante su plataforma digital. El documento, de aproximadamente 30 páginas, establece derechos, obligaciones y procedimientos que serían aplicables en caso de aprobarse.

De concretarse su publicación en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos entrarían en vigor 30 días después y sustituirían disposiciones emitidas en febrero de 2025 por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los concesionarios también tendrían determinados plazos para registrar sus nuevos Códigos de Ética.

Entre los derechos contemplados se encuentran recibir información veraz, plural y oportuna, así como contar con elementos que permitan distinguir entre contenidos noticiosos, opiniones, propaganda y publicidad.

Para ello, la propuesta plantea el uso de recursos como plecas, cortinillas u otros avisos que permitan identificar la naturaleza de cada contenido. También incorpora aspectos relacionados con el derecho de réplica, la no discriminación y la accesibilidad para personas con discapacidad, mediante herramientas como subtitulado y Lengua de Señas Mexicana.

Los Códigos de Ética tendrían que incorporar estos derechos, además de establecer procedimientos para presentar quejas y criterios editoriales. Las Defensorías de Audiencias serían responsables de recibir y atender las inconformidades en un plazo de hasta 20 días, así como de emitir recomendaciones.

En caso de que estas no fueran atendidas, la CRT podría intervenir conforme a las facultades previstas en el proyecto, incluidas eventuales sanciones.

Gobierno defiende el proyecto como un mecanismo de autorregulación

La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde han sostenido que la propuesta busca fortalecer los derechos de las audiencias mediante mecanismos de autorregulación y no establecer un esquema cuyo propósito central sea sancionar a los medios.

La postura oficial plantea que sean los propios medios quienes designen a sus defensores de audiencias y establezcan mecanismos internos para atender las inconformidades de quienes reciben sus contenidos.

Desde el gobierno y sectores legislativos de Morena también se ha argumentado que precisar conceptos puede reducir márgenes de discrecionalidad y favorecer el acceso a información plural y veraz, reconocida como un derecho constitucional.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a participar en la consulta pública y subrayó que el documento todavía está sujeto a modificaciones. En la misma línea, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, ha rechazado que la propuesta tenga como finalidad censurar la libertad de expresión.

Otro argumento oficial es que las disposiciones están dirigidas a los concesionarios de radiodifusión y televisión, por lo que no contemplan a la prensa escrita ni a las plataformas digitales, aunque estos últimos ámbitos podrían ser objeto de análisis posteriormente.

CIRT advierte sobre discrecionalidad y posibles sanciones

Las objeciones más relevantes provienen de organizaciones de medios y sectores de la oposición. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha cuestionado la redacción de algunos apartados por considerar que conceptos como información falsa o descontextualizada podrían resultar ambiguos.

Desde esa perspectiva, la aplicación de esos criterios podría abrir espacios de discrecionalidad y terminar trasladando a las autoridades facultades que, de acuerdo con la propia propuesta, corresponderían a los mecanismos de autorregulación.

La organización también ha manifestado preocupación por el régimen sancionatorio, que contempla multas que podrían alcanzar hasta 1% de los ingresos anuales en determinados supuestos.

Otro de los puntos señalados es la posibilidad de que se presenten quejas anónimas o artificiales contra contenidos periodísticos. La CIRT considera que ese escenario podría utilizarse como mecanismo de presión sobre periodistas y medios de comunicación.

Organizaciones civiles alertan por posibles efectos en el periodismo

Las preocupaciones también han sido planteadas por Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información.

La agrupación ha advertido sobre un posible efecto de autocensura si los medios perciben que determinados contenidos pueden derivar en procedimientos o sanciones a partir de conceptos que considera poco precisos.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, ha señalado que el riesgo de una sanción puede influir en las decisiones editoriales incluso antes de que esta sea aplicada. Bajo ese argumento, la regulación podría modificar la manera en que periodistas y medios abordan determinados asuntos.

También se ha cuestionado que una autoridad pueda intervenir en aspectos vinculados con características o tiempos de los contenidos, pues ello podría tener consecuencias sobre la independencia editorial.

Oposición identifica riesgos para la libertad de expresión

En el Senado y la Comisión Permanente, legisladores de oposición han expresado igualmente su rechazo o preocupación ante distintos elementos de la propuesta.

Entre ellos se encuentran José Máximo García López, del PAN; Manuel Añorve Baños, del PRI, y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, quienes han planteado que los lineamientos podrían convertirse en un instrumento de control sobre los medios y afectar la libertad de expresión.

Algunos legisladores han llegado a describir el proyecto como una posible “ley censura”, mientras que otros han advertido sobre un eventual retroceso en materia democrática si la regulación permite que una autoridad determine qué contenidos cumplen con determinados parámetros de veracidad u objetividad.

Las diferencias muestran que el debate no gira únicamente alrededor de los derechos de las audiencias, sino también sobre quién debe establecer los límites de esos derechos y mediante qué mecanismos.

Consulta pública definirá el siguiente paso

Por ahora, los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias permanecen en etapa de consulta. Audiencias, concesionarios, especialistas, instituciones académicas y organizaciones civiles pueden presentar observaciones durante el periodo establecido por la CRT.

Todavía no existe una fecha definida para la aprobación de una versión definitiva ni para su eventual entrada en vigor. El contenido final dependerá, en buena medida, de las modificaciones que resulten del proceso de participación pública.

La controversia tiene antecedentes en México. Desde años anteriores se han producido disputas jurídicas y políticas alrededor de las reglas para proteger a las audiencias, particularmente cuando estas disposiciones se relacionan con la libertad editorial y de expresión.

El desafío planteado por la propuesta consiste, en última instancia, en encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de las audiencias a recibir contenidos identificables, accesibles y plurales y la obligación del Estado de preservar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión.

Los resultados de la consulta y la eventual redacción definitiva permitirán determinar si el nuevo esquema logra conciliar ambos objetivos o si las diferencias entre autoridades, medios y organizaciones civiles permanecen como uno de los principales obstáculos para su implementación.

 

Imagen ilustrativa generada con IA