Confirman acción penal contra 33 personas; 27 ya fueron vinculadas a proceso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejerció acción penal contra 33 exservidores públicos, servidores públicos y particulares por su presunta participación en un esquema ilegal de manipulación y explotación de plazas dentro del Gobierno del Estado de México.

De acuerdo con la institución, 27 de los detenidos ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva justificada. La situación jurídica de otro investigado aún está pendiente de resolverse, mientras que cinco personas promovieron juicios de amparo.

La investigación señala que el presunto esquema habría operado desde 2021 mediante la asignación de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas, conocidas comúnmente como «aviadores», lo que habría ocasionado un daño económico al erario estatal.

La Fiscalía señala que algunos investigados mantenían un nivel de vida que no correspondía a sus ingresos

Uno de los aspectos destacados por la FGJEM es que, durante las investigaciones, detectó que varios de los involucrados presuntamente llevaban un estilo de vida que no coincidía con los ingresos de un servidor público.

Según la Fiscalía, entre los indicios recopilados se encuentra información que apunta a viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e islas del Caribe, además del uso de vehículos, prendas y accesorios de alta gama, así como la ocupación de inmuebles de alta plusvalía.

Estas observaciones forman parte de los datos integrados en la carpeta de investigación y no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial sobre responsabilidades.

La red habría involucrado a funcionarios de alto nivel

La investigación refiere que en el presunto esquema participaron funcionarios de distintos niveles jerárquicos de dependencias estatales.

Entre los perfiles señalados se encuentran dos exsubsecretarios de la administración estatal 2017-2023, exdirectores generales, exdelegados administrativos, coordinadores, directores de área, subdirectores y personal operativo que laboró en dependencias como las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, además de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

La Fiscalía indicó que varios de los investigados mantenían relaciones familiares o de confianza, lo que, según las indagatorias, permitió que el esquema continuara aun cuando algunos funcionarios dejaban sus cargos, ya que quienes los sustituían presuntamente eran incorporados a la misma red.

Las denuncias surgieron tras detectar cientos de altas irregulares

El caso comenzó a investigarse después de que el Gobierno del Estado de México presentara denuncias por posibles delitos relacionados con 459 movimientos de alta de personal docente, al detectar que las personas registradas no realizaban funciones en los centros educativos para los que supuestamente habían sido contratadas.

La Fiscalía sostiene que las plazas eran dadas de alta con expedientes incompletos o sin la documentación requerida y posteriormente registradas en los sistemas administrativos encargados de procesar la nómina gubernamental.

Así habría operado el presunto esquema

De acuerdo con las investigaciones, la red contaba con personas encargadas de reclutar principalmente a familiares y conocidos para registrarlos como docentes sin que desempeñaran actividades reales.

Posteriormente, las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios eran retenidas por integrantes de la organización o por terceros, quienes retiraban el dinero y lo distribuían entre los participantes.

La FGJEM afirma que los titulares de esas plazas recibían únicamente una cantidad reducida por prestar sus datos personales. Como ejemplo, señaló que en algunos casos personas que acumulaban depósitos por alrededor de 200 mil pesos recibían solamente 6 mil pesos, mientras que la mayor parte del dinero presuntamente era distribuida entre los operadores de mayor jerarquía.

También detectaron irregularidades en el proceso administrativo

Las investigaciones señalan que las altas de personal presuntamente se realizaban utilizando claves de acceso compartidas entre funcionarios de distintas dependencias, además de asignar a los supuestos docentes a planteles educativos inactivos para evitar que fueran detectados.

La Fiscalía también reportó que algunos capturistas realizaron más de 70 altas irregulares, por las cuales presuntamente recibían alrededor de 5 mil pesos por cada movimiento. Asimismo, detectó que varios registros eran efectuados durante la madrugada y alternando las cuentas de usuario utilizadas para ingresar la información.

Mensajes sugerían negar cualquier vínculo con el gobierno

Como parte de los datos de prueba, la carpeta de investigación contiene conversaciones en las que presuntamente se instruía a los llamados «falsos docentes» a no registrarse en el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado.

Además, tras el inicio de las auditorías en 2026, algunos mensajes les habrían indicado cancelar sus cuentas bancarias de nómina y negar haber trabajado para el Gobierno del Estado de México si eran contactados por alguna autoridad.

El posible daño económico supera los 96 millones de pesos

La Fiscalía estima que, únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, el esquema habría permitido obtener ilícitamente más de 96 millones de pesos, considerando salarios, aguinaldos, primas vacacionales y otros pagos.

La institución añadió que el monto podría aumentar si durante el proceso judicial se acredita que las conductas se mantuvieron de manera continua desde 2021.

Asimismo, señaló que los investigados presuntamente también se asignaron plazas docentes con percepciones cercanas a 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían mediante licencias irregulares para conservar beneficios laborales y de jubilación.

Enfrentan cargos por fraude y abuso de autoridad

La FGJEM informó que las personas imputadas enfrentan procesos por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad.

El expediente, precisó la institución, reúne 30 tomos y aproximadamente 12 mil fojas con entrevistas, peritajes, inspecciones y diversa evidencia presentada ante la autoridad judicial.

Las audiencias de vinculación se desarrollan entre el 28 de junio y el 4 de julio. Hasta el momento, 27 de los imputados permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras continúan los procesos correspondientes.

La Fiscalía recordó que las personas investigadas deben ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.