Seis personas, entre ellas cuatro ex integrantes de la Policía Municipal de Ecatepec, fueron sentenciadas a 47 años de prisión por el delito de homicidio calificado, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Dos de los ex agentes figuraban como objetivos prioritarios dentro de la denominada Operación “Enjambre”.

Muerte tras agresión bajo custodia

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2024 en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec. Ese día, elementos municipales acudieron a un inmueble tras el señalamiento de una mujer, quien afirmó estar retenida en contra de su voluntad por su pareja.

En el lugar, los entonces policías, junto con otros implicados, sometieron al hombre señalado y lo golpearon. Posteriormente, lo subieron por la fuerza a un vehículo oficial con la intención de trasladarlo ante el Ministerio Público, donde sería presentado por un presunto secuestro.

Sin embargo, la víctima falleció a causa de las lesiones provocadas durante la agresión.

La FGJEM indicó que, tras los hechos, los responsables intentaron desviar las investigaciones al sostener que la muerte había sido consecuencia de un supuesto linchamiento. No obstante, las indagatorias permitieron establecer su probable responsabilidad directa en el homicidio.

Proceso judicial y sentencia

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y obtuvo órdenes de aprehensión contra los seis implicados: Galdino Flavio Bautista López, Elvia Yoselin Bautista López, así como los ex policías Rafael Goribar Martínez, Vianey Anayeli Palafox Acuña, Gonzalo Valdés Galicia y Jesús Contreras.

Tras ser detenidos en acciones distintas, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde enfrentaron proceso judicial. Finalmente, la autoridad jurisdiccional dictó una condena de 47 años de prisión para cada uno.

Avances de la Operación “Enjambre”

La Fiscalía mexiquense destacó que esta sentencia se enmarca en la Operación “Enjambre”, estrategia orientada a investigar y sancionar a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas o con grupos generadores de violencia.

Con este caso, la institución ha obtenido hasta el momento 15 sentencias condenatorias contra un total de 20 personas relacionadas con dicha operación.