La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la conformación de una comisión integrada por especialistas de distintas instituciones públicas para analizar la viabilidad del uso de fracturación hidráulica (fracking) en el país. El grupo tendrá como objetivo emitir, en un plazo inicial de dos meses, una primera orientación técnica sobre si esta práctica es factible y bajo qué condiciones podría desarrollarse.

El planteamiento ocurre en un contexto de alta dependencia energética: alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume México es importado, principalmente desde Estados Unidos, y en su mayoría corresponde a gas no convencional.

Evaluación científica antes de cualquier decisión

De acuerdo con el gobierno federal, la comisión no parte de una decisión previa para explotar este tipo de recursos, sino que busca generar evidencia técnica y científica que permita valorar riesgos, costos y beneficios.

La mandataria señaló que el análisis incluirá aspectos como la disponibilidad de reservas, las condiciones geológicas, los avances tecnológicos y los posibles impactos ambientales. También se evaluará si existen innovaciones que reduzcan efectos negativos, particularmente en el uso y contaminación del agua.

En este proceso participan instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, así como centros de investigación especializados en energía, agua y medio ambiente.

Agua, medio ambiente y tecnología: ejes del análisis

Uno de los puntos centrales del estudio será el impacto hídrico. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación indicó que el agua será un eje transversal en la evaluación, desde su extracción hasta su tratamiento y posible reutilización.

El grupo multidisciplinario incluye expertos en geología, ingeniería petrolera, tratamiento de aguas, cambio climático y nanotecnología, con el objetivo de abordar la complejidad de los yacimientos no convencionales desde distintas perspectivas.

Además, se analizarán nuevas técnicas que han surgido en años recientes, como el uso de químicos biodegradables, sistemas de reciclaje de agua o alternativas como el fracking con dióxido de carbono.

Soberanía energética como argumento central

El gobierno federal justificó la revisión del fracking en la necesidad de fortalecer la soberanía energética. Según lo expuesto, México ya consume gas no convencional proveniente del extranjero, lo que ha llevado a replantear la posibilidad de aprovechar recursos propios.

Desde la academia, representantes universitarios coincidieron en que el análisis debe considerar tanto los beneficios económicos como los costos sociales y ambientales, así como los riesgos asociados a la dependencia de mercados internacionales.

Consulta social, condición indispensable

La presidenta subrayó que, en caso de que el análisis técnico determine que el fracking es viable en ciertas regiones, cualquier decisión posterior estará sujeta a procesos de consulta con las comunidades involucradas.

Afirmó que no se impulsará ningún proyecto sin el consentimiento de la población local y que se priorizará la participación social en la toma de decisiones, especialmente en zonas donde pudiera existir afectación directa.

Energías renovables seguirán siendo prioridad

Pese a la apertura al análisis del gas no convencional, el gobierno reiteró que la política energética mantiene como eje principal el desarrollo de fuentes renovables. La meta oficial es que hacia 2030 al menos el 40 por ciento de la generación eléctrica provenga de energías limpias.

Entre las tecnologías impulsadas se encuentran la solar, eólica, geotérmica e hidráulica, así como sistemas de almacenamiento energético. En este contexto, el gas natural es considerado un combustible de transición dentro de la estrategia nacional.

Un proceso abierto y en desarrollo

Las autoridades insistieron en que el trabajo de la comisión representa una etapa inicial y que no existe una determinación definitiva sobre la explotación de gas no convencional en México.

El análisis continuará más allá del primer informe, incorporando nuevas evaluaciones técnicas y, en su caso, procesos sociales, antes de que se adopte cualquier resolución sobre el tema.