Integrantes del Colectivo Haz Valer Mi Libertad, junto con la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, llevaron a cabo una manifestación en el centro de Toluca, frente al Palacio de Gobierno, para demandar una reforma judicial que garantice la aplicación justa de la ley con una perspectiva de derechos humanos.
La protesta, que recorrió este miércoles 28 de mayo varias calles del centro de Toluca, reunió a decenas de personas, activistas y familiares, de quienes consideran injustamente encarcelados.
El colectivo hizo un llamado a los jueces y magistrados que resulten electos en las elecciones judiciales de 2025 para que actúen con un enfoque centrado en los derechos humanos y pongan fin a los procesos judiciales deficientes que han resultado en la privación de libertad de inocentes, como ha quedado comprobado, con casos como el de Daniel Plácido.
En su mensaje, enfatizaron la necesidad de una justicia «real, efectiva y humana», destacando las fallas en las investigaciones y los procedimientos legales que han afectado a sus familias.
La comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, ubicada en el municipio de Nicolás Romero, ha sido un pilar en esta lucha, especialmente en su exigencia por la liberación de Tomás Martínez Mandujano, considerado un preso político del Estado de México.
Según el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Tomás está privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Otumba, donde enfrenta una sentencia de 47 años de prisión por cargos que la comunidad y el colectivo aseguran son infundados. Los habitantes de Azcapotzaltongo lo describen como un líder comprometido que gestionó mejoras para su comunidad, como acceso a servicios básicos, y que ha sido criminalizado por su labor social.
Durante la manifestación, pancartas con el mensaje «Libertad para Tomás» fueron visibles entre los asistentes, quienes también recordaron que la lucha por su liberación ha incluido marchas previas, como la del 17 de abril de 2024 en el Ángel de la Independencia, y múltiples protestas en el Estado de México.
Las demandas del colectivo se alinean con problemáticas más amplias en el sistema judicial mexicano. Un informe de Contralínea publicado en 2021 reveló que, a pesar de pruebas de inocencia, muchas personas permanecen en prisión debido a actos de corrupción o negligencia judicial, enfrentando condenas que superan los 30 años. Asimismo, organizaciones como Amnistía Internacional han documentado casos similares, abogando por una mayor protección de los derechos humanos y justicia para quienes han sido privados de su libertad sin fundamentos sólidos.
Foto: @Hazvalermilibe1
