Este jueves 7 de diciembre, diversas organizaciones sociales y activistas han lanzado la Campaña Nacional para exigir la libertad para Tomás Martínez Mandujano, un activista indígena de la comunidad originaria de Llano Grande Azcapotzaltongo, municipio de Nicolás Romero, quien fue condenado por la fiscalía mexiquense como presunto responsable de homicidio.
Los cargos que le imputan son sumamente graves, pues lo acusan de ser el responsable del homicidio de un Policía de Investigación, no obstante que no solo su comunidad está refrendando su inocencia, sino que también especialistas jurídicos y defensores de derechos humanos, están denunciando abiertamente el cúmulo de evidencias que demuestran su inocencia.
Tomás Martínez Mandujano, «es el preso político del Estado de México», así lo calificó Antonio Lara Duque, fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien ha venido acompañando y documentando el caso, y denunciando la serie de irregularidades de este caso que se gestó en la anterior administración estatal del Estado de México.
A diferencia de otros casos, como el de Kenia Hernández, que está siendo procesada en un penal federal y por instancias federales, o los «injustamente presos», quienes están en prisión por casos de deficiente impartición de justicia y falsas imputaciones, en el caso de Tomás Martínez, estaría en prisión como una forma de reprimenda a su activismo político en defensa de los pueblos originarios, y muy particularmente de su comunidad.
En Azcapotzaltongo, se venían promoviendo acciones de autogobierno y autonomía, consiguiendo avances importantes que no se habían obtenido por medio de las instituciones municipales, y Tomás Martínez era precisamente quien lideraba los esfuerzos de autogestión que venían causando incomodidad en las instituciones oficiales.
A Tomás Martínez, en su comunidad le reconocían estar haciendo logros importantes para ayudar a la gente pobre, lo cual no era cuestión menor, pues se trata también de una de las localidades con mayor marginación en la entidad.
Albañil de oficio, Tomás Martínez venía realizando una ardua labor en defensa de los derechos humanos, consiguiendo la construcción de una escuela y demás infraestructura pública y promoviendo la autonomía de su comunidad como pueblo originario otomí, no obstante que a él le están imputando hechos lamentables, de los cuales no tuvo parte.
Así lo afirman las familias, y también las organizaciones acompañantes que este jueves están lanzando la campaña nacional, buscando dar a conocer ampliamente el caso, las circunstancias, y los motivos para exigir su libertad.
De qué se acusa a Tomás Martínez Mandujano
En marzo del 2020, agentes ministeriales arribaron a Nuevo Ejido Llano Grande, para cumplir con un mandamiento judicial en un domicilio de esta localidad, no obstante que habrían sido repelidos por los habitantes, y uno de los agentes habría sido víctima de un linchamiento, falleciendo a consecuencia de los hechos.
Este caso recuerda un poco a lo sucedido con los defensores del agua de Tlanixco, donde de igual forma se presentó un linchamiento, en aquella ocasión contra caciques que pretendían consumar el despojo de un cause de agua de la comunidad, y donde de igual forma se está procediendo de forma judicial, no contra los artífices de la agresión, sino contra los líderes de las causas comunitarias de la localidad.
En este caso, los defensores de Tomás Martínez, afirman que al igual que como sucedió en el caso de Tlanixco, el líder indígena no estaba presente en los lamentables hechos violentos acontecidos, sino que estos están siendo utilizados como un pretexto para avanzar hacia la persecución de líderes políticos.
Al igual que como sucedió en el caso de Tlanixco, donde la falta de evidencia contra los acusados, derivó finalmente en la liberación de los líderes de la comunidad, los defensores de Tomás Martínez afirman que tarde o temprano, el activista indígena también tendrá que ser liberado, ante las múltiples irregularidades que estarán llegando en próximas semanas también a tribunas internacionales.
Y es que uno de los principales problemas de la causa penal contra el activista indígena, es que no existe una sola evidencia técnica para inculpar a Tomás Martínez de estos hechos que le imputan.
Lara Duque, en diversas entrevistas y foros ha venido explicando, que la única acusación que pesa sobre el acusado, son presuntas declaraciones de testigos, otros agentes ministeriales que estuvieron en los hechos, quienes de igual forma podrían estar actuando bajo consigna.
La testimonial, es la evidencia que menos peso debería tener en el sistema penal, pues solo se basa en un dicho, y no en una evidencia física fehaciente que demuestre algún hecho; en este caso no hay imágenes, no hay rastros de ADN, no hay pruebas periciales, no hay registros de geolocalización, no hay una sola evidencia sólida que tenga la fiscalía para sostener la acusación en contra de Tomás Martínez; y a pesar de ello, un juez ya lo condenó el pasado mes de junio a 47 años de prisión.
Su madre, quien perdió también un brazo años atrás, viene de igual forma denunciando de forma amplia la manera en la cual la justicia del Estado de México la ha despojado también de un hijo, mientras que integrantes de su comunidad vienen denunciando que se encuentran ahora más unidos que nunca, y junto con diversas organizaciones sociales, emprenderán una campaña nacional y una lucha internacional para denunciar este caso, y exigir su liberación.
