La crisis en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, provocó este viernes una protesta de familiares de internos y la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), después de que dos enfrentamientos consecutivos dejaran 12 personas muertas y 17 lesionadas.
Mientras las autoridades investigan cómo ingresaron armas de fuego al establecimiento, familiares de los reclusos denuncian falta de información sobre sus seres queridos y exigen garantías de seguridad ante el temor de nuevos episodios violentos.
Familiares bloquean carretera y exigen respuestas
La incertidumbre por lo ocurrido dentro de la prisión llevó este viernes a un grupo de familiares a bloquear la carretera federal México 15, cerca del centro penitenciario.
Los manifestantes reclamaron información sobre las condiciones de los internos, luego de recibir versiones sobre posibles nuevas agresiones dentro de las instalaciones.
La movilización interrumpió temporalmente la circulación en ambos sentidos. Posteriormente, las autoridades permitieron el ingreso de diez representantes de las familias para verificar la situación de las personas recluidas, tras lo cual fue liberada la vialidad.
Por su parte, la CEDH anunció investigaciones propias y dictó medidas cautelares dirigidas a proteger la integridad de los internos. El organismo también solicitó a las autoridades esclarecer las muertes y garantizar condiciones de seguridad en el establecimiento.
Dos días de violencia dejan 12 fallecidos
La crisis comenzó ayer jueves, cuando una confrontación con armas de fuego estalló alrededor de las 10:30 de la mañana en los módulos 4 y 5 del penal, mientras se desarrollaban visitas familiares.
El enfrentamiento dejó nueve internos muertos y un menor de edad fallecido, además de varios lesionados. La emergencia movilizó a elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y servicios de auxilio.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa anunció posteriormente que había recuperado el control del recinto, la mañana de este viernes ocurrió una segunda riña, en la que murieron otros dos reclusos.
La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, precisó que en los acontecimientos del jueves se utilizaron armas de fuego cortas y largas, mientras que las víctimas del viernes presentaban heridas provocadas por objetos punzocortantes.
El secretario estatal de Seguridad, Sinuhé Téllez López, descartó que un grupo armado hubiera irrumpido desde el exterior. La investigación se concentra en las confrontaciones internas y las circunstancias que permitieron la presencia de armamento dentro de la prisión.
Sheinbaum anuncia refuerzo de seguridad; gobierno estatal revisará los penales
Ante la gravedad de los acontecimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes la participación del Gabinete de Seguridad federal y anunció un reforzamiento de la vigilancia penitenciaria en Sinaloa.
Por su parte, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, informó que funcionarios federales y estatales realizarán una revisión estratégica del sistema carcelario.
También dio a conocer un proyecto para construir un nuevo centro penitenciario en Culiacán, con apoyo del Gobierno federal.
La situación ocurre en un establecimiento que obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que identificó deficiencias en vigilancia, personal de custodia y condiciones de internamiento.
Hasta la noche de este viernes, el balance permanece en 12 muertos y 17 heridos, sin confirmación de nuevos fallecimientos. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades por ambos enfrentamientos, mientras las familias mantienen su exigencia de información y garantías para quienes permanecen recluidos.
