La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 50 años de prisión para Antonio Castillo García, tras quedar acreditada su participación en el delito de secuestro en agravio de dos hombres, de quienes desde el mes de abril de 2021 se desconoce su paradero.
Ambas víctimas fueron secuestradas en abril de 2021, cuando se encontraban laborando a bordo de una pipa de gas; desde ese momento se desconoce su paradero.
Estos hechos ocurrieron el 24 de abril de 2021, cuando las dos víctimas quienes se encontraban laborando a bordo de una pipa de venta de gas, fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta tipo Silverado, en la calle Sonora, en la comunidad San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca.
Las diligencias determinaron que cuatro tripulantes de esta camioneta, entre ellos el ahora sentenciado, portaban armas de fuego, con las cuales amagaron a las víctimas, a quienes bajaron de la pipa de gas y las condujeron a otro sitio. Posteriormente familiares de estos dos hombres comenzaron a recibir llamadas telefónicas, mediante las cuales les hicieron saber que los tenían secuestrados y exigieron una suma económica a cambio de liberarlos.
Estos hechos fueron denunciados ante esta Institución por lo que fue iniciada la indagatoria respectiva, además fueron llevadas a cabo diligencias de gabinete y campo. Como parte de las acciones llevadas a cabo, en el mes de junio del mismo año, esta Institución emitió acuerdo de recompensa para la localización de ambas víctimas, así como para la ubicación y aprehensión de los involucrados en este secuestro.
Antonio Castillo García fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a disposición del Órgano Jurisdiccional.
Con las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por esta Representación Social, la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez, dictó esta condena para el acusado, le fijó multa de 156 mil 835 pesos y 93 mil pesos como reparación del daño material, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
Por estos mismos hechos, el pasado mes de septiembre, elementos de la PDI aprehendieron a Javier “N”, quien se encuentra interno en un Penal estatal investigado por el secuestro de ambas víctimas.
