La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.
La propuesta fue avalada por mayoría durante una sesión extraordinaria y ahora deberá seguir su trámite legislativo ante el Pleno del Congreso. Como parte del procedimiento, el mandatario será notificado y contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar su defensa, ya sea por escrito o mediante comparecencia.
¿Qué se le señala al gobernador?
La solicitud de juicio político fue promovida por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con otros actores políticos.
El expediente incluye acusaciones sobre una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos y empresas vinculadas al entorno familiar del gobernador. De acuerdo con los señalamientos expuestos en la Comisión, proveedores del gobierno estatal habrían recibido recursos que posteriormente llegaron a entidades relacionadas con la familia García, entre ellas un despacho jurídico y fiscal.
Las cantidades mencionadas en los expedientes oscilan entre aproximadamente mil millones y más de dos mil millones de pesos.
Además de los presuntos delitos de peculado y conflicto de interés, el procedimiento incorpora antecedentes derivados de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por posibles incumplimientos en materia de equidad e imparcialidad durante procesos electorales, así como presuntas violaciones a la Constitución local.
El proceso tiene antecedentes
Samuel García Sepúlveda, quien asumió la gubernatura en 2021, ha enfrentado diversas solicitudes de juicio político durante su administración.
En años anteriores, la Comisión Anticorrupción declaró procedentes algunos expedientes relacionados con presuntas omisiones y violaciones constitucionales, aunque varios de esos casos fueron impugnados ante instancias judiciales.
En mayo de 2026, la presidenta de la Comisión, Armida Serrato Flores, informó sobre la reactivación de expedientes vinculados con resoluciones electorales. La aprobación de este nuevo procedimiento representa un paso adicional dentro de esos procesos y de la denuncia presentada recientemente por Morena.
La postura del gobernador
Hasta ahora, Samuel García Sepúlveda ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de investigaciones previamente analizadas y desechadas por autoridades locales.
El procedimiento aún se encuentra en una etapa inicial. Tras su aprobación en la Comisión, deberá ser analizado por el Pleno del Congreso, mientras el gobernador ejerce su derecho de defensa.
Hasta el momento no existe una resolución definitiva ni se han impuesto sanciones. En caso de avanzar, el juicio político podría derivar en medidas contempladas por la legislación estatal, entre ellas sanciones administrativas o inhabilitaciones, según el resultado del proceso.
El caso sigue en desarrollo
El inicio de este procedimiento ocurre en un contexto de confrontación política entre el Ejecutivo estatal y sectores de la oposición en Nuevo León.
En los próximos días, el Congreso continuará con el desahogo del expediente y el análisis de las pruebas y argumentos que presenten las partes involucradas, mientras también continúan investigaciones relacionadas en otras instancias. El desenlace dependerá del proceso legislativo y de las determinaciones que adopten las autoridades competentes.
