La Comisión de Desarrollo y Apoyo Social del Congreso mexiquense inició el análisis de la iniciativa del diputado Sergio García Sosa para establecer que la denuncia popular pueda ser anónima ante irregularidades en la entrega de programas sociales y que dicha figura sea un mecanismo eficiente para la sociedad, explicó el coordinador parlamentario del PT.
Al exponer la iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, el legislador Sergio García indicó que la operación de los programas sociales requiere transparencia, honestidad y rendición de cuentas. En este sentido, la ley de desarrollo social de la entidad ya considera la denuncia popular como instrumento de participación social para hacer del conocimiento de las autoridades los actos, hechos u omisiones que impliquen irregularidades en la entrega de programas sociales.
Sin embargo, agregó, actualmente las personas denunciantes deben proporcionar datos personales como su nombre, domicilio, entre otra información que los deja expuestos a posibles represalias, entre estas, que se les retiren los beneficios del programa. Por ello, reiteró, está iniciativa busca que la denuncia popular sea anónima y se sujete a lo dispuesto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas.
Además, la legislación no se debe limitar a la denuncia escrita y debe favorecer el uso de las tecnologías de la información para una comunicación ciudadana con las instituciones precisa, rápida y directa.
Finalmente, abundó, se busca armonizar la Ley estatal en materia de Desarrollo Social con la ley general, que ya contempla la figura de denuncia anónima, para así continuar con la protección de los sectores vulnerables ante irregularidades contrarias al buen uso de los programas sociales.
En su oportunidad, la diputada Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) consideró relevante avanzar en la transparencia y universalidad de los programas sociales. Propuso precisar si la falta se calificaría como grave o no grave y establecer requisitos para que proceda la denuncia popular a fin de no dejar en estado de indefensión a la persona servidora pública denunciada.
El diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) indicó que la reforma ayudaría a que las personas presenten denuncias sin enfrentar repercusiones en su contra, y para que puedan presentarlas a través de llamadas telefónicas o de las redes sociales.
La comisión acordó continuar con el análisis de la iniciativa para lo cual estableció un plazo para recibir comentarios y propuestas de las y los diputados.
