En un acto institucional para la máxima casa de estudios de la entidad, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, entregó, este 12 de agosto de 2026, formalmente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de México el proyecto de reforma a su Ley Universitaria.

Tras más de tres décadas sin actualizaciones estructurales, la UAEMéx abrió una consulta pública a su comunidad para análisis de un anteproyecto de ley que originalmente constaba de 186 artículos y 20 transitorios. La propuesta (visible en el link https://www.uaemex.mx/images/2026/banners/pdf/Julio/luaempi210726.pdf) entregada a la titular del Ejecutivo estatal ahora está conformada por 146 artículos distribuidos en siete títulos y diecisiete artículos transitorios; moderniza el marco normativo institucional y trae consigo serias implicaciones jurídicas. El artículo Tercero Transitorio del proyecto establece la abrogación de la norma análoga del 3 de marzo de 1992. También señala el término de un año natural a partir del inicio en vigor para que se expida un nuevo Estatuto Universitario.

Desde la perspectiva del derecho universitario, el impacto legal más significativo radica en la reconfiguración del sistema de elección de autoridades. La iniciativa establece normativamente el voto universal, directo, secreto y vinculante.

Para otorgar certidumbre y legalidad a estos procesos, el documento plantea la creación de un órgano electoral universitario. En cuanto a la rendición de cuentas, el proyecto dota de mayores facultades punitivas al Consejo Universitario (CU). Entre las implicaciones destaca que el CU tendrá la facultad legal de remover o destituir al titular de la rectoría cuando exista negligencia comprobada o ante violaciones graves a la ley.Asimismo, los consejeros universitarios, quienes ahora serán electos por un periodo de dos años, también podrán ser removidos bajo causales similares.

El proyecto introduce figuras jurídicas novedosas, tales como la «perspectiva de cuidados», regulación ética y el uso de la inteligencia artificial en el entorno académico. El texto dota ahora de reconocimiento normativo a la protección de los «seres sintientes», sentando un precedente en materia de bienestar y ética, particularmente relevante para los espacios de investigación científica, ciencias biológicas y agropecuarias.

En el artículo 56 del proyecto se establece que son universitarios las personas integrantes de la comunidad universitaria y los egresados de la propia Universidad con quienes ésta podrá establecer vínculos a fin de fortalecer los lazos de pertenencia e identidad universitaria.

En términos de administración y toma de decisiones, la iniciativa modifica la integración estatutaria del Consejo Universitario. La reforma mandata una representación efectiva y jurídicamente garantizada para los espacios periféricos; las personas titulares de las unidades académicas profesionales y centros universitarios tendrán voz y voto formal dentro del máximo órgano de gobierno.

Por ende, dicha propuesta deberá ser revisada para su reenvío a la Legislatura local.

La finalidad de presentar el documento previo al inicio del periodo ordinario de sesiones es lograr su aprobación entre septiembre y diciembre de 2026. La principal implicación legal de estos tiempos legislativos es garantizar que los cambios normativos que requieran recursos —como la creación del órgano electoral universitario— cuenten con una previsión financiera etiquetada y garantizada dentro del paquete fiscal estatal para el próximo año.