La Fiscalía General de la República, condenó y rechazó las acciones de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien el día sábado abrió paso para la liberación de 8 militares que se encontraban presos y bajo proceso judicial en el marco del Caso Ayotzinapa.
La Jueza Segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, revocó la prisión preventiva que se había determinado meses atrás, y les permitió de forma arbitraria afrontar el proceso en libertad, a pesar de ser investigados por graves delitos de desaparición forzada.
Esta determinación, llega como forma de cumplimentar una resolución emitida por magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Los militares que recibieron este inusual privilegio de parte del poder judicial, son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Andrés Flores Lagunas, Omar Torres Marquillo, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Roberto de los Santos Eduviges, Juan Sotelo Díaz y Uri Yashiel Reyes Lasos.
La jueza y los magistrados determinaron que era «suficente», con que los militares investigados por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se presenten dos veces al mes a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares, así como a entregar su pasaporte y abstenerse de salir del país.
Los sujetos también deberán presentar una «garantía económica» de 50 mil pesos, acreditar su domicilio particular y evitar acercarse o comunicarse con testigos, víctimas y no pisar el estado de Guerrero.
Tirando por la borda los esfuerzos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la fiscalía especializada, que tardó meses en conformar el expediente para acusar de graves crímenes a estos militares del Ejército Mexicano, la jueza ratificó que «no había riesgo de fuga» y por tanto les concedió el privilegio de afrontar el proceso judicial en su contra en «libertad condicional».
Estos 8 militares, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, conforme en las declaraciones de uno de los testigos protegidos clave sobre el caso; esta misma organización delictiva habría orquestad la desaparición y posible ejecución de los jóvenes estudiantes.
La FGR, a través de un comunicado, rechazó la determinación de la jueza, así como también de los Magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Francisco Sarabia Ascencio y Juan José Olvera López, denunciando una «secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas».
La FGR declaró «absolutamente injusta para las víctimas» esta resolución del poder judicial, y adelantó que presentará de inmediato acciones para garantizar la protección de las víctimas, así como también para investigar y en su caso sancionar este actuar cuestionable de actores del poder judicial, aludiendo a fracciones del Código Penal Federal, donde se se castiga como delito «los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen».
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, condenó también la medida cautelar concedida, señalando que «una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos».
Cabe señalar que esta acción se perpetró en día sábado, buscando minimizar el impacto mediático de estas acciones cuestionables del poder judicial.
Organizaciones que acompañan a las familias de Ayotzinapa, también condenaron la liberación, además de calificarla como una «muestra que el proceso se está derrumbando».
«A las decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de SEDENA, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados», denunció a través de sus canales oficiales el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
