El diputado Max Agustín Correa Hernández (Morena) afirmó que gracias a la Ley de Amnistía de la entidad más de tres mil personas presas han sido liberadas, y con el arribo de un nuevo gobierno estatal más personas injustamente confinadas podrían alcanzar este beneficio, pues la gobernadora Delfina Gómez es sensible ante el problema de las y los mexiquenses presos y sentenciados injustamente o por delitos menores.
Al encabezar los trabajos del foro “Discusión Estatal de Justicia para los Pueblos del Estado de México”, ante familiares de hombres y mujeres recluidos injustamente en las prisiones estatales, el legislador Max Correa expuso que el encuentro, organizado en coordinación con el colectivo “Haz valer mi Libertad” y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, contribuye a la revisión de las condiciones actuales para que logren su liberación, incluida la ley e instrumentos como la amnistía, el indulto y la preliberación.
En la Biblioteca Legislativa “Dr. José María Luis Mora”, ante representantes del Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y del Instituto de la Defensoría Pública, se pronunció por erradicar el populismo penal, el cual considera que elevar las penas de cárcel disminuye los delitos, pues es una razón por la que muchas personas inocentes han sido detenidas y procesadas injustamente, cuando es mejor atacar el origen del delito.
Ante la escritora Estefanía Licea, defensora de derechos humanos, Max Correa apuntó que, para lograr mayores amnistías y justicia es relevante la participación ciudadana; reconoció a quienes luchan por liberar a sus hijos e hijas y les ofreció su acompañamiento permanente, además de que consideró necesario continuar la colaboración con el Poder Judicial, ante la voluntad que ha demostrado el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En nombre del colectivo “Haz Valer mí Libertad”, Lady Plácido Arroyo reconoció al diputado por este acompañamiento y detalló el caso de su hermano injustamente acusado de secuestro y sentenciado a 70 años, por lo que demandó mayor firmeza en la aplicación de la ley para la liberación de las personas inocentes víctimas de un sistema judicial que castiga a pobres y marginados.
De la Defensoría Pública, Irma Leticia Cisneros Burgos, expuso que cuentan con poco más de 430 defensores, casi la mitad dedicados al ámbito penal; la escritora Estefanía Licea pidió preguntarse a qué justicia se aspira en la entidad; por la Codhem, el segundo visitador general, Juan Antonio Laredo, expuso las acciones de este organismo para combatir la tortura, emitir y dar seguimiento a sus recomendaciones, y Víctor Hugo Dávila Ortiz, juez de control, señaló que la ley ha dado resultados pero no siempre puede aplicar debido a que contiene supuestos precisos para otorgar la amnistía.
Del Centro Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara sintetizó como coincidencias la apertura a la sociedad civil para participar en la reforma la legislación aplicable a esta materia y promover la reconciliación social con una posible mesa de trabajo con la participación de la gobernadora; el fortalecimiento institucional y mayor presupuesto y refrendar la voluntad política e institucional para garantizar un verdadero acceso a la justicia a la población, especialmente a los grupos vulnerables.
