Toluca, México. – El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presentó en el recinto oficial del Poder Legislativo su informe sobre la situación del Estado de México en materia de derechos humanos 2023.
El informe destaca que la entidad mexiquense ocupa los primeros lugares en la violación sistemática a los derechos humanos de mujeres, infancias, comunidad LGBTTTIQ+, periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil en general, registrando altos niveles de violencia, que superan el promedio nacional.
Durante la administración, que está por finalizar, en este estado se han presentado: violaciones a los derechos humanos desde las instituciones gubernamentales, un bajo índice de acceso a la justicia, agresiones y represiones hacia las exigencias de justicia de la sociedad civil.
“Eso refleja la situación actual de la crisis sistemática de los derechos humanos que atraviesa la entidad y que siguen vigentes en el año actual 2023, periodo de nuevas oportunidades para visibilizar y nombrar estás problemáticas para que sean atendidas en las agendas políticas futuras”, señala el documento.
Cabe destacar que, entre los crímenes contra defensores de derechos humanos registrados en el territorio mexiquense, se encuentra el asesinato de Álvaro Arvizu, defensor del agua, y el feminicidio de Grisell Pérez Rivera, defensora y acompañante de mujeres víctimas de violencia.
Además, entre 2019 y 2020, fueron asesinados la compañera y compañero indígenas Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque y Benito Peralta Arías: nahua, líder de San Jerónimo Amanalco, Texcoco.
“¿Cómo está la situación de derechos humanos en el Estado de México? Es una situación alarmante. Tenemos un adeudo con personas defensoras de derechos humanos. Sus nombres no se nos deben de olvidar”, destacó la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite.
De acuerdo con el informe del Comité Cerezo “Defender los Derechos Humanos en México, entre la omisión y la simulación”, de junio de 2021 a mayo de 2022, a nivel nacional se han registrado 118 eventos violatorios, que han afectado a 48 personas defensoras; han ocurrido 307 detenciones arbitrarias, 28 ejecuciones extraoficiales y 19 desapariciones forzadas.
En el estado de México se ha criminalizado la protesta social y a los defensores de los derechos humanos, entre ellos: Kenia Hernández Montalván, quien fue sentenciada en esta entidad, e Irving García, activista detenido tras denunciar irregularidades de la policía de Toluca.
Fabiola Vite hizo un llamado al próximo gobierno a hacer las cosas diferentes, a que los nuevos servidores públicos sean personas sensibles y tengan conocimiento en derechos humanos, de género y no discriminación, pidió frenar la criminalización de la protesta y de la pobreza.
“Nos llevamos esperanza y expectativa. Claramente, tenemos altas expectativas de lo que viene, porque lo que fue, fue terrible”, expresó.
En su intervención, el diputado Max Correa Hernández llamó al gobernador Alfredo del Mazo Maza para que en sus últimos días de gestión abra el diálogo con los familiares de personas privadas de la libertad que integran el movimiento Haz Valer mi Libertad y considere aplicar la Ley del Indulto.
“El gobernador Alfredo del Mazo todavía podría estar a tiempo de hacer un acto de justicia aplicando la Ley del Indulto que está vigente en nuestro estado y aplicar un indulto necesario para algunas de las personas privadas de la libertad que se han estado manifestando”, dijo.
Asimismo, apeló a que el próximo gobierno que encabezará Delfina Gómez, abrace el Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia para las personas defensoras del medio ambiente.
Datos
Uno de los temas que aborda el informe, es la violencia en contra de la mujer, la cual ha tenido un aumento constante en las últimas décadas, sobre todo la violencia sexual, aunado a que el Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor número de feminicidios.
Contrario a enfocarse en atender y erradicar ese problema, autoridades de distintos niveles de gobierno han reprimido algunas protestas de mujeres y agredido a las manifestantes.
En el informe se destaca que a pesar de que se han destinado recursos en los municipios con Alerta de Género, la violencia contra las mujeres no disminuyó en la entidad, por el contrario, aumentó exponencialmente.
La entidad mexiquense acumuló 50 mil 783 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, en el periodo de enero a noviembre de 2022.
Por cada 100 mil mujeres, la entidad registró 558.7 llamadas por violencia en contra de la mujer.
El Estado de México es una de las entidades con mayor número de denuncias por desaparición, con 12 mil 300 a marzo de 2023, y tiene el mayor número de menores de edad desaparecidos, tres mil 664 casos a enero de 2022.
A esto se suma la violencia contra las infancias y la impunidad ante casos de abuso sexual y embarazo infantil.
Sobre los crímenes contra los periodistas destaca el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo, del diario Observatorio del Sur, el 24 de agosto del 2019, y el secuestro que sufrió la periodista Teresa Montaño Delgado, en agosto de 2021.
Sin embargo, los reporteros también son objeto de agresiones, por parte de la policía, al cubrir manifestaciones, nota roja, desalojos y de las autoridades, cuando se tocan temas que incomodan.
En el informe también se destaca que la entidad mexiquense es la segunda con mayor número de crímenes de odio hacia las mujeres trans, transfeminicidios, como se debería nombrar.
Además, la comunidad LGBTTTIQ+ integrada por personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, queer y más, sufre violaciones a los derechos humanos y discriminación institucional.
De acuerdo con el informe Análisis de protección de las personas LGBTTTIQ+ de la asociación civil Fuera del Clóset, de los 125 Bandos Municipales, 116 contemplan infracciones vinculadas a las “faltas a la moral y/o las buenas costumbres”.
Cabe mencionar que la entidad mexiquense cuenta con una amplia lista de recomendaciones, pronunciamientos y llamados de diversas instituciones como Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otras, las cuales han destacado y condenado el actuar de las autoridades mexiquenses en materia de derechos humanos.
Para desarrollar una vida digna, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero recomienda que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de México sean transparentes en el seguimiento de los casos mencionados en el informe y aquellos en que la sociedad civil demande justicia.
1.-El Poder Ejecutivo del Estado de México debe garantizar el acceso a la justicia y fortalecer las políticas públicas.
Incluir en su Plan de Desarrollo una perspectiva de derechos humanos, especialmente de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), sin dejar de lado la propuesta para la solución de las problemáticas que se abordan en el informe como son: violencia contra las mujeres, especialmente en temas de feminicidio, infancias, comunidad LGBTTTIQ+, desaparición de personas, personas defensoras y activistas, periodistas, pueblos indígenas, derechos humanos y particularmente para sostener una vida digna: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la movilidad, derecho a la alimentación, derechos laborales, derecho al agua y medio ambiente sano, pero sobre todo el derecho a defender derechos humanos.
2.-El Poder Judicial del Estado de México debe proporcionar el debido proceso judicial protegiendo los DESCA, sin restringir la justicia a ninguna persona, ya sea porque es una persona vulnerable, defensora o activista, es decir, sin la discrecionalidad política “que pudieran fomentar o propiciar el desarrollo de prácticas arbitrarias y discriminatorias” (CIDH, 2007) y sumamos la criminalización por su labor.
3.-El Poder Legislativo del Estado de México debe abrir espacios de debate público donde las organizaciones de la sociedad civil que protegen y exigen justicia por la defensa de los DESCA puedan participar en la elaboración de leyes, reformas, creación de políticas públicas, que tengan que ver con intervenciones en las diferentes formas de desarrollar la vida de cada colectividad.
