Toluca, Méx.- Con el objetivo de simplificar los procesos administrativos, así como el marco normativo y reglamentario en torno a la apertura y operación de unidades económicas, de manera que se elimine la discrecionalidad, el sector empresarial del Estado de México avanza en las mesas de trabajo con la LXI Legislatura local.
Los sectores de comercio y servicios del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), a través de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac), el Patronato Pro Centro Histórico y la Asociación de Estacionamientos, plantearon las necesidades principales en la legislación vigente a fin de que sean revisadas y modificadas en el Congreso Local.
Gilberto Sauza Martínez y Mauricio Massud Martínez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Concaem, junto con Verónica Valdéz, presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, los directores de Exportec, Parque Inn, Canacintra Estado de México, la Asociación de Estacionamientos del Valle de Toluca, Grupo Femsa, Súper Kompras y empresarios de la entidad se reunieron con las diputadas y diputados, Paola Jiménez Hernández, Braulio Álvarez Jasso, Gerardo Lamas Pombo y la representación de la legisladora Evelyn Osornio Jiménez, con quienes se acordó la elaboración de una propuesta de reforma en materia reglamentaria para estimular la actividad económica y la generación de empleos.
Sauza Martínez explicó que se trata de integrar una normativa clara, sin interpretaciones, que incentive la llegada de nuevos capitales, como resultado de las oportunidades de desarrollo, crecimiento y certeza jurídica que ofrece la entidad, y que permita seguir con la generación de empleos que el sector económico ha procurado siempre.
“Lo que quisiéramos es observar la forma en la que podamos llegar a un punto en la que la legislación sea más clara para los ayuntamientos y se evite con ello algún tipo complicación para concretar la actividad económica y evitar espacios de discrecionalidad en la aplicación de la norma que puedan producir corrupción”.
Mauricio Massud Martínez, vicepresidente ejecutivo de Concaem, precisó los puntos urgentes de atención en la materia:
1.- La abrogación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial y la homologación de los giros comerciales para que estén alineados con los establecidos en el Tratado de Libre Comercio que reconoce solo 365 giros.
2.-La formación de un Catálogo General de documentos requeridos para la apertura de nuevas unidades económicas, sin distinción entre un municipio y otro.
3.- Que la inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM) sea un requisito obligatorio para las unidades económicas, con el fin de ofrecer certeza con respecto a las unidades económicas que se están abriendo en el Estado de México y la seguridad de que esas inversiones son de procedencia legal.
Para ello, precisaron los representantes empresariales se plantea que solo sean las Cámaras de origen las facultadas a ejecutar y llevar ese registro, como lo establece la Ley desde el orden Federal.
4.- Que la Licencia de Protección Civil y Descarga de Aguas sea un documento permanente sin que deba renovarse año con año; esto por las escasas modificaciones que se presentan al respecto.
5.- El establecimiento de una reglamentación y esquemas claros para la medición en temas de descargas residuales y cobro de agua.
“Estamos a merced de la creatividad municipal que cada 3 años se actualiza y cada vez son más requisitos, más documentos y más trabas para poder tener nuestros documentos en orden y lo que está pasando es que no podemos cerrar y tapar el sol con el dedo”, expresó Massud Martínez.
A su vez, Verónica Valdéz, presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, expuso que recientemente se han hecho cierres totales del sistema de drenaje y de la dotación del sistema de agua, sin que haya claridad sobre las mediciones que realizan las autoridades municipales, lo que es un punto clave para la operación de cualquier negocio.
Los legisladores reconocieron la trascendencia del sector económico para la generación de riqueza y bienestar para la población, así como la necesidad de establecer reglas claras y uniformes que den certeza a las inversiones en proceso.
Por ello, se acordó la elaboración de una propuesta integral en materia de regulación que contribuya a la transparencia y la competitividad para el Estado de México, así como a generar mejores condiciones de bienestar para las y los mexiquenses.
